La Asociación de Abogados Laboralistas alertó que “todos los artículos de la reforma afectan al derecho constitucional”

La secretaria General de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Argentina, Paula Lozano, brindó una entrevista a LU12 AM680 Radio Río Gallegos y analizó el impacto de la reforma laboral que se convertirá en ley en la próxima sesión extrarodinaria de la Cámara de Senadores, convocada para el viernes 27 de febrero próximo.

Definió la iniciativa como una “norma muy regresiva en lo que hace a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”.

Asimismo, sostuvo que “no cumple con la finalidad de generar empleo mediante la modificación de la normativa”, “la generación de empleo tiene que ver con políticas macroeconómicas. Quitando o eliminando derechos, como se está propiciando ahora, de ninguna manera se va a crear empleo“, afirmó.

Recordó que tras la sanción de la Ley de Bases en Argentina en 2024 se eliminaron indemnizaciones por trabajo sin registrar. Según su visión, esto provocó que “el nivel de informalidad aumentó y están cerrando unidades productivas diariamente”.

Derecho a huelga

Ante la consulta sobre si la reforma colisiona con la Constitución Nacional, Lozano respondió: “Absolutamente. Prácticamente todos los artículos de la reforma afectan a un derecho constitucional“.

Destacó el caso del “derecho a huelga” y lo describió como la “herramienta para que los trabajadores hagan valer su voz”. Explicó que la nueva normativa dificulta su ejercicio. “Se exige en un conjunto de actividades que se denominan servicios esenciales, ampliando el concepto que actualmente existe, una presencialidad del 75% o del 50%”, detalló.

Añadió que se suma un procedimiento administrativo previo que “dificulta al extremo poder concretar el derecho de huelga, que es un derecho que está en la Constitución y que no está condicionado”.

Jornada laboral y cuidados

Otro punto crítico para la abogada es la modificación de la jornada de trabajo. Apuntó contra la implementación del “banco de horas” que permitiría trabajar hasta 12 horas diarias.

“Hoy tu empleador puede liberarte antes de que concluya la jornada laboral y te dice que debes 2 horas. Sucede que la norma no establece ni siquiera máximos. Eso desorganiza la vida de los trabajadores por fuera del empleo“, advirtió.

Además, enfatizó que esto golpea especialmente a las mujeres debido a la distribución desigual de las tareas de cuidado de la familia. “Esta ampliación de la jornada va a afectar directamente el acceso al empleo”, aseguró.

Criticó que no se hayan introducido reformas progresivas como licencias igualitarias. “La Ley de Contrato de Trabajo sigue reconociendo licencia por nacimiento de hijo para el padre de solo 2 días. Esto era un punto a modificar y no se hizo”, señaló.

FAL

Más adelante, explicó que la “reforma alienta el despido a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral”. Este fondo será administrado por una empresa privada con aportes de los empleadores.

“Ese porcentaje se detrae a lo que es el aporte al sistema de seguridad social, a las jubilaciones. Se pasa a solventar socialmente los despidos“, denunció Lozano. Afirmó que esto “elimina el efecto disuasorio de la indemnización”. “Al empleador que despide a una persona le sale gratis. El hecho de que ya esté financiado va a hacer que sea gratuito”, sostuvo.

También mencionó cambios en la base de cálculo indemnizatorio. “Ciertos conceptos ya la ley claramente los excluye de la base de salario básica, como la incidencia del aguinaldo o el plus por prepaga”, explicó.

Plataformas digitales y la “industria del juicio”

Sobre los trabajadores de aplicaciones como de transporte o reparto de comida, Lozano indicó que la reforma los regula como trabajo autónomo. “Los excluye totalmente de la posibilidad de ser considerados trabajadores en relación de dependencia“, lamentó.

Para la abogada, estos derechos “no son privilegios”, sino protecciones básicas para evitar abusos y permitir la “humanización del trabajo”.

Finalmente, cuestionó el concepto de “industria del juicio” y propuso hablar, en cambio, de una “industria del incumplimiento”. “Hoy el empleo sin registrar llega casi al 45% de la fuerza de trabajo. Solo el 1% llega a juicio. No es verdad que exista una mafia inventando juicios”, concluyó.

Sostuvo que el discurso oficial se basa en casos aislados de fraude para legislar de manera tendenciosa. “Se legisla por el caso de fraude. Todo el discurso está enarbolado por un caso distorsionado”, sentenció.