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La Caja de Previsión Social de Santa Cruz (CPS) otorgó las primeras 27 jubilaciones alcanzadas por el Decreto Provincial N° 608, firmado por el gobernador Claudio Vidal, durante una reunión extraordinaria del Directorio. La decisión fue cuestionada por el vocal por los activos, Cristian Sánchez, quien reiteró su rechazo a la norma y anticipó que analizará nuevas acciones judiciales.
Entre las jubilaciones hay 13 del Poder Judicial, tres de ellas, según pudo saber La Opinión Austral, de alto impacto político: las vocales del Tribunal Superior de Justicia Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Fernández y Paula Ludueña. Ante el revuelo que generó la noticia, fuentes del organismo previsional consultadas por este medio indicaron que las tres habían iniciado el trámite de jubilación.
“Todas estas personas iniciaron el trámite, llenaron un formulario que reviste como declaración jurada”, sostuvieron a La Opinión Austral. Asimismo, aclararon que al haber sido solicitado el beneficio, no ingresa en la ley 1782, artículo 136, que dice que el trabajador tiene dos años para jubilarse. “Ese plazo es para cuando el trabajador no inició el trámite, pero cuando sí lo hizo y se completa el circuito administrativo, la persona se jubila”.
Asimismo, informaron que a todas las personas involucradas se las notificó como corresponde y lo que hace el directorio es otorgarle el beneficio, e informarle la situación al titular y al empleador. Sin embargo, se aclaró que la efectividad de ese beneficio tiene algunas opciones, por ejemplo, se puede conceder el beneficio y si en el plazo de 30 días el empleador no presenta el cese, al día 31 el titular accede automáticamente a la jubilación. Otra opción es que el empleador quiera mantener el servicio por razones extraordinarias, lo que podría prorrogar ese plazo por 180 días hábiles.
En el caso de las vocales del TSJ, si el Poder Judicial quiere prorrogar el servicio esos 180 días, debe informarle a la Caja de Previsión. “No se jubila a nadie de oficio; le pidieron algo al Estado y el Estado se lo está dando”, sostuvieron.
También aclararon que son más de 500 personas las que están en esta situación, de todos los organismos del Estado.
El decreto y el planteo de los vocales
Cabe destacar que el Decreto 608 que posibilitó avanzar con estas jubilaciones había sido promulgado por el gobernador Claudio Vidal el 18 de junio del 2024 y, según el Poder Ejecutivo, buscaba agilizar el proceso de jubilación, aunque fue judicializado por el vocal Sánchez. Según entendía Sánchez, a través del patrocinio del abogado Matías Solano, el Decreto modificaba la ley jubilatoria, lo cual tenía doble gravedad, una porque un decreto pretendía modificar una ley y, por otra parte, porque lo consideraban una intromisión desde el plano institucional del Ejecutivo por sobre los demás poderes del Estado.
En octubre del mismo año, la anterior composición del Tribunal Superior de Justicia aplicó una cautelar para que no se aplique el Decreto 608 del Ejecutivo provincial. “Creemos que es una resolución justa, a tiempo y acertada, porque evidentemente el decreto viola la Constitución, ya que a todas luces era inconstitucional“, había manifestado Solano en ese momento a La Opinión Austral. Entre otras consideraciones, expresó que -con este Decreto- había activos que estaban siendo forzados a jubilarse.
Este viernes, entrevistado por La Opinión Austral, Sánchez explicó que la convocatoria al Directorio fue realizada de manera extraordinaria y que el tratamiento de estos expedientes no formaba parte del cronograma habitual del organismo. “Nos sorprendió que justamente era una reunión para dar altas de beneficios jubilatorios. Generalmente se hacen en reuniones comunes, no en reuniones extraordinarias”, señaló.
Según detalló, durante el encuentro el presidente de la Caja informó que los 27 expedientes correspondían a personas alcanzadas por el Decreto 608, cuya aplicación había sido cuestionada judicialmente por el propio vocal.
Críticas al decreto
Sánchez recordó que hace más de un año presentó una acción judicial ya que “un decreto no puede ir en contra de la ley madre“, sostuvo. El representante de los trabajadores activos explicó que la normativa modifica el procedimiento previsto para quienes reúnen las condiciones para acceder a la jubilación.
Según indicó, la legislación permite que, una vez notificado el cese, el trabajador pueda optar por continuar en funciones hasta dos años más. Sin embargo, afirmó que el decreto habilita jubilaciones de carácter obligatorio. “Estas personas ni siquiera saben que están siendo jubiladas. Se las va a jubilar, se las va a notificar y después el empleador tendrá 180 días para decidir si continúan trabajando o no“, manifestó.
Para Sánchez, esta modalidad “va en contra de la ley” porque impide que el trabajador decida el momento de su retiro.
“Es peligroso para el sistema”
El vocal también advirtió sobre el impacto que, a su criterio, puede tener la medida sobre la sustentabilidad del régimen previsional. “El aportante activo es el que sostiene el sistema y así lo único que estamos haciendo es sacarnos los activos de encima y quedarnos con más jubilados que activos. Es peligroso lo que está pasando“, afirmó.
Asimismo, reveló que entre las 27 jubilaciones aprobadas figuran 13 integrantes del Tribunal Superior de Justicia, quienes, según sostuvo, “desconocen totalmente” que están siendo alcanzadas por el decreto y que no habían iniciado voluntariamente el trámite jubilatorio.
Sánchez explicó que la aplicación del Decreto 608 se reactivó luego de que el Tribunal Superior de Justicia dejara sin efecto la medida cautelar que frenaba su implementación. “Hoy nuevamente sale a flote porque el nuevo TSJ hace caer la cautelar y la Caja empieza a aplicarlo automáticamente“, expresó.
En ese marco, confirmó que mantendrá reuniones con su abogado para definir los próximos pasos judiciales frente a la entrada en vigencia efectiva de la norma.
La postura de la vocalía
Consultado sobre si el decreto busca reducir el déficit de la Caja de Previsión, Sánchez rechazó esa interpretación y aseguró que la medida responde a otra finalidad. “No creo que tenga nada que ver con sanear el sistema previsional. Esto es claramente una intencionalidad política en contra del Tribunal Superior de Justicia, para sacar jueces que no son de tu partido político“, sostuvo.
Finalmente, insistió en que, para fortalecer el régimen previsional, la prioridad debe ser preservar la cantidad de trabajadores en actividad. “Si queremos mantener el sistema previsional más equilibrado, lo que tenemos que cuidar es al aportante activo”, concluyó.
Esto es claramente una intencionalidad política en contra del Tribunal Superior de Justicia.
Cabe destacar que la composición de la Caja de Previsión es de tres vocales por la mayoría y dos por los trabajadores Activos y Pasivos. En estos últimos dos casos, no estuvieron de acuerdo con la resolución, por lo que fue tomada mayoría.
Los integrantes del Directorio son el Presidente: Pablo Pérez, y los vocales por el Poder Ejecutivo: Paola Carrillo y Harold Bark. La vocal por el sector Pasivo, Viviana Carabajal; y el vocal por el sector Activo, Cristian Sánchez.
La noticia de la jubilación de las tres vocales del TSJ, Fernández, Mercau y Ludueña genera un alto impacto político. La noticia llega meses después de la aplicación de la nueva composición del máximo tribunal judicial de la provincia que pasó de 5 a 9 miembros. Una vez que se efectivice la salida de las vocales, el TSJ quedará con 6 miembros, por lo que el Poder Ejecutivo deberá volver a completarlo con 9, enviando tres nuevos pliegos a la Cámara de Diputados.
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