Estaba acusada de prevaricato: renunció la jueza Noelia Ursino

Noelia Ursino, quien hasta hace unos meses se desempeñaba como jueza de Primera Instancia en Puerto Santa Cruz, presentó su renuncia en medio de un proceso de jury de enjuiciamiento que había derivado en una suspensión preventiva del cargo mientras se daba ese proceso.

Antes de este proceso, Ursino también había sido –además- multada por el Tribunal Superior de Justicia luego que fuera  denunciada por dos trabajadoras  de su juzgado a quienes habría pedido que se presenten en la oficina fuera de horario (cerca de las 22 horas) y, “como no respondieron, les envió  a la Policía”, afirmaron en ese momento.

Ursino había sido multada por el TSJ luego que fuera  denunciada por dos trabajadoras de su juzgado.

Este lunes, La Opinión Austral tuvo acceso al decreto 763 firmado por el gobernador Claudio Vidal donde se acepta la renuncia de Ursino. “Acéptase a partir del 4 de septiembre del año 2025, la renuncia al cargo de jueza de Primera Instancia en lo Criminal, Correccional y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz, presentada por la Dra. Noelia Romina Ursino, quien fuera oportunamente designada mediante Decreto 494/13”, sostiene el instrumento legal.

La sanción

A fines de abril de este año, el gremio de Judiciales Provinciales había informado  que el Tribunal Superior de Justicia había sancionado a la jueza y a su secretario por su accionar “irregular y violento contra dos trabajadoras” y que “la sanción fue una multa del 5% de sus haberes”.

Recordaron que fueron dos trabajadores las que denunciaron en febrero de 2024 que fueron convocadas fuera de su horario laboral cerca de las 22 horas y, al no responder, minutos más tarde, “un patrullero de la policía se presentó en sus domicilios para ordenarles que se comunicaran con las autoridades judiciales”.

El gremio advirtió que esta forma de proceder “fue vivida como un hecho de violencia e intimidación no solo por las compañeras, sino también por sus familias, generando un clima de miedo e incertidumbre absolutamente inaceptable” y que las trabajadoras señalaron, además, que “no era la primera vez que se las requería en horarios no laborables”.

“La acción de la jueza fue vivida como un hecho de violencia e intimidación”. Judiciales Provinciales.

Luego de que Judiciales realizó varias denuncias, se pidió la investigación administrativa además de las inspecciones de cámara, por lo que “el TSJ determinó que el uso del personal policial para este tipo de citaciones internas constituye una falta grave”, se indicó en ese momento.

Luego, el TSJ también le inició el proceso de jury de enjuiciamiento por prevaricato, delito cometido por un juez cuando dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.​ Sin embargo, con su renuncia el proceso legal queda desarticulado. La acusación, en este caso, fue del fiscal Lisando De la Torre.

Antecedentes

Ursino se destacó por ser una jueza feminista. Años atrás procesó a un médico porque le dijo a una paciente víctima de violación que tal cosa no le había pasado porque el agresor era su esposo. También trascendió por el caso de la docente Jésica Minaglia, donde acusó a su expareja de haber cometido un femicidio doblemente agravado por la relación de pareja que existió y con alevosía.

En esa resolución contra el femicida, Ursino pidió inmediatas gestiones para que el hijo de Jésica tenga acceso a Ley Brisa, sancionada para brindar una reparación económica a niños, niñas y adolescentes que hubieran quedado huérfanos por la violencia machista.

Ursino es nacida en Puerto Santa Cruz, madre de dos varones, uno de ellos con una discapacidad. En el año 2017, también se había metido con la iglesia ‘Exaltación de la Santa Cruz’, en su comunidad, por los abusos de un cura contra varios adolescentes.

Ursino es nacida en Puerto Santa Cruz, casada, madre de dos varones.

Ahora se cree que ejercerá la abogacía, algo parecido a lo que ocurrió con la exjueza de Chubut, Mariel Suárez, quien –incluso- este año tomó la defensa Carla Orellano, acusada en el Caso Abigail, la niña de Río Gallegos que falleció por los golpes dados por sus progenitores.

En ese contexto, en las últimas horas más de uno se preguntó por qué Ursino renunció ante el Poder Ejecutivo que es otro poder del estado y no ante el TSJ. Incluso, hasta hubo comentarios respecto del número del decreto 763 que, para algunos integrantes de la justicia, es “un número cabulero”.