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El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz avanzó con la cobertura de cuatro vacantes en juzgados de primera instancia a través de dos concursos. Se trata de los juzgados de Río Turbio, Puerto Deseado y Puerto Santa Cruz, incluidos en un concurso múltiple, y del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de Río Gallegos, correspondiente a otro concurso simple.
Los procesos atravesaron las distintas instancias de evaluación y ya cuentan con sus respectivos órdenes de mérito que fueron enviadas por el presidente del organismo, el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Mariani, al gobernador Claudio Vidal para que eleve a la Cámara de Diputados a quienes pretende que sean designados en cada uno de los juzgados.
En el caso del Concurso 115, fueron remitidos al Poder Ejecutivo los cinco primeros nombres para cubrir tres cargos, mientras que en el Concurso 117 se elevó una nómina de tres postulantes para una única vacante.
El avance del procedimiento ocurre en paralelo con cuestionamientos sobre la transparencia de la selección. El abogado Javier Stoessel presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia en la que pidió acceder a las actuaciones del Concurso Múltiple N° 115 y reclamó el control de legalidad de determinadas etapas del proceso. El Colegio Público de Abogados de Santa Cruz también realizó varias observaciones y pidió al Tribunal Superior de Justicia que aclare la situación de uno de los postulantes.
Dos concursos para cuatro juzgados
El Concurso Múltiple N° 115 fue convocado para cubrir tres cargos de juez de Primera Instancia del Juzgado de Instrucción Penal y Penal Juvenil N° 1, con asiento en Río Turbio, Puerto Deseado y Puerto Santa Cruz.
El resultado final ubicó en los primeros cinco lugares a María Nelia Rubini, Pamela Belén Quindós, Débora Soledad González, Anabella Gisel Dionisio Arellano y Luis Héctor Aballay.
El Concurso N° 117, en tanto, fue convocado para cubrir un único cargo: el de juez o jueza de Primera Instancia del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de Río Gallegos.
En este caso, por tratarse de un concurso simple, la lista remitida al Poder Ejecutivo quedó integrada por los tres primeros del orden de mérito: María Soledad Díaz Román, María Nelia Rubini y Elsa Haydee Pastori.
Concurso 115: todos los abogados que participaron
En el Concurso Múltiple N° 115, destinado a cubrir tres juzgados, el orden de mérito final quedó establecido de la siguiente manera:
- María Nelia Rubini: 75,49 puntos.
- Pamela Belén Quindós: 68,26 puntos.
- Débora Soledad González: 68,01 puntos.
- Anabella Gisel Dionisio Arellano: 62,75 puntos.
- Luis Héctor Aballay: 60,93 puntos.
Por debajo de la lista elevada al Poder Ejecutivo quedaron Fernando Miguel Soto, con 60,23 puntos; Ezequiel Marcelo García, con 54,26; Gustavo Rubén Insaurralde, con 46,23; y Leandro Fabián Ruggeri, con 44,68 puntos.
El concurso había comenzado con 22 aspirantes habilitados, según la nómina publicada por el Consejo de la Magistratura. Entre ellos estuvieron tambien Gustavo Alejandro Astobiza, Pablo Alejandro Báez Bermúdez, Federico Gulliver Bodlovic Chaparrotti, Lisardo Boyero, Karen Cader Mellado, Raúl Omar Cardozo, Santiago Roberto Ericksen, Maximiliano Fiol, Ezequiel Marcelo García, Gustavo Rubén Insaurralde, Fernando Daniel Jiménez Lescano, Marianela Milani, Alberto Mariano Perrone Lutri, Mariel Raquel Reinoso, Paola Silvana Reyes, Leandro Fabián Ruggeri y Fernando Miguel Soto.
Tres seleccionados para Río Gallegos
El Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de Río Gallegos tiene su propia nómina de mérito, surgida del Concurso N° 117. La lista quedó encabezada por:
- María Soledad Díaz Román: 75,63 puntos.
- María Nelia Rubini: 67,52 puntos.
- Elsa Haydee Pastori: 63,99 puntos.
El orden de mérito continuó con Pablo Gaspar Benítez, 63,58 puntos, Carina Noelia Contreras, 61,28 puntos, Gisele Nelci Carolina Zabala, 56,51 puntos, Gustavo Alejandro Astobiza, 53,89 puntos, Gonzalo Emanuel De Gracia, 50,46 puntos, Ezequiel Marcelo García, 48,26 puntos, y Gustavo Rubén Insaurralde, 45,72 puntos.
