El ahora ex asesor jurídico del PAMI, José Luis Janezak, denunció irregularidades en la seccional del PAMI local y fue echado por funcionarios nacionales de esa obra social. “Lo interpreto como un acto de represalia y discriminación”, dijo el abogado al asegurar que él no ocupaba un cargo político sino de planta.

La semana pasada llegaron funcionarios nacionales del PAMI a la ciudad de Río Gallegos y le comunicaron a José Luis Janezak, asesor jurídico de la Unidad de Gestión Local (UGL) de ese organismo, que no contarían más con sus servicios. Diez días antes, dicho asesor denunció ante la UFI PAMI irregularidades y hechos de corrupción en el organismo, salpicando al ex subdirector Raúl Federico Larcade y al contador Víctor López Monti, actual subdirector ejecutivo del PAMI a nivel nacional, número dos de Sergio Cassinotti.
“Soy empleado de planta permanente del Instituto y no ocupaba ningún cargo de conducción política, por lo cual este despido lo interpreto como un claro acto de represalia y discriminación por haber denunciado a autoridades que involucran autoridades locales y nacionales de PAMI”, denunció ayer Janezak en conferencia de prensa, acompañado por el secretario general de ATE Santa Cruz, Alejandro Garzón, y el delegado gremial Luis Cerra.
La aclaración decanta por su acercamiento a Cambiemos a través de la Coalición Cívica?ARI, que conduce a nivel nacional Elisa Carrió. “Este es un mensaje grave que se está dando de las más altas autoridades de PAMI, autoridades de Cambiemos, gestión de Gobierno de Cambiemos, espacio al que yo pertenezco”, expresó. “Desde hace muchos años que ingresé a la política he venido luchando contra la corrupción, haciendo innumerables denuncias y, desde el desempeño que ocupaba en PAMI como asesor legal, al advertir una irregularidad o la posible comisión de ilícitos, tenía la obligación de denunciarlo, lo cual hice”, añadió.
Según Janezak, días atrás debió reiterar una denuncia que ya había realizado hace más de un año con el ex titular de la UGL local, Juan José Giesenow. En ese entonces, ambos se dirigieron al subdirector nacional de PAMI, el contador Víctor López Monti. Le solicitamos la urgente intervención de la UFI PAMI, que es la unidad fiscal de investigaciones, dependiente de la Oficina Anticorrupción, lo cual nunca sucedió, según aseguró el abogado. “Estuvo cajoneada por más de un año y acá hay responsabilidades de las autoridades políticas nacionales de PAMI, principalmente López Monti, que debería explicar por qué no se le dio curso”, sostuvo.
“Esta investigación se abrió recién hace 10 días porque al consultar cuál era el estado de trámite, nos manifestaron que no tenían conocimiento”, contó Janezak. “A partir de tomar conocimiento se abrió el expediente para abrir una investigación preliminar para ver si amerita, y en base a las pruebas llevarla a la Justicia Penal, lo cual debería hacer la propia Oficina Anticorrupción”, explicó.
Al reactivar la denuncia, la semana pasada, “es que viajan autoridades nacionales de PAMI a Río Gallegos, adelantan que tenía que presentar mi renuncia, de lo contrario me enviarían un telegrama de despido, lo cual hoy se concretó. Es un castigo por haber denunciado autoridades en PAMI, que involucra a autoridades locales y nacionales”, subrayó.
Según explicaron en conferencia de prensa, la denuncia al ex subdirector Raúl Federico Larcade, tiene que ver con que salía de comisión y cobraba viáticos del PAMI para ir a interior de la provincia, y allí atendía pacientes de forma privada, incluso a pacientes de la misma obra social, siendo que había otros urólogos que podían hacer esas consultas. “Superposición de horarios, utilización del cargo en beneficio propio, fue todo fundamentado y le han dado entrada”, explicaron de forma escueta. El ex subdirector también fue denunciado por violencia y maltrato laboral.
Histórico
El secretario general de ATE Santa Cruz, Alejandro Garzón, consideró que es “claro que es una persecución política y laboral”. “Es histórico en el PAMI donde un trabajador denuncia corrupción y es echado. Es el primer trabajador que se echa en el PAMI en el país, pero no por ajuste, sino porque ha denunciado a un interventor provincial y a una autoridad nacional”, agregó.
“Como ATE estamos realizando asamblea y vamos a resolver medidas de fuerza, que será el paro en Río Gallegos, y seguramente se va a extender en toda la provincia”, dijo y agregó: “No solo se están metiendo con un compañero que ha denunciado, se están metiendo con una organización que está en todo el territorio de la provincia”.
Por su parte, el doctor Luis Cerra, delegado de ATE en el PAMI, dijo que toda esta situación se va a “confundir” por el hecho de que se piensa que el que “entra con política se va con la gestión política”; sin embargo “este no es un cargo directivo, así que por eso no entra en ese resguardo”.
Y profundizó: “La mayoría de los profesionales que tiene PAMI entraron por política y no por concurso, hace muchísimos años que no se hace concurso. Así que, que se lo tome como cargo político es confundir a la gente”.

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