El endeudamiento serial durante los cuatro años de macrismo contribuyó a financiar una fenomenal fuga de divisas (formación de activos en el exterior) que totalizó los 86.000 millones de dólares. Una primera etapa de ese drenaje de divisas se cubrió con la deuda emitida por el Tesoro Nacional y a partir de abril de 2018, con los dólares que ingresaron del FMI. Dentro de esta estrategia –que erosionó cualquier posibilidad de desarrollo en el país‑ fueron partícipes varias provincias, empujadas a tomar deuda en moneda norteamericana.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió su informe sobre el Mercado de Cambio solicitado por el presidente Alberto Fernández y concluyó que el 1 por ciento de las empresas que adquirieron dólares (853 firmas) fugaron 41.000 millones de esa divisa, casi la mitad de todo el dinero que salió del sistema con el aval de la Alianza Cambiemos.

Las empresas energéticas fueron las que más contribuyeron a la fuga de divisas. La ecuación fue simple: tarifazos, maximización de su rentabilidad y fuga de dólares. Dentro de este conjunto de firmas, las “eléctricas” aparecen entre las primeras posiciones. En el caso de las personas humanas que contribuyeron a la fuga, el 10 por ciento concentró aproximadamente el 63,8 por ciento de las compras netas realizada por individuos (47.006 millones). Hubo una sola persona –no identificada por el BCRA‑ que fugó 40,5 millones de dólares.

Santa Cruz fue la única jurisdicción de la Patagonia que no tomó deuda en dólares

Una vez que transcurra el aislamiento, el Congreso podría avanzar en cruzar información con la AFIP para determinar quiénes fueron los principales responsables de tamaño desfalco facilitado por el Gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuántas de esas personas, cuyos CUIT están registrados en el BCRA, son los que tenían cuentas en el exterior sin declarar, según la Información a la que accedió la AFIP?

El informe del BCRA es relevante para comprender el impacto de la regulación vinculada al ingreso y egreso de divisas. “Los controles sobre la cuenta capital y financiera del balance de pagos son por lo tanto una condición necesaria no sólo para la recuperación económica del país, sino también en el marco de una estrategia integral de desarrollo”, puede leerse en el informe de la autoridad monetaria. La desregulación (o re regulación a partir de la eliminación de toda regulación) fue funcional a la fuga.

Financiar la fuga

El ingreso de divisas por deuda pública, privada e inversiones especulativas totalizó los 100.000 millones de dólares entre 2016 y octubre de 2019. De ese total, 86.200 millones se Fugaron. Para diciembre del año pasado, el stock total de la deuda pública nacional ascendía a los 323.000 millones de dólares, de los cuales el 60 por ciento se concentró en títulos públicos, un 25 por ciento en préstamos y 10 por ciento en instrumentos de corto plazo (letras). No existió lluvia de inversiones. La inversión extranjera directa durante el macrismo representó solamente el 4,3 por ciento de los capitales que ingresaron al país.

La fuga –habilitada por la eliminación de todos los controles sobre la cuenta capital‑ se realizó en dos fases. Entre 2016 y abril de 2018, se fugaron 41.100 millones de dólares; el 70 por ciento de los dólares financieros que ingresaron al país salieron por la puerta de la fuga. En la segunda etapa se fugaron 45.100 millones de dólares, financiados exclusivamente con el dinero ingresa‑ do del FMI (44.000 millones).

Sin controles, entre 2016 y abril de 2018 se fugaron 41.100 millones de dólares

La fuga no fue protagonizada por los pequeños ahorristas que decidieron resguardar sus ahorros en “moneda dura” (aunque sí hubo ahorristas genuinos). La concentración detectada por el BCRA habla de una sistematicidad que debería ser investigada por el Congreso o penalmente.

El informe de la autoridad monetaria fue difundido el jueves por la noche; muchos operadores y empresas pusieron el grito en el cielo al sostener que “no es tarea del Central dar esa información cuando la compra de dólares era legal”. Es verdad, el macrismo había ideado un andamiaje legal justamente para permitir la fuga. Legalidad fraguada.

Provincias endeudadas

El macrismo representó un tercer ciclo de revalorización financiera, antecedido por la deuda externa adquirida durante la Dictadura Cívico Militar y lo ocurrido durante los dos gobiernos de Carlos Menem. Según el informe del BCRA, en este tipo de procesos los ajustes ocurren de “forma brusca luego de maxidevaluaciones que impactan sobre la dinámica de los precios, la distribución del ingreso, el crecimiento económico y el desempleo; al finalizar el ciclo, la economía se encuentra afectada no sólo por la crisis económica, sino también condicionada por la carga de una deuda externa insostenible.”

El primer paso del ajuste perpetrado entre 2016 y 2019 fue empujar a las provincias a tomar deuda en dólares por casi 12.000 millones.

