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La diputada provincial Fabiola Loreira, integrante del bloque Por Santa Cruz, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca declarar la emergencia habitacional en la provincia.
La iniciativa, inspirada en su trayectoria como docente y ciudadana de Puerto Santa Cruz, propone un sistema de acceso a la vivienda que funcione por fuera de la órbita del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).
El proyecto surge de una idea gestada hace más de 15 años por un grupo de docentes ante la dificultad de acceder a una casa propia. Loreira explicó que la propuesta busca dar respuesta a empleados públicos con sueldos promedio de entre 1 millón y 1,5 millones de pesos, quienes se encuentran imposibilitados de acceder a créditos hipotecarios bancarios o al sistema Procrear, y que actualmente destinan gran parte de sus ingresos a alquileres que oscilan entre los 300.000 y 800.000 pesos.
Críticas al sistema actual y situación de calle
Fundamentó la necesidad de crear un mecanismo alternativo al IDUV, señalando que el fin original de dicho organismo —atender situaciones de vulnerabilidad— se ve desvirtuado por irregularidades. “Vemos cómo las casas se venden, se alquilan o los adjudicados no viven ahí, generando usurpaciones mientras hay gente literalmente en situación de calle o familias hacinadas”, afirmó Loreira.
La diputada relató su experiencia personal como reflejo de la problemática: “Tengo casi 20 años esperando el IDUV y al día de hoy no tengo vivienda propia. Al cumplir 51 años y con hijos mayores de edad, ya no cubro los requerimientos para entrar en sus programas”.
La propuesta técnica se centra en el uso de viviendas prefabricadas o modulares de rápida ejecución, utilizando mano de obra local y empresas del sector. Según Loreira, este sistema permitiría una entrega “llave en mano” mucho más ágil que la burocracia actual.
En cuanto al financiamiento, la autora del proyecto cuestionó el destino de fondos provinciales utilizados en obras menores. “En 2024 se entregaron 300 millones de pesos a mi localidad para nichos, arreglos de plazas y 20 viviendas de una habitación para madres solteras que siguen sin terminarse. Con ese dinero podríamos haber construido entre cinco y seis viviendas prefabricadas listas para ocupar”, comparó.
El rol de los municipios
El proyecto, que tomará estado parlamentario este jueves en la próxima sesión, contempla el uso de energías alternativas y biodigestores para paliar la falta de servicios de red (gas, cloacas) en algunos terrenos fiscales. Loreira apeló al acompañamiento de los intendentes: “Debería ser muy egoísta un municipio que diga que no da terrenos cuando se le está dando un alivio a la gente mientras se discute lo salarial y lo social”.
Respuesta a los gremios
La iniciativa también recoge el guante de una nota presentada por diversos gremios ante la Legislatura en 2024, donde ya se planteaba la necesidad de una emergencia habitacional. El texto busca atender casos de empleados públicos que sufren cortes de servicios por falta de pago o demandas de desalojo por alquileres impagos.
“Creemos que por el lado de la legislación va a ser mucho más fácil atender factores como el hacinamiento y la promiscuidad que genera la falta de techo propio”, concluyó la diputada, quien confirmó que el proyecto ya cuenta con el consenso de varios de sus pares en la Legislatura provincial.
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