“Es un avance, pero no se puede anticipar la sentencia”: Linardi tras el rechazo de la recusación en la Corte por la amplición del TSJ

La fiscal de Estado de Santa Cruz, Natalia Linardi, brindó definiciones clave en una entrevista con LU12 AM680 sobre el avance de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. La funcionaria explicó el alcance del reciente fallo y los próximos pasos en un conflicto institucional de alto impacto.

Linardi confirmó que el máximo tribunal ya dio un primer paso procesal importante, aunque aclaró que aún no hay una definición de fondo. “La Corte acaba de decretar un auto interlocutorio, es una sentencia interlocutoria, no es la definitiva”, señaló, en referencia a la resolución vinculada al planteo de los vocales Sergio Acevedo, José González Nora, Gabriel Contreras y Juan de la Vega.

En ese marco, explicó que la recusación presentada por el gremio judicial fue descartada “por ser extemporánea, pero aunque hubiera sido en tiempo y forma, tampoco cabría recusar a los jueces por las causales invocadas”.

Además, destacó que el tribunal solicitó con carácter urgente toda la documentación vinculada al caso: “Intimaron al Tribunal Superior de Justicia a que les remita todos los antecedentes que se relacionen con esta causa, medidas cautelares, actuaciones administrativas internas, incluso lo referido a la jura de los vocales”.

Para la fiscal, esta instancia marca el inicio de una etapa clave, aunque sin plazos definidos: “Sabemos que la Corte no tiene plazos, así que nadie sabe cómo va a seguir, pero con todos los antecedentes en algún momento se va a expedir”.

El planteo del Gobierno: defensa de la ley y tensión entre poderes

En relación al rol del Ejecutivo provincial, Linardi recordó que tanto la Fiscalía de Estado como la Legislatura recurrieron a la Corte tras el fallo de inconstitucionalidad dictado en diciembre de 2025. “Cuando el Tribunal Superior denegó los recursos extraordinarios, acudimos en queja. Hoy hay tres presentaciones: la de la Legislatura, la Fiscalía y los vocales”, detalló.

Sobre la discusión de fondo, defendió la validez de la norma que amplió el tribunal: “Es una ley emanada de la Legislatura, que representa al pueblo. Para declarar la inconstitucionalidad de una norma, tiene que probarse claramente que viola una garantía constitucional. Nosotros sostenemos que eso no ocurre”.

En ese sentido, advirtió sobre el trasfondo institucional del conflicto: “Hay un problema trascendental de fondo, un enjaque a todo el Poder Judicial. También se ha discutido la injerencia entre los tres poderes, y cada uno debe mantenerse dentro de su órbita”.

Respecto a la situación actual, recordó que los vocales designados no pueden ejercer. “No pueden hacerlo porque el Tribunal Superior consideró inconstitucional la ley y no se les tomó juramento en su momento”, señaló.

Finalmente, la fiscal fue cauta sobre el desenlace: “Que la Corte haya rechazado la recusación es un avance, pero no se puede anticipar el resultado. Lo que sí sabemos es que se va a abocar al tratamiento del caso”.

Vaciadero municipal: la Fiscalía interviene en un conflicto que se remonta a 2015

En otro tramo de la entrevista, Linardi se refirió al conflicto por el vaciadero municipal de Río Gallegos, un tema reactivado tras recientes decisiones del Concejo Deliberante.

“Es un amparo que data de 2015. La municipalidad denunció un supuesto incumplimiento del Estado provincial, pero nosotros lo rechazamos”, explicó. Según detalló, la postura oficial es que las obligaciones incumplidas corresponden al municipio: “Sostenemos que era la municipalidad la que debía realizar ciertas obras que no se llevaron a cabo”.

Actualmente, el expediente se encuentra en una instancia de espera: “Estamos en suspensión de plazos porque la municipalidad tiene 20 días para informar determinadas cuestiones”.

El tema volvió al centro de la agenda luego de que el Concejo Deliberante exigiera precisiones sobre el traslado del basural y el funcionamiento del servicio de recolección de residuos, en un contexto de creciente preocupación ambiental y social en la capital santacruceña.