La concesionaria del servicio de colectivos urbanos de Río Gallegos anunció este sábado por la tarde que el gremio de la UTA dictó un nuevo paro de manera sorpresiva a partir de las 17 horas de este sábado 8 de julio y hasta nuevo aviso.

Según fuentes empresariales la medida fue dispuesta a nivel nacional con todas las empresas que no cumplieron con el acuerdo salarial firmado a nivel nacional. Al momento solo en Río Gallegos afectaría el servicio.

El cierre de la semana tuvo el servicio del transporte urbano de pasajeros, interrumpido en gran parte de Argentina, y Río Gallegos no fue al excepción al reclamo nacional que llevó adelante el sector, motorizado por el empresariado y trabajadores.

Desde la empresa prestataria de la ciudad capital de Santa Cruz, Ariel Ledesma -apoderado de CityBus– había confirmado a La Opinión Austral que en esta jornada de sábado la prestación será normal, pero advirtió que cuentan con inconvenientes financieros para abonar los incrementos salariales que fueron acordados oportunamente en la paritaria nacional entre FATAP y la Unión Tranviario Automotor.

“El grave problema que enfrentamos es el retraso en el pago de los subsidios que registra el Gobierno nacional y provincial, la Municipalidad de Río Gallegos está al día”, confirmó en recientes declaraciones. En esta línea, dio cuenta que el Ministerio de Transporte de la Nación abonó el Fondo Compensador hasta “octubre de 2022”, mientras que Provincia está próximo a liquidar el periodo correspondiente a mayo.

“Los retrasos implican deuda por encima de los cien millones de pesos”, aseguró Ledesma a LOA y repitió que desde la cámara empresaria buscan debatir el régimen de distribución de los recursos para “que sean equitativos”.

Nación

En un escenario de grandes tensiones y declaraciones cruzadas, Sergio Massa -ministro de Economía y precandidato a presidente de la Nación- se reunió con sus pares de Transporte (Diego Giuliano) y de Trabajo (“Kelly” Olmos), además del secretario general de la UTA, Roberto Fernández, para destrabar el conflicto.

“El Gobierno nacional hace un esfuerzo enorme para sostener el servicio de transporte público de pasajeros”, que estimó en 500.000 millones de pesos este año, y lamentó la ausencia del Gobierno porteño en la mesa de negociaciones.

“Es un día muy triste, en el que fueron afectados cuatro millones de usuarios o 10 millones de viajes, y por una discusión de una parte del subsidio que no tiene que ver con los salarios de los trabajadores”, remarcó.

Según el ministro, se trató de “una situación no habitual, estamos acostumbrados al diálogo y al consenso, tratar de resolver los problemas de la gente en acuerdo, no desde la extorsión, eso no lo podemos permitir”.

“Cuando administramos recursos públicos, como la transferencia de subsidios a empresas, todos tenemos que ser responsables frente a la sociedad y la retención de dinero del Estado que es de los trabajadores puede constituir un delito”, advirtió el también precandidato presidencial del oficialismo. Reiteró: “No nos gusta que las discusiones se den en un marco de extorsión, se tienen que dar en un marco de diálogo”.

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“Queremos empresas fuertes, servicios públicos que la gente pueda pagar, trabajadores con buenos salarios y que todo sea fruto del consenso y el diálogo, no de la extorsión, la presión, sí de una discusión sana y sincera”, resaltó.

“Nunca más la gente de rehén por un conflicto de plata; tenemos que trabajar juntos, empresarios, trabajadores y el Estado, para que lo que está mal lo vayamos corrigiendo”, concluyó.

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