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La llegada del buque petrolero VS Promise, de bandera británica, al puerto de Ushuaia reavivó la disputa política entre el Gobierno de Tierra del Fuego y la administración de Javier Milei. La Provincia calificó de “inadmisible” la presencia de la embarcación, mientras que desde la Casa Rosada aseguraron que su operación no viola ninguna ley.
El buque, una mole de acero de 228,6 metros de eslora, 32,57 metros de manga y una capacidad de porte bruto que ronda las 70.000 a 73.600 toneladas (DWT), ostenta en su popa y en los registros internacionales de navegación la bandera del Reino Unido (Registro de la Isla de Man / United Kingdom).
La escala en la capital fueguina no constituyó un arribo aislado de navegación internacional de paso: según el seguimiento satelital mediante los sistemas AIS y registros portuarios, el buque tanque permaneció operando hasta el pasado 13 de agosto en la monoboya de Río Cullen, en la costa atlántica norte de la Isla Grande, la terminal desde donde el consorcio petrolero encabezado por Total Austral (TotalEnergies) bombea y exporta el crudo extraído costa afuera en la Cuenca Marina Austral.
El conflicto se produce además en un contexto de fuerte tensión por la intervención del puerto de Ushuaia, propiedad de Tierra del Fuego y bajo administración nacional desde enero, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
El gobierno de Gustavo Melella cuestionó que un barco de bandera británica haya podido amarrar en la capital fueguina mientras el Reino Unido mantiene la ocupación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, territorios que la Argentina reclama como propios.
“Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la provincia”, sostuvo la Gobernación.
En ese marco, la Provincia reclamó al presidente Javier Milei que informe “de manera inmediata y pública” cuáles fueron los criterios políticos, estratégicos y administrativos utilizados para autorizar el amarre del buque.
Gobierno nacional: “No viola ninguna ley”
La Casa Rosada rechazó las acusaciones y defendió la legalidad de la operación. Durante la conferencia de prensa habitual de los martes, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que el VS Promise no infringió la normativa vigente.
Según explicó, la denominada Ley Gaucho Rivero establece restricciones para buques vinculados con actividades en la cuenca de Malvinas. Sin embargo, afirmó que esa legislación no resulta aplicable en este caso porque el barco había cargado crudo en la zona de Puerto Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y luego llegó a Ushuaia para abastecerse.
“El accionar del buque VS PROMISE no viola ninguna ley”, afirmó Ravier, quien agregó que la embarcación “venía de trabajar en la Argentina” y que su paso por Ushuaia también genera actividad económica para la provincia.
El Gobierno nacional sostuvo además que fueron las autoridades provinciales las que permitieron el ingreso del buque al territorio fueguino, mientras que la administración nacional autorizó su aprovisionamiento en el puerto intervenido.
Desde Tierra del Fuego rechazaron esa explicación y señalaron que la discusión no puede reducirse a una cuestión comercial. Para el Ejecutivo fueguino, la intervención nacional del puerto fue justificada precisamente bajo argumentos vinculados con la soberanía y la seguridad estratégica.
“Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio”, cuestionó la Provincia.
La Ley Gaucho Rivero y el reclamo por Malvinas
La Ley Gaucho Rivero, vigente desde 2011, establece restricciones para la permanencia, amarre y abastecimiento de embarcaciones vinculadas con el Reino Unido en puertos de provincias con costas sobre el Mar Argentino y el Atlántico Sur.
La normativa forma parte del conjunto de medidas adoptadas por distintas jurisdicciones argentinas en respaldo del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. La interpretación sobre su alcance es ahora uno de los puntos centrales de la disputa entre Tierra del Fuego y la Nación.
Desde la Provincia remarcaron que Ushuaia tiene un valor estratégico que excede la actividad portuaria, debido a su ubicación sobre el Atlántico Sur y su condición de puerta de entrada a la Antártida.
La polémica también generó malestar entre los trabajadores del puerto. Franco Castillo, director Administrativo Contable del organismo, afirmó que los empleados no reciben información sobre las decisiones adoptadas desde la intervención nacional y sostuvo que la Provincia tampoco fue notificada sobre la llegada del petrolero.
Según relató, los trabajadores observaron la presencia del buque al llegar al edificio donde actualmente desarrollan sus tareas, ya que no pueden ingresar normalmente al puerto. Castillo indicó que el VS Promise habría llegado desde Estados Unidos, pasado por Cullen —donde opera una monoboya vinculada con la empresa Total— y posteriormente arribado a Ushuaia para abastecerse de agua y víveres.
La situación también puso nuevamente bajo la lupa el futuro de los trabajadores portuarios. Desde la administración fueguina advierten que 82 empleados fueron reasignados tras la intervención y que una eventual prolongación de la medida podría afectar los ingresos del puerto y, consecuentemente, el pago de salarios.
En paralelo, el gobierno de Melella anticipó que evalúa instar a los operadores de hidrocarburos a evitar la contratación de empresas británicas, en una señal dirigida también hacia las compañías que intervienen en la explotación y transporte de recursos de la provincia.
El diputado de Unión por la Patria Jorge Taiana también cuestionó al Gobierno nacional y vinculó el episodio con un supuesto proceso de “desmalvinización”. Para el legislador, las decisiones oficiales contribuyen a naturalizar la presencia británica en el Atlántico Sur.
Así, el amarre del VS Promise en Ushuaia volvió a colocar en el centro de la agenda la cuestión Malvinas y, al mismo tiempo, profundizó la disputa institucional entre Tierra del Fuego y la Casa Rosada por la intervención del puerto provincial.
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