La Justicia rechazó el pedido del Gobierno de Tierra del Fuego contra la intervención del Puerto de Ushuaia

El Juzgado Federal de Ushuaia rechazó el pedido del Gobierno de Tierra del Fuego para avanzar con una medida cautelar urgente contra la intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Ejecutivo nacional.

Desde el Tribunal se argumentó que “no se encuentran motivos que ameriten la habilitación de la feria judicial”, y además se requirió que la fiscalía se expida sobre la competencia del juzgado para resolver el conflicto entre la administración provincial y el Gobierno nacional.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, también se solicitó a la fiscalía que determine si el gobernador de Tierra del Fuego está habilitado para presentarse en la causa, cuando esa función correspondería a la Fiscalía de Estado de la provincia.

En la misma resolución, el Tribunal pidió al secretario Legal y Técnico de Tierra del Fuego, Emiliano Fossatto, que gestione la matrícula federal correspondiente para poder intervenir en la causa ante la Justicia Federal.

Cabe recordar que el Gobierno nacional dispuso la intervención administrativa de la infraestructura portuaria del Puerto de Ushuaia por un periodo de 12 meses por irregularidades financieras y fallas de infraestructura.

La medida fue oficializada el 22 de enero a través de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, publicada en el Boletín Oficial.

La medida tiene como objetivo regularizar las condiciones de seguridad operativa y resolver el déficit de inversión detectado en la terminal.

El organismo nacional fundamentó la decisión tras verificar que la provincia de Tierra del Fuego utilizó el superávit financiero del puerto para financiar la obra social estatal (OSEF) a través de la ley provincial 1596, lo que incumple el convenio de transferencia que obliga a reinvertir los ingresos exclusivamente en la actividad portuaria.

Asimismo, una inspección técnica realizada en 2025 detectó deterioro estructural en los muelles, sistemas contra incendios obsoletos y un nivel de ejecución de obras de infraestructura de apenas el 1,3% del gasto total del ente provincial.

La resolución también establece la suspensión de la habilitación del puerto por un año, aunque la ejecución de esta sanción específica se encuentra diferida para evitar la interrupción de la actual temporada de cruceros 2025-2026 y no afectar el abastecimiento de la región. No obstante, la intervención administrativa sobre la maquinaria, instalaciones y gestión de fondos es de cumplimiento inmediato.