El Gobierno de Tierra del Fuego pidió a la Legislatura apruebe el acuerdo YPF-Terra Ignis: “Es una oportunidad histórica” dijo la ministro Gabriela Castillo

En los primeros días de noviembre, el gobernador Gustavo Melella rubricó un acuerdo con el CEO de YPF Horacio Marín, concretado la cesión por el que la petrolera nacional a la empresa energética provincial Terra Ignis, las siete áreas convencionales: los bloques Lago Fuego, Los Chorrillos y las fracciones A, B, C, D y E.

La cesión responde a una decisión estratégica de YPF de concentrar sus inversiones en la explotación no convencional —sobre todo en Vaca Muerta— dejando atrás campos maduros de baja rentabilidad.

Según lo acordado, Terra Ignis debe comenzr a operar los yacimientos desde el 1° de enero de 2026, con un plan que prevé la reubicación del personal existente y una prórroga de las concesiones por 10 años.

En palabras del gobernador, el acuerdo representa “un avance histórico hacia la soberanía energética de Tierra del Fuego” y una oportunidad para revitalizar la producción hidrocarburífera mediante inversiones, exploración y asociaciones con posibles inversores nacionales o extranjeros.

Paso previo fundamental

Pero previo a que Terra Ignis tome posesión de los campos hidrocarburíferos, la Legislatura Provincial debe ratificar el acuerdo. Representa “una oportunidad única para Tierra del Fuego”, entendiendo que “es central que la Legislatura sesione y acompañe este acuerdo”, afirmó la ministra de Obras y Servicios públicos fueguina, Gabriela Castillo.

Mediante el convenio firmado se garantiza la continuidad laboral de los trabajadores del sector -quienes serán tomados por la empresa provincial por un año- y evita el colapso económico que significaría la salida desordenada de YPF, que concentra sus inversiones en Vaca Muerta.

Cabe remarcar que el acuerdo también contempla la extensión por diez años de las concesiones de explotación, que vencían entre 2024 y 2027. “No solo se trata de la continuidad operativa, sino de que la provincia pueda decidir sobre su propio recurso”, explicó Castillo.

Castillo aclaró que los pasivos ambientales de mayor complejidad seguirán a cargo de YPF, la cual ya comenzó trabajos de remediación, y que se estableció un período de transición de hasta cuatro meses para una transferencia operativa ordenada.

En ese punto, la funcionaria enfatizó: “Es central que la Legislatura sesione y acompañe este acuerdo“, aclarando que de no ser aprobado “implicaría dejar a trabajadores en la calle y perder la oportunidad histórica de tomar las riendas de nuestro desarrollo energético”.

Una decisión “histórica” para Tierra del Fuego

Al momento de la firma, el gobernador Melella enfatizó que la salida de YPF no es una crisis, sino “una gran posibilidad de crecimiento”. El plan, detalló, se basa en tres pilares: recuperar los pozos para incrementar la producción por encima de los niveles actuales, y asociarse con empresas de capitales nacionales o extranjeros que aporten “capacidad financiera, pero también capacidad técnica”.

Algo en lo que coincidió el presidente de YPF, Horacio Marín, al afirmar que la transferencia de las áreas hidrocarburíferas de la compañía a Terra Ignis, la empresa estatal de Tierra del Fuego, representa “lo que tenía que pasar” y permitirá a la provincia “desarrollar un futuro energético más próspero”.

Desafío y oportunidades

El acuerdo con YPF y su derivación hacia Terra Ignis implican varios desafíos, pero también abren una ventana de oportunidades para Tierra del Fuego:

• Permitir que la provincia gestione directamente sus propios recursos hidrocarburíferos, con mayor autonomía de decisión.
• Potencial recuperación de campos maduros, mediante inversiones, reactivaciones y exploraciones.
• Salvaguarda de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, ante el retiro de una operadora nacional.
• Posibilidad de atraer socios inversores —incluyendo internacionales— que aporten capital, tecnología y nuevos proyectos.
• Sentar las bases para una matriz energética local más robusta, con valor agregado, industria local y menor dependencia externa.

No obstante, el éxito del plan depende de un paso clave: la ratificación por ley del convenio por parte de la Legislatura provincial. Hasta ahora, las concesiones están autorizadas por decreto, pero la normativa exige la aprobación parlamentaria para que la transferencia y la prórroga sean definitivas.