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El Poder Legislativo de la provincia de recibió un proyecto llamado “Ajuste a la política de Santa Cruz”, que impulsa un amplio esquema de austeridad y racionalización del gasto público, con el objetivo de priorizar recursos en políticas esenciales y atender necesidades de la población.
Firmado por del diputado Carlos Alberto Godoy, el proyecto se enmarca en un contexto de búsqueda de equilibrio fiscal y reorganización del gasto público en la provincia.
Se establece una serie de medidas excepcionales que alcanzan a funcionarios de los Poderes ejecutivo y legislativo, así como entes descentralizados y empresas con participación estatal mayoritaria.
El Diputado en sus propias redes sociales estableció que “mientras miles de familias hacen esfuerzos todos los días, la política también debe dar el ejemplo”. “No es ajuste a la gente. Es ajuste a la política”, aclaró.
El Proyecto de ley
El artículo 2 define el alcance: la ley se aplicará a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo, entes descentralizados y empresas con participación estatal. Es decir, abarca a toda la estructura política y administrativa que maneje fondos públicos.
Recortes de sueldos
A partir del artículo 3 se dispone uno de los aspectos más importantes. La reducción del 30% de la remuneración total, permanente y transitoria de los funcionarios. Además, se especifica que esta medida no alcanzará a otros trabajadores del Estado ni podrá utilizarse como referencia para modificar otros salarios.
A su vez, el artículo 4 prohíbe explícitamente la creación de mecanismos que compensen esta reducción para evitar que el recorte sea neutralizado por otros ingresos.
El texto aclara que esta reducción no podrá ser utilizada como base de cálculo para modificar remuneraciones de terceros, incluso en casos donde existan vínculos mediante índices o mecanismos similares. Asimismo, se establece que la medida no será aplicable a otros agentes o personal del Estado Provincial fuera de los alcanzados explícitamente.
Suspensión de la publicidad oficial y gastos en comunicación
Otro de los ejes principales es la suspensión de los gastos en publicidad y comunicación oficial. La medida incluye la publicidad oficial, la contratación de espacios en medios de comunicación, las pautas publicitarias, los servicios de comunicación institucional, la administración de redes sociales oficiales y la contratación de periodistas, comunicadores o consultoras externas.
En contrapartida, se priorizará el uso de medios oficiales para difundir campañas vinculadas a salud pública, educación, seguridad, emergencias e información institucional obligatoria.
Restricciones en el uso de recursos del Estado
El proyecto dispone además la limitación del uso de vehículos oficiales y la suspensión de viáticos y gastos de representación.
No obstante, quedan exceptuados los vehículos destinados a seguridad, salud y emergencias. Así como también los equipos y maquinarias de Vialidad Provincial, los recursos necesarios para operativos durante la temporada invernal y los vehículos afectados a servicios esenciales.
También se prevé la creación de un Registro Público de Uso de Recursos del Estado, de acceso libre y digital, donde se deberán consignar periódicamente los gastos.
Eliminación de sociedades estatales y reorganización de los fondos
En otro punto relevante, la iniciativa propone derogar normativas vigentes que habiliten la creación o funcionamiento de Sociedades Anónimas Unipersonales (SAU) con participación estatal provincial, al considerarlas una forma de organización que debilita la transparencia y el control.
En ese marco, el Poder Ejecutivo deberá implementar los mecanismos administrativos y legales necesarios para su liquidación o reorganización.
Los recursos ahorrados mediante estas medidas serán destinados a la creación de un fondo de redistribución social. Según el proyecto, estos fondos estarán dirigidos a las paritarias centrales, buscando fortalecer los ingresos en sectores prioritarios.
Autoridad de aplicación y control
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía de la provincia o el organismo que lo reemplace en el futuro. Además, se establece la obligatoriedad de informar trimestralmente al Poder Legislativo sobre la implementación de la ley.
Invitación a municipios
Por último, el proyecto también invita a los municipios y comisiones de fomento de Santa Cruz a adherir a la normativa, adoptando medidas similares de austeridad en sus respectivas jurisdicciones.
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