“Las decisiones de la UTE son las del contratista de la obra, no actos ni pensamientos individuales de las empresas socias”, aclaró a través de un comunicado la Unión Transitoria de Empresas de las represas sobre le río Santa Cruz, integrada por China Gezhouba Group y Eling Energía.

La explicación surge en un contexto de incertidumbre tras el cambio de gobierno y la falta de fondos que tuvieron como consecuencia los recientes despidos de más de 2000 trabajadores que se desempeñaban en las obras de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cépernic. “Desde Noviembre del 2023 se pausaron las actividades principales de obra por la falta de fondos destinados a la construcción de las obras”, recordó la UTE.

Asimismo, -en el texto al que tuvo acceso La Opinión Austral– señaló que “la contratista tiene por objeto la gestión integral del proyecto para su ejecución y terminación, para su entrega al Comitente Energía Argentina (ENARSA)” y subrayó que la Unión Transitoria de Empresas “está representada por directivos chinos y argentinos que comunican y gestionan en forma unificada con Gremios, Provincia, Nación y Comitente, ahora y desde el inicio de la obra el 100% de sus acciones”.

Por último, confirmaron que “continuamos abocados junto a ENARSA a establecer las soluciones adecuadas para poder continuar con las obras, recuperar los puestos de trabajo, avanzar con los hitos del proyecto y poner en marcha la generación de energía limpia y renovable para millones de argentinos y para el desarrollo del país”.

Tareas mínimas en las represas

Tal como viene publicando La Opinión Austral, a mediados de marzo, la UTE Represas Patagonia había anunciado que prescindirían de parte del personal de la obra debido a falta de fondos para continuar el proyecto. Como consecuencia, el gobierno provincial de Claudio Vidal dictó la conciliación obligatoria y convocó a una audiencia entre la UTE y el ministerio de Trabajo de Santa Cruz. Sin embargo, Represas Patagonia emitió un comunicado indicando las razones por las que no podía acatar tal medida. “La suspensión de las actividades en las obras no fue, ni es, intención de las empresas, sino consecuencia de un contexto que las excede”, habían señalado.

En ese texto, advertían también que, desde principios de febrero de este año, se había iniciado ante la Secretaría de Trabajo de la Nación un procedimiento preventivo de crisis “que se desarrolló y concluyó con la participación de Energía Argentina (ENARSA), Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA).

Por tanto, habían informado que “no es posible continuar afrontando erogaciones de salarios de personal, que excedan lo correspondiente a estas tareas básicas, sin actividad certificable ni fondos disponibles por el comitente para afrontar su pago”. Eso se tradujo en 1800 primeros despidos de trabajadores jornales que se encontraban nucleados en la UOCRA, a los que luego se sumaron otras 400 desvinculaciones de trabajadores mensuales, que pertenecen al gremio UECARA.

Actualmente y tal como lo habían anticipado desde la UTE, en ambas obras de las represas sobre el río Santa Cruz el lugar sólo se realizan tareas básicas para garantizar su mantenimiento, como así labores de seguridad en el mismo sentido.

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