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El conflicto por la conducción del Centro Chileno de Río Gallegos volvió a quedar expuesto este lunes, luego de que un grupo de personas intentara ingresar al edificio a partir de una disposición de la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas de Santa Cruz. Desde la actual conducción cuestionaron la medida y señalaron que existe una cautelar judicial vigente que impide innovar en materia de autoridades.
En diálogo con La Opinión Austral, el presidente del Centro Chileno, Pedro Díaz, sostuvo que la situación se produjo en un contexto de judicialización que lleva aproximadamente dos años. Según explicó, lograron contener el intento de ingreso mientras él regresaba a la ciudad y el vicepresidente, Raúl Burgos, se hizo cargo de la situación junto con la asesora letrada de la institución, la doctora Andrea Camporro.
“Hubo una medida que sacó una disposición de Personas Jurídicas a contramano de la medida de no innovar, que está dictada por la Cámara de Apelaciones hace dos años”, afirmó Díaz.
El dirigente indicó que, ante el intento de ingreso al edificio, las autoridades de la institución informaron a la escribana actuante sobre la existencia de la medida judicial. En ese sentido, consideró que la disposición administrativa no podía aplicarse mientras continuara vigente la cautelar.
El planteo de la defensa legal
Por su parte, la abogada Andrea Camporro confirmó a este medio que se acordó un plazo de 72 horas para intentar alcanzar una resolución y manifestó su expectativa de que el conflicto pueda encauzarse mediante el diálogo.
“Lamentablemente, esta es la segunda vez que ocurre, en circunstancias lamentables. Hay una institución que está judicializada desde la renovación de autoridades”, expresó.
La letrada cuestionó el procedimiento y consideró que se intentó avanzar sobre la conducción de la entidad sin que mediara una notificación formal. “Nos agarró de sorpresa porque no contamos ni tuvimos ninguna notificación judicial, ni fehaciente ni formal”, señaló.
En esa línea, sostuvo que la situación se desarrolló con presencia policial y a partir de una actuación administrativa. “Me parece que hay otros medios y otras formas, al menos haber corroborado que se haya notificado formalmente a la institución de alguna medida que se haya tomado”, agregó.
Camporro remarcó que la controversia no responde, según su interpretación, a una negativa de las autoridades del Centro Chileno a cumplir las disposiciones oficiales, sino a la existencia de una causa judicial en trámite.
“No es que el Centro Chileno no acate las órdenes, como por ahí me estaban mencionando de la entidad de Personas Jurídicas. Simplemente hay una situación judicializada que ya viene con data de dos años”, explicó.
Además, indicó que la causa se encuentra actualmente en la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción y mencionó que el 18 de agosto se presentó Personas Jurídicas, con la representación de su nueva directora. Sin embargo, consideró que esa intervención no habilita a desconocer la situación judicial vigente.
La abogada también cuestionó lo que interpretó como un intento de tomar la institución por la fuerza y sostuvo que la medida cautelar alcanza a las autoridades que actualmente están al frente del Centro Chileno: Pedro Díaz, como presidente, y Raúl Burgos, como vicepresidente.
Un conflicto de vieja data
La disputa tiene antecedentes en 2022, cuando se realizó la asamblea para elegir a la comisión directiva. La reunión tuvo lugar el 22 de diciembre de ese año y contó con la participación de 131 de los 243 socios incorporados durante una convocatoria pública que se llevó adelante luego de la depuración del padrón dispuesta por Díaz, quien entonces se desempeñaba como normalizador de la institución.
En 2024, las autoridades del Centro Chileno recibieron una resolución de la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas de Santa Cruz, a partir de una presentación realizada por un grupo de personas que cuestionaba la validez de aquella asamblea.
En ese momento, Díaz sostuvo que 23 personas que, según afirmó, no tenían la condición de socios presentaron una nota en la que impugnaban la elección de la comisión directiva y denunciaban supuestas irregularidades en el proceso.
“La presentó un grupo de personas, una de ellas está denunciada por la asociación en el Juzgado Penal N° 1 por fraude y vaciamiento de la institución”, había señalado entonces el presidente.
La controversia por la legitimidad de las autoridades derivó en una disputa administrativa y judicial que continúa hasta la actualidad.
La intervención policial y el acuerdo
Durante el episodio de este lunes intervino personal de la División Comisaría Segunda de Río Gallegos. Su jefe, el comisario inspector Miguel Ángel Guzmán, confirmó a La Opinión Austral que finalmente se alcanzó un entendimiento para evitar que la situación escalara.
“Por suerte, han llegado a un acuerdo, han manifestado que se labrará un acta ante escribanos y nosotros requerimos que se despeje la zona y que esto no pase a mayores”, indicó.
El compromiso de avanzar en un acta notarial y el plazo de 72 horas abren una instancia para intentar destrabar el conflicto. Mientras tanto, desde la conducción del Centro Chileno insisten en que la situación debe resolverse teniendo en cuenta la medida cautelar y el expediente que continúa bajo análisis judicial.
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