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La imagen de los nueve vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz reunidos por primera vez marca un momento institucional para la Justicia provincial. La fotografía se tomó este martes, en el marco de la deliberación por la causa del empresario Roberto Neil, cuya condena por el crimen de Franco Cuevas llegó a la instancia de casación.
La audiencia se desarrolló durante más de dos horas y media y tuvo como resultado la absolución de Neil y la orden de su inmediata libertad, según adelantó La Opinión Austral. Los fundamentos completos del fallo se conocerán el próximo 17 de noviembre.
La reunión de los nueve integrantes del máximo tribunal también permite dimensionar el alcance de la reforma que modificó su composición y que, durante varios meses, abrió una disputa judicial y política en Santa Cruz.
De cinco a nueve vocales
La ampliación del TSJ comenzó a tomar forma en agosto de 2025, cuando la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó la Ley Provincial 3949, impulsada por el oficialismo de Por Santa Cruz. La norma elevó de cinco a nueve la cantidad de integrantes del máximo tribunal.
El proyecto obtuvo 13 votos afirmativos, dos abstenciones y nueve votos negativos. La reforma estableció que los nuevos vocales serían designados por la Legislatura a partir de ternas remitidas por el Poder Ejecutivo.
El gobernador Claudio Vidal impulsó la incorporación de cuatro magistrados: Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón de la Vega.
Acevedo y González Nora prestaron juramento el 26 de septiembre de 2025, mientras que Contreras Agüero y De la Vega lo hicieron el 8 de octubre. Sin embargo, sus incorporaciones quedaron atravesadas por una controversia judicial que impidió, durante meses, que el tribunal funcionara con su nueva integración.
El fallo que frenó la ampliación
La reforma fue cuestionada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz, que presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley.
El 18 de diciembre de 2025, cuatro vocales del TSJ –Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta– declararon inconstitucional la Ley 3949. Entre los argumentos expuestos se encontraban la falta de fundamentos suficientes para justificar la ampliación, la ausencia de previsión presupuestaria para los nuevos cargos y cuestionamientos al mecanismo de designación.
La resolución dejó sin efecto las designaciones vinculadas con la reforma y profundizó el enfrentamiento institucional. La disputa ya no se limitaba a la cantidad de integrantes del tribunal: también involucraba las atribuciones de los poderes del Estado y la validez del procedimiento utilizado para incorporar a los nuevos jueces.
La Corte Suprema destrabó el conflicto
El punto de inflexión llegó el 14 de mayo de 2026, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación validó la Ley 3949 y dejó sin efecto la sentencia del TSJ provincial que había declarado su inconstitucionalidad.
El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostuvo que la asociación gremial no había acreditado una afectación directa de los derechos laborales de sus afiliados que le otorgara legitimación para cuestionar la norma. También consideró que la decisión del tribunal santacruceño contenía fundamentos dogmáticos y no demostraba concretamente la irrazonabilidad de la reforma.
La resolución nacional habilitó la incorporación inmediata de los cuatro vocales. Al día siguiente, el TSJ informó que cumpliría con lo dispuesto por la Corte y el presidente del cuerpo, Daniel Mariani, avanzó con las altas administrativas correspondientes.
De ese modo, el máximo tribunal quedó integrado por sus nueve miembros: Daniel Mariani, Fernando Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández, Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón de la Vega.
Una imagen que refleja una nueva etapa
La primera fotografía de los nueve vocales reunidos, en el marco de una causa de alta repercusión pública, representa una nueva instancia en el funcionamiento del máximo órgano judicial de Santa Cruz.
La ampliación que había sido aprobada por la Legislatura, cuestionada dentro del propio Poder Judicial y finalmente validada por la Corte Suprema encontró así su expresión concreta en una deliberación conjunta.
La imagen de los nueve integrantes juntos reúne, de esta manera, dos acontecimientos de relevancia judicial: la intervención del tribunal en una de las causas penales más resonantes de la capital santacruceña y la consolidación de la integración ampliada, luego de una disputa que se extendió desde 2025 hasta el fallo de la Corte Suprema de mayo de 2026.
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