De la Mata advirtió por el impacto del Presupuesto 2027: “Derogan todos los artículos que financian la Ley de Emergencia en Discapacidad”

Diego de la Mata, representante de Santa Cruz ante el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), dialogó con Radio LU12 AM680 y expresó su preocupación por el impacto que podría tener el proyecto de Presupuesto 2027 sobre las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que trabajan en el sector.

El proyecto presentado por el Gobierno de Javier Milei mantiene el gasto público de la mayoría de las áreas del Estado por debajo de los niveles registrados en 2023. En ese marco, el sector de discapacidad aparece como una de las áreas más afectadas por modificaciones en su esquema de financiamiento y prestaciones.

Según explicó De la Mata, uno de los principales puntos de la iniciativa es la derogación de artículos vinculados al financiamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. “El capítulo 6, del artículo 36 al 40, deroga directamente todos los artículos que financian la ley de emergencia en discapacidad”, señaló durante la entrevista.

De la Mata sostuvo que la propuesta implica un retroceso respecto del trabajo desarrollado durante los últimos años en el ámbito del COFEDIS y cuestionó además los cambios planteados para las pensiones y el sistema de prestaciones.

Preocupación por el nomenclador y las prestaciones

Uno de los aspectos que genera mayor inquietud en el sector es la modificación del Nomenclador de Prestaciones Básicas. De acuerdo con el proyecto presupuestario, el esquema dejaría de contemplar valores universales para las prestaciones, lo que modificaría el sistema de referencia utilizado para determinar los aranceles de terapias y servicios destinados a personas con discapacidad.

De la Mata recordó que esta discusión ya se había planteado anteriormente en el ámbito del Consejo Federal. “Esto ya se venía hablando desde el año 2024, mucho antes del escándalo de Spagnuolo”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la eliminación de un nomenclador nacional podría trasladar a las personas con discapacidad y a sus familias una parte mayor de la negociación con las obras sociales y prestadores. “Te deja a vos, afiliado a una obra social, que negocies con la empresa que vos contratás, o la obra social provincial, poder pelear un piso básico de valores de prestaciones”, sostuvo.

El representante santacruceño vinculó esta situación con otras dificultades que atraviesa el sector, entre ellas la falta de profesionales y de centros especializados. “Si a todo esto le sumamos la falta de terapistas, de centros de rehabilitación, etc., estamos complejizando aún más la difícil situación ya de la persona con discapacidad y de su entorno”, manifestó.

A esto se suma el cambio en el régimen de pensiones. El proyecto contempla el regreso del esquema de pensión por invalidez laboral, en reemplazo del actual enfoque de pensión por discapacidad, mientras que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) dejaría de funcionar como garantía de acceso a las prestaciones bajo el esquema planteado.

El reclamo para prorrogar la emergencia hasta 2027

Frente a este escenario, De la Mata anticipó que las organizaciones del sector deberán retomar el trabajo con los representantes del Congreso para intentar modificar los artículos incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.

“Tenemos que tomar la posta y el ariete para poder persuadir, en este caso, a nuestros legisladores nacionales, tanto diputados como senadores, para que estos artículos no pasen”, expresó.

El objetivo, según explicó, será buscar que la Ley de Emergencia en Discapacidad mantenga su estructura y sea prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027. “Es una de las peticiones que hay, manteniendo la estructura ya votada. Porque es una ley votada”, remarcó.

El representante ante el COFEDIS también planteó que la discusión deberá contemplar la situación financiera de las provincias y las dificultades que atraviesan para afrontar sus compromisos. En ese marco, consideró necesario analizar las distintas variables económicas que inciden sobre el financiamiento de las políticas públicas de discapacidad.

Durante la entrevista, además, cuestionó la orientación general del proyecto presupuestario y sostuvo que las decisiones sobre qué sectores reciben o pierden financiamiento forman parte de las definiciones políticas de cada gobierno.

“Son muchas las variables que hay, el presupuesto es muy complejo. Sí es cierto que es otro ataque artero más a todo lo que tiene que ver con el universo de discapacidad”, afirmó.

Accesibilidad: una obra de la Escuela Técnica 8 en San Julián

En el tramo final de la entrevista, De la Mata destacó una iniciativa vinculada con la accesibilidad que se desarrolla en Puerto San Julián, en el marco de las actividades por el aniversario de la localidad.

La Escuela Técnica 8 trabaja junto al municipio en la construcción de un ascensor para personas con movilidad reducida en el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades. La obra permitirá conectar la planta baja con el segundo nivel del edificio y facilitar el acceso a personas que utilizan silla de ruedas, muletas o tienen dificultades para desplazarse.

El representante santacruceño valoró especialmente la iniciativa y destacó el rol de la institución educativa en materia de inclusión. “Realmente quiero felicitar, agradecer a la escuela que tomó esta temática de accesibilidad que para nosotros es súper importante y que el Estado debe garantizar el derecho del acceso libre y universal a los ambientes”, expresó.