Ezequiel Verbes, ministro de Economía: “Le niegan la Ley de Financiamiento a la Provincia pero piden fondos para sueldos”

El reclamo de auxilio financiero para los municipios de Río Turbio volvió a tensar la discusión en la Legislatura de Santa Cruz. Durante la 15ª sesión ordinaria, el intendente Darío Menna expuso ante los diputados las dificultades que atraviesan ambas comunas de la Cuenca Carbonífera para afrontar sus compromisos salariales.

La falta de acuerdos entre los bloques impidió aprobar la iniciativa de fondos extraordinarios y dejó sin resolución el pedido de asistencia económica, pese a las explicaciones brindadas en el recinto por las autoridades del Poder Ejecutivo provincial.

El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, dialogó con LU12 AM680 Radio Río Gallegos y cuestionó las trabas legislativas. Remarcó la predisposición del gabinete para asistir al recinto junto a la Ministra de Gobierno, buscando tender puentes: “Cuando se habla de consensuar es dialogar. No tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero no podemos no estar de acuerdo en mejorar la calidad de vida de los santacruceños y santacruceñas, que es lo que está impidiendo la oposición”.

“El mensaje de la Cuenca no fue completo. Se terminó hablando de asistencia para pagar sueldos y, en realidad, lo que están pidiendo ahora es asistencia para dar aumentos de sueldo. La Provincia está en conversaciones paritarias y no hemos podido dar ningún incremento”, tras recordar que en julio el Ejecutivo cerró un acuerdo salarial hasta fin de año sujeto a la evolución de las cuentas públicas.

Contradicciones y reclamos gremiales

Precisó que mientras se desarrollaba el debate parlamentario, dos gremios estatales se manifestaban frente a Economía en reclamo de mejoras salariales. Si bien reconoció el legítimo derecho a la protesta, sostuvo que “tendrían que pedirles a los diputados que discutan y avancen en la Ley de Inversiones Estratégicas que nos va a dar previsibilidad, nos va a permitir pagar lo que se acuerde en los meses siguientes y asistir de otra manera a los municipios”.

Cuestionó la “incoherencia política de exigir incrementos salariales” mientras se bloquean las herramientas legislativas para generar recursos, contrastando el pedido de endeudamiento por 2.000 millones de pesos por municipio para gastos corrientes frente al rechazo sistemático a la Ley de Inversiones Estratégicas, destinada exclusivamente a obras públicas. “Piden 2.000 millones por municipio para pagar sueldos, pero le impiden a la Provincia aplicar el mismo mecanismo para obras que dinamizan la economía local y están emplazadas en los propios municipios”, señaló y calificó la propuesta opositora como “un crédito para sueldos que te va a ahogar en dos meses”.

Durante la sesión también se abrió la posibilidad de destrabar el tratamiento legislativo en el momento, luego de que el oficialismo aceptara todos los condicionamientos planteados —incluidas las cláusulas candado para impedir el uso de fondos en gastos corrientes y el detalle de obras por localidad—. Sin embargo, no se votó. “Pidieron formar una comisión plenaria en Diputados para discutir ambas leyes y otros proyectos pendientes. Nosotros dijimos que sí a todo, pero después no votaron la apertura de la comisión para poder juntarnos. Que expliquen a la gente por qué no levantaron la mano”, disparó en relación a los diputados de la oposición.

Desequilibrios estructurales

Consultado sobre la corpaticipación provincial, indicó que el Gobierno convocó reiteradamente a discutir el esquema de reparto, aunque advirtió que cualquier modificación exige unanimidad entre los intendentes porque supone redistribuir una masa fija de dinero, incluso tras la actualización de datos del último censo.

Las asimetrías históricas obligan al Tesoro provincial a asistir permanentemente a las intendencias, una tensión operativa que queda expuesta al comparar las cuentas de las dos ciudades más pobladas de la provincia. “Caleta Olivia y Río Gallegos tienen la misma cantidad de empleados, pero Caleta Olivia tiene la mitad de los recursos fiscales que Río Gallegos. Si Caleta Olivia no fuese asistida, no paga ni la mitad de los sueldos sola. No es un problema de ahora, viene de muchos años atrás y esa es la realidad de la provincia, la quieran disfrazar como quieran”, enfatizó.

Financiamiento y alivio fiscal

Desde marzo, cuando el Ejecutivo envió una Ley de Emergencia Económica que no tomó estado parlamentario, seguida en mayo por el proyecto de Inversiones Estratégicas, la estrategia oficial apunta a descomprimir las cuentas públicas. Actualmente, la Provincia destina entre 60.000 y 70.000 millones de pesos anuales de su presupuesto a obra pública, un volumen que oscila según el ritmo de certificaciones y la disponibilidad financiera.

El objetivo de buscar financiamiento en moneda extranjera es liberar esos recursos propios mediante créditos a largo plazo, tomando como referencia el modelo de San Juan, que obtuvo seis años de gracia para comenzar a amortizar el capital recién en el séptimo año. “Eso te da tiempo para hacer las obras y disminuir gastos muy importantes que tiene la Provincia. El mes pasado asistimos con 17.000 millones de pesos a las empresas del Estado, básicamente Distrigas y Servicios Públicos Sociedad del Estado, por no tener la energía en el interconectado y por no trasladar costos a las tarifas”, explicó.

Frente a los cuestionamientos sobre una supuesta demora de meses en la llegada de esos fondos, el contador detalló que el Ejecutivo gestiona en paralelo bonos en pesos para cubrir el déficit presupuestario —cuya emisión esperan concretar en diciembre—, lo que se complementaría con el despegue de la construcción. “Si además de los bonos tuviésemos esta autorización, sabemos que comenzando la obra pública en los próximos meses vamos a tener recursos para hacer frente a las asistencias, porque cada obra paga tasas municipales, hace habilitaciones y genera empleo local”, afirmó.

Plan de Convergencia

Por último, defendió la credibilidad de la gestión con hechos concretos, destacando la firma del contrato para reactivar el yacimiento Manantial Espejo a través de la minera Don Nicolás —iniciativa contemplada dentro del proyecto de ley en debate—, la reactivación de la minera Triton y la subida de equipos petroleros en la zona norte. “No es todo mágico, es un proceso técnico y legal complejo, pero se están dando los resultados incluso con palos en la rueda”, sostuvo con firmeza.

Por último, respondió a los planteos realizados en el recinto por la diputada Agostina Mora respecto a las negociaciones con la Casa Rosada y aclaró los alcances del Plan de Convergencia, una hoja de ruta plurianual diseñada para reducir progresivamente el déficit fiscal sin ajustar sobre los trabajadores estatales. “El Plan de Convergencia es hacer viable Santa Cruz; no bajando sueldos ni echando gente, sino produciendo y trabajando, como menciona el gobernador todos los días”, concluyó.