El resto de los postulantes que habían sido habilitados para participar del concurso fueron Luis Héctor Aballay, Pablo Alejandro Báez Bermúdez, Karen Noemí Cader Mellado, Leonor Estefanía Cañete, Raúl Cardozo, Carlos Cerezoli, María Soledad Díaz Román, Melissa Soledad Giacobbo, Gustavo Ángel Gonzalez Díaz, Rita Dariela Luna Garrido, Marianela Milani, Alberto Mariano Perrone Lutri, Pamela Belén Quindós, Paola Silvana Reyes, María Nelia Rubini, Cintia Belén Segura, Miguel Fernando Soto.
La jubilación de Marcela Quintana que abrió la vacante en Río Gallegos
La vacante del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de Río Gallegos se produjo a partir de la salida de la jueza Marcela del Valle Quintana.
El Poder Ejecutivo aceptó su renuncia mediante el Decreto N° 0224/2026, firmado en Río Gallegos el 18 de marzo de 2026. El instrumento señala que Quintana dejó el cargo para acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria ese mismo día.
Quintana había sido designada como titular del Juzgado en 2010. Tuvo a su cargo durante años causas de relevancia pública y, en distintos momentos de su trayectoria, recibió cuestionamientos de distintos sectores por su actuación en determinados expedientes. Entre esos antecedentes se encuentra un pedido de jury impulsado por Judiciales en 2016 por el trámite de una denuncia por presunta malversación en la Caja de Servicios Sociales.
En septiembre de 2025, cuando la Cámara de Diputados había sido convocada a una sesión secreta para tratar las ternas de nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia, Quintana notificó a la Legislatura una medida cautelar que ordenaba suspender durante diez días el tratamiento de esas ternas. La medida había sido dictada a partir de una presentación vinculada con la ampliación del máximo tribunal provincial.
Río Turbio: la jubilación de Bettina Bustos y los cuestionamientos previos
En Río Turbio, la vacante se originó con la jubilación de la jueza Bettina Rita Guadalupe Bustos, quien estaba al frente del Juzgado Provincial N° 1 de Instrucción y Penal Juvenil.
El Decreto N° 0439, firmado el 16 de mayo de 2025, aceptó su renuncia a partir del 1 de agosto de 2025, con motivo de su acogimiento al beneficio de la jubilación ordinaria.
Bustos había sido designada en ese cargo en 2005. Su salida estuvo precedida por distintos cuestionamientos. En diciembre de 2024, el gremio Judiciales había solicitado al Tribunal Superior de Justicia que iniciara un proceso de jury contra la magistrada en relación con su intervención en el denominado operativo “Empleado infiel”, una investigación que incluyó el secuestro de armas que habían sido sustraídas de un depósito judicial.
Ese antecedente volvió a aparecer ahora en el marco del concurso. La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz, Diana Huerga Cuervo, explicó en radio LU12 AM680 que la entidad pidió información al TSJ sobre las actuaciones administrativas y disciplinarias relacionadas con las armas que estaban bajo custodia del juzgado. La dirigente recordó que las armas habían sido secuestradas y debían permanecer bajo custodia judicial, pero luego fueron encontradas durante un allanamiento policial.
Huerga Cuervo señaló que el hecho derivó en una causa penal y que, a partir de ello, el Colegio entendió que también debían existir actuaciones administrativas o disciplinarias. El reclamo adquirió nueva relevancia cuando la entidad advirtió que Anabella Gisel Dionisio Arellano, quien había sido secretaria penal del juzgado durante la gestión de Bustos y continúa desempeñándose en esa dependencia, quedó incluida entre los cinco primeros lugares del Concurso 115.
La titular del Colegio aclaró que la entidad recibió además el reclamo de un abogado matriculado que participó del concurso y que impugnó el procedimiento. “También tuvimos un reclamo de un matriculado postulante que hizo, impugnó el concurso y nos remitió la impugnación y pidió el acompañamiento del Colegio”, relató.
Según explicó, entre los planteos formulados por el postulante se encontraba la falta de acceso pleno a determinadas actuaciones, a su evaluación psicológica y a los exámenes de otros concursantes. Por eso, el Colegio solicitó información sobre esos aspectos y sobre las actuaciones administrativas vinculadas al juzgado de Río Turbio.
