Península Magallanes: Javier de Urquiza defendió la gestión de Alicia Kirchner

La polémica por el proyecto turístico previsto en la Península de Magallanes sumó una nueva voz luego de que Javier de Urquiza, quien estuvo al frente del Consejo Agrario Provincial durante las gestiones de Néstor Kirchner y Alicia Kirchner, cuestionara el alcance del Decreto 915/26 firmado por el gobernador Claudio Vidal.

Sus declaraciones se produjeron después de que la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobara por unanimidad un pedido de informes para acceder al expediente y a los antecedentes administrativos, técnicos, jurídicos y ambientales vinculados con la medida.

El decreto exceptuó, por única vez y con carácter excepcional, la restricción establecida por el Decreto 994/17 para permitir la transferencia de un inmueble de Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate SAU, en el marco del denominado “Master Plan Ecocentro”. Desde el Gobierno provincial sostienen que se trata de un terreno de propiedad privada y que la operación no implica una venta de tierras fiscales.

En diálogo con LU12 AM680, De Urquiza sostuvo que el actual debate debe analizarse a partir de los antecedentes que dieron origen al plan de manejo de la Península de Magallanes.

“Es cierto que en nuestra gestión hicimos un plan de manejo. Ese plan no es consecuencia de cualquier circunstancia”, explicó.

Según recordó, durante años los propietarios de lotes ubicados dentro de la reserva reclamaron ante el Estado provincial la posibilidad de desarrollar emprendimientos en el área protegida.

De Urquiza señaló que el planteo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que, a partir de una resolución de 2021, la Provincia avanzó en la elaboración de un plan de manejo.

“Se ordenó hacer un plan de manejo en el término de 90 días y darle una solución al tema”, sostuvo.

El exfuncionario explicó que para su elaboración se realizaron reuniones con especialistas y profesionales que habían participado en planes de manejo de otras áreas del país. Finalmente, el instrumento fue puesto en vigencia mediante un decreto y estableció un período de aplicación de cuatro años, con posibilidad de renovación.

La diferencia entre desarrollar y vender

Uno de los principales cuestionamientos de De Urquiza apunta a la diferencia entre habilitar un proyecto dentro del área protegida y autorizar la transferencia del inmueble.

“El problema es que me da la impresión de que se quieren usar esos elementos para justificar algo que no está permitido en ningún lado, que es la venta de terrenos dentro de la Península de Magallanes”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la legislación vigente establece un mecanismo específico para los propietarios que pretendan desprenderse de sus lotes.

“La norma dice claramente que si algún propietario de lotes en Península de Magallanes quiere vender el mismo, se lo tiene que ofrecer en venta a la Provincia”, aseguró.

El planteo se contrapone con la interpretación expuesta por el Gobierno provincial, que sostiene que el inmueble involucrado es de propiedad privada desde la década de 1960 y que la Provincia intervino por tratarse de una superficie alcanzada por un régimen especial de protección.

El antecedente de Lacustre del Sud

De Urquiza también recordó que durante el final de su gestión la empresa Lacustre del Sud había presentado un proyecto para desarrollar actividades en el área.

“En el final de nuestra gestión, la empresa Lacustre del Sud nos hizo una presentación de un proyecto dentro del marco del plan de gestión”, explicó.

Según detalló, la propuesta recibió observaciones y correcciones, pero no llegó a ser aprobada durante su administración.

Actualmente, el proyecto se encuentra vinculado al denominado “Master Plan Ecocentro”. De acuerdo con la información oficial difundida sobre el expediente, la iniciativa cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental y deberá ajustarse a las normas ambientales, territoriales y de conservación, además de las restricciones y medidas que establezcan los organismos competentes.

“Está fuera de norma jurídica”

Al referirse específicamente al Decreto 915/26, De Urquiza fue categórico respecto de su interpretación jurídica.

“Está totalmente fuera de norma jurídica el autorizar una venta, por más que como dice el Decreto 915 sea por razones extraordinarias y por esta única vez. Eso no existe jurídicamente: o se autoriza o no se autoriza”, sostuvo.

También advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, podría generar la excepción para otros propietarios de la Península de Magallanes.

“Creo que es muy difícil, si esto se llega a concretar, evitar una catarata de demandas de venta del resto de los propietarios de esos lotes”, afirmó.

La discusión sobre el alcance de la excepción quedó ahora en manos de la Legislatura, que solicitó al Ejecutivo el expediente completo y la documentación que respaldó la decisión. El Gobierno debe aportar los antecedentes para que los diputados puedan analizar el procedimiento administrativo que derivó en el decreto.

Críticas a la gestión de Claudio Vidal

De Urquiza también rechazó que las decisiones adoptadas durante la actual gestión sean atribuidas a administraciones anteriores.

“Lo que estamos viendo de esta gestión es que a los errores que cometen quieren echarle la culpa al gobierno anterior”, manifestó.

En ese marco, defendió las decisiones tomadas durante los gobiernos en los que estuvo al frente del Consejo Agrario y sostuvo que cada administración debe asumir la responsabilidad por sus propios actos.

“Nosotros como funcionarios del gobierno anterior nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades, pero tampoco es aceptable que todo lo que hagan mal le echen la culpa al gobierno anterior”, afirmó.

De Urquiza dispuesto a ir a Diputados

Finalmente, el ex titular del Consejo Agrario Provincial confirmó que está dispuesto a brindar explicaciones ante la Cámara de Diputados si los legisladores lo convocan.

“Si los diputados me convocan, por supuesto que sí”, aseguró.

La Legislatura ya avanzó con el pedido de informes y el Consejo Agrario Provincial, a cargo de Hugo Garay, confirmó que pondrá a disposición de los diputados el expediente y la documentación vinculada con el proyecto.

“Los santacruceños tenemos que ser claros. Los errores que puede cometer un gobierno hay que tratar de corregirlos y no seguir caminando sobre ese mismo error”, concluyó De Urquiza.