Durante los cuatro años de macrismo hubo una fuga de 86.000 millones de dólares

“Varias provincias se alinea‑ ron con la estrategia nacional y buscaron financiar sus déficits fiscales colocando deuda en moneda extranjera en los mercados internacionales. En efecto, el endeudamiento provincial agrega‑ do pasó de representar 4,5% del PIB a fines de 2015 a 6,8% del PIB en junio de 2019 (último da‑ to disponible). Es decir, el peso de la deuda provincial en el PIB aumentó más de 50% en menos de 2 años”, puede leerse en el informe del BCRA.

Del consolidado de deuda de las provincias surge que el 67 por ciento corresponde a la emisión de bonos, un 15,8 por ciento es directa con el gobierno nacional, un 10 por ciento con organismos internacionales, un 3,2 por ciento es con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, un 2,2 por ciento con bancos y un 0,4 por ciento con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional.

Las provincias que tomaron deuda en dólares fueron Neuquén, Mendoza, Chubut, Córdoba, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Jujuy, Río Negro, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que emitieron títulos por 12.336 millones de dólares, a un plazo promedio de 8,2 años, muy por encima de la tasa del mercado que pagaban otros países.

Santa Cruz fue la única jurisdicción de la Patagonia que no tomó deuda en dólares. A diciembre de 2019, su stock total de deuda ascendía a los 10.217 millones de pesos, de los cuales 2223 millones correspondían al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, 5852 millones con el Tesoro nacional, y 1830 millones con la Anses.

Distinta es la situación de las provincias que sí tomaron deuda en dólares, mucho más complica‑ das en este escenario pandémico. Por ejemplo, del stock total de deuda de Chubut (53.388 millones), el 81 por ciento eran bonos (mayormente por su emisión en dólares), mientras que sólo el 3,5 por ciento correspondía al Gobierno nacional. O Tierra del Fuego, con un stock total de deuda de 15.600 millones de pesos de los cuales el 70 por ciento era en bonos y sólo el 18 por ciento con el Tesoro Nacional.

El Estado refinancia, ¿y el mercado?

Como mecanismo de asistencia a las provincias en el marco de la crisis económica por la pandemia, el Gobierno nacional dispuso de un programa de Asistencia a las Provincias que incluye la distribución de ATN (60.000 millones de pesos) y préstamos a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Regional, cuyas pautas de distribución fueron fijadas a través de la Resolución 223/2020.

853 empresas que adquirieron dólares fugaron 41.000 millones de esa divisa

Nación definirá los montos que corresponden a cada jurisdicción según los criterios de Necesidades Básicas Insatisfechas, la situación de precariedad laboral y los contagios confirmados sumado a las urgencias que cada jurisdicción haya manifestado previamente. El Ministerio de Economía está a cargo de los préstamos mientras que la distribución de ATN corre por cuenta del Ministerio del Interior.

“Hoy las provincias se están poniendo en contacto con el Fondo Fiduciario a través de la secretaría de Hacienda donde se evalúa cada caso en particular y las necesidades reales que tienen. A la hora de otorgar uno de estos préstamos se hace un convenio con cada una según la distribución definida por el Ministerio”, indicaron a La Opinión Austral desde Economía.

La Resolución 223/2020 también incluyó un programa para refinanciar la deuda de las provincias provenientes del Programa de Convergencia Fiscal, del Programa de Regularización del Sector Eléctrico, Convenios Bilaterales, del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias de 2010, y los Programas de Asistencia Financiera 2015 y 2016.

En este contexto, Santa Cruz no sólo recibirá un préstamo del Fondo Fiduciario –para lo cual ya fue autorizada a tomar deuda en pesos por la Legislatura ‑ sino que también aplicará al refinanciamiento de su deuda existente en pesos. Las condiciones de re‑ programación incluyen 36 cuotas a una tasa de interés anual del 0,1% y con un periodo de gracia hasta el 31 de diciembre, condiciones similares a los créditos que otorgará Economía.

LAS CLAVES

• El Gobierno de la Alianza Cambiemos endeudó a la Argentina por 100.000 millones de dólares. De ese total, el 86 por ciento se fugó.
• El 1 por ciento del total de empresas que fugaron divisas, lo hicieron por 41.000 millones de dólares.
• Hubo una sola persona ‑no identificada por el Banco Central de la República Argentina‑ que fugó 40,5 millones de dólares.
• Las empresas energéticas fueron el sector que más divisas sacó del sistema.
• La fuga de capitales fue financiada por el endeudamiento ocurrido entre 2016‑2019.
• Las provincias fueron empujadas a tomar deuda en dólares por un total de 12.000 millones.
• Santa Cruz fue la única jurisdicción patagónica que no tomó deuda en dólares.
• Como parte de su programa de asistencia a las provincias, el Gobierno refinanciará las deudas de las jurisdicciones con el Estado Nacional.