Puerto Deseado: la jubilación de Oldemar Villa
La vacante de Puerto Deseado se produjo luego de la jubilación del juez Oldemar Antonio Villa, quien estuvo durante aproximadamente 18 años al frente del Juzgado de Instrucción Penal y Penal Juvenil N° 1. El Decreto N° 0504, firmado el 9 de junio de 2025, aceptó su renuncia a partir del 1 de julio de 2025 para acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria.
Tras su retiro, la dependencia quedó sin juez titular. La subrogancia fue asumida por la jueza civil Jésica Hernández, quien ya había cumplido esa función anteriormente durante una licencia médica de Villa. La situación se mantuvo hasta la apertura del Concurso Múltiple N° 115, que incluyó el cargo entre los tres puestos a cubrir.
Puerto Santa Cruz: la renuncia de Noelia Ursino
La tercera vacante corresponde al Juzgado de Instrucción Penal y Penal Juvenil N° 1 de Puerto Santa Cruz, que durante años estuvo a cargo de la jueza Noelia Romina Ursino.
Ursino presentó su renuncia en 2025, cuando se encontraba atravesando un proceso de jury de enjuiciamiento. La magistrada había sido suspendida preventivamente mientras avanzaba ese procedimiento. El gobernador Claudio Vidal aceptó la renuncia mediante el Decreto N° 763, con efectos desde el 4 de septiembre de 2025.
La salida se produjo luego de otros antecedentes disciplinarios. Según había informado La Opinión Austral, el Tribunal Superior de Justicia había aplicado una multa a Ursino luego de una denuncia presentada por dos trabajadoras del juzgado, quienes señalaron que habían sido convocadas fuera de su horario laboral y que, ante la falta de respuesta, personal policial se presentó en sus domicilios. Además, se había iniciado contra la magistrada un proceso de jury por prevaricato.
Javier Stoessel pidió transparencia ante la Justicia
En paralelo con la finalización del concurso, el abogado Javier Stoessel presentó ante el Tribunal Superior de Justicia una acción vinculada con el concurso múltiple. En su presentación sostuvo que los jueces tienen estabilidad en sus cargos y que su remoción requiere un procedimiento especial, por lo que consideró que la selección debe contar con garantías de transparencia.
Stoessel planteó cuestionamientos sobre el acceso al expediente y a las actas del concurso, el desarrollo de las entrevistas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de conocer qué puntaje otorgó cada integrante del Consejo de la Magistratura durante esa instancia.
También denunció que el orden de mérito habría circulado antes de su notificación oficial.
El abogado señaló que su planteo no busca que el Poder Judicial sustituya al Consejo de la Magistratura en la evaluación de los postulantes, sino que ejerza un control de legalidad sobre el procedimiento.
En ese sentido, pidió que se permita acceder al expediente, a las actas y a las evaluaciones, además de conocer el puntaje y la fundamentación de cada integrante del órgano. Entre sus planteos también solicitó que, si se acreditaran las irregularidades denunciadas, se deje sin efecto la etapa cuestionada y se realicen nuevamente las entrevistas bajo condiciones de igualdad e imparcialidad.
Uno de los puntos que aparece en la presentación está relacionado con Leandro Ruggeri, Coordinador General de YCRT, quien obtuvo 44,68 puntos y quedó en el noveno lugar del orden de mérito del Concurso 115. Según consta en los documentos del Consejo de la Magistratura su desempeño y antecedentes lo mantenían en carrera para ubicarse dentro de los cinco primeros postulantes pero un muy mal puntaje en la entrevista personal lo bajó al anteúltimo lugar. Pero, no obstante, en los pasillos de la justicia se preguntan ¿por qué insiste sabiendo que no le dio el puntaje? Es decir, salió noveno entre diez.
El próximo paso
Ahora, con los órdenes de mérito ya elevados al Poder Ejecutivo, el proceso entra en una nueva etapa: será el gobernador Claudio Vidal quien deberá definir los nombres que propondrá a la Cámara de Diputados para ocupar las cuatro vacantes.
La definición de los nuevos magistrados quedará así atravesada por dos cuestiones en paralelo: la necesidad de completar juzgados que llevan meses sin titular y los planteos realizados durante el concurso, que deberán ser resueltos en las instancias correspondientes.
Mientras tanto, los cuatro juzgados continúan a la espera de una designación definitiva, en un proceso que puso nuevamente bajo análisis el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y los mecanismos utilizados para seleccionar a quienes estarán al frente de los tribunales penales de la provincia.
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