Los tres poderes del estado en disputa por las ternas para el Tribunal Superior de Justicia

La designación de los nuevos vocales para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) quedó en medio de un grave conflicto entre los tres poderes del estado. Como anticipamos en La Opinión Austral, el tema es de difícil resolución y podría verse agravado aún más si el máximo órgano judicial de la provincia define que la ley que llevó a aumentar el número de vocales es inconstitucional.

Este jueves, en sesión secreta, finalmente fueron dos los vocales elegidos por la mayoría de la Cámara de Diputados, sesión que también podría ser judicializada. En ese contexto, se aprobó por la designación de Sergio Edgardo Acevedo y José Antonio González Nora como nuevos jueces del TSJ. Durante la sesión, además de aprobar las designaciones de Acevedo y González Nora, una terna fue devuelta a la Comisión de Asuntos Constitucionales para continuar en análisis, mientras que otra regresó al Poder Ejecutivo por no cumplir con los requisitos previstos.

Se trata de la terna conformada por la doctora Gabriela Castro (actual presidenta del Tribunal de Cuentas y cuñada del diputado Pedro Luxen), a Gabriel Contreras Agüero (actual juez de Caleta Olivia) y Fernando Kustich, abogado de la Caja de Servicios Sociales, fue enviada al Gobierno de Santa Cruz para establecer una nueva terna, porque uno de los integrantes, Gabriela Castro, no cumplía con lo que especifica la ley en cuanto