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El conflicto institucional por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz marcó la agenda política y judicial de la provincia entre 2025 y 2026. La disputa comenzó con la sanción de una ley que modificó la integración del máximo tribunal provincial y derivó en una intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que finalmente validó la reforma.
La discusión se centró en la Ley Provincial N.º 3949, que elevó de cinco a nueve la cantidad de vocales del TSJ. El gobierno de Claudio Vidal defendió la iniciativa como parte de una reforma institucional, mientras que integrantes del Poder Judicial y sectores de la oposición cuestionaron la constitucionalidad de la norma.
El Caso Sosa
El debate sobre el funcionamiento del Poder Judicial provincial tenía antecedentes de larga data. Uno de los casos más mencionados durante el conflicto fue el del exprocurador general Eduardo Sosa.
En 1995, el cargo que ocupaba Sosa fue eliminado mediante una reforma que dividió sus funciones.
Durante casi tres décadas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió distintos fallos que ordenaron su restitución o la asignación de un cargo equivalente. Sin embargo, esas resoluciones no se aplicaron en Santa Cruz.
Con el cambio de gobierno provincial en 2023, la gestión de Claudio Vidal retomó el caso como uno de los fundamentos políticos e institucionales para impulsar cambios en la Justicia provincial. A finales del 2025 el tema quedó en stand by por el conflicto por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia.
¿Volverá a retomarse? En caso que así sea, sería nombrado como Jefe del Ministerio Público Fiscal, luego que la Cámara de Diputados preste acuerdo.
La presentación de la Ley 3949
En agosto de 2025, la diputada oficialista Adriana Nieto (Por Santa Cruz) presentó el proyecto para modificar el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Justicia.
Según adelantó en ese momento de manera exclusiva La Opinión Austral, la propuesta incluyó la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve miembros y la creación de salas específicas para abordar causas civiles, comerciales, laborales y penales.
Desde el oficialismo sostuvieron que la reforma permitiría agilizar expedientes y sumar nuevas voces al máximo tribunal provincial.
La diputada Adriana Nieto afirmaba por entonces -en declaraciones a La Opinión Austral– que la iniciativa buscaba “retomar la institucionalidad en la provincia”, mientras que el entonces ministro de Gobierno, Pedro Luxen, señalaba que la sociedad reclamaba cambios en el sistema judicial.
El debate legislativo
El 28 de agosto de 2025, la Cámara de Diputados de Santa Cruz trató el proyecto durante la décima sesión ordinaria del año.
El oficialismo consiguió aprobar la ley con 13 votos positivos, 9 negativos y 2 abstenciones.
Durante el debate, el jefe del bloque Por Santa Cruz, Santiago Aberastain, defendió la reforma y sostuvo que se trataba de una medida vinculada a la reorganización institucional de la provincia.
En cambio, legisladores de Unión por la Patria rechazaron el proyecto y plantearon objeciones vinculadas al costo económico de crear nuevas vocalías, la ausencia de estudios técnicos previos y la posibilidad de que el Ejecutivo buscara aumentar su influencia sobre el tribunal.
Tras la sanción, el gobierno provincial promulgó la Ley 3949 y avanzó con el proceso de designación de nuevos jueces.
Los nuevos vocales
El 25 de septiembre de 2025, el gobernador Claudio Vidal firmó los decretos 858 y 859 para designar a José Antonio González Nora y Sergio Acevedo como nuevos integrantes del TSJ.
Un día después, ambos prestaron juramento.
Posteriormente, el Ejecutivo también designó a Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón de la Vega, quienes quedaron incorporados dentro del esquema previsto por la nueva ley.
La inclusión de Sergio Acevedo, exgobernador de Santa Cruz, por entonces reciente diputado nacional, fue uno de los puntos políticos destacados y hasta cuestionados por la oposición de la reforma judicial.
La reacción del TSJ
La ampliación del Tribunal Superior de Justicia derivó rápidamente en una disputa judicial.
La Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz “3 de Julio” presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley. El planteo llegó al propio TSJ provincial.
En noviembre de 2025, el tribunal dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de la Ley 3949 durante cuatro meses.
Además, el fallo ordenó que Sergio Acevedo y José Antonio González Nora se abstuvieran de intervenir en causas y prohibió la toma de juramento de los otros dos designados.
Los vocales Fernando Basanta, María de los Ángeles Mercau, Reneé Fernández y Paula Ludueña argumentaron que la norma afectaba la independencia judicial y consideraron que la reforma resultaba irrazonable.
El fallo de inconstitucionalidad
El 18 de diciembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz declaró la inconstitucionalidad de la Ley 3949.
En la resolución, el tribunal sostuvo que la ampliación no presentaba fundamentos suficientes y cuestionó la ausencia de previsión presupuestaria para cubrir los nuevos cargos.
También planteó reparos sobre el mecanismo de designación de vocales impulsado desde el Poder Ejecutivo y aprobado por la Legislatura.
La decisión profundizó el enfrentamiento entre el gobierno provincial y el máximo tribunal santacruceño.
Tras el fallo, Claudio Vidal afirmó públicamente que el Poder Judicial se había convertido en un obstáculo para las reformas impulsadas por su gestión.
La intervención de la Corte
Luego de la declaración de inconstitucionalidad, la Fiscalía de Estado y la presidencia de la Cámara de Diputados presentaron recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo propio hicieron los abogados Sergio Acevedo y Antonio González Nora.
En abril de 2026, el máximo tribunal comenzó a solicitar el expediente completo a la Justicia santacruceña.
El 6 de mayo de 2026, la Corte intimó al TSJ provincial para que enviara la documentación requerida en un plazo de 48 horas.
En ese contexto, unos días después, el gobernador Claudio Vidal viajó a Buenos Aires y mantuvo una reunión con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.
Qué resolvió la Corte
Este jueves 14 de mayo de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia del TSJ de Santa Cruz y declaró válida la Ley 3949.
El fallo llevó las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La Corte sostuvo que el gremio judicial no tenía legitimación para cuestionar la norma porque no acreditó una afectación directa sobre derechos laborales de sus afiliados.
Además, consideró que el fallo del TSJ provincial presentaba fundamentos “dogmáticos” y no demostraba de manera concreta la supuesta irrazonabilidad de la reforma.
La resolución también habilitó la incorporación inmediata de Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón de la Vega como integrantes del máximo tribunal provincial.
Cómo quedó el Tribunal
Después del fallo de la Corte Suprema, el vocal Daniel Mariani firmó la instrucción administrativa para formalizar la incorporación de los cuatro nuevos vocales.
Con esa decisión, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz pasó a funcionar con nueve integrantes por primera vez en la historia provincial. Los vocales ahora son Daniel Mariani, Fernando Basanta, María de los Ángeles Mercau, Reneé Fernández, Paula Ludueña, Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón de la Vega.
El conflicto institucional cerró así una etapa de confrontación entre el Poder Ejecutivo y el máximo tribunal provincial en torno a la reforma judicial impulsada por el gobierno santacruceño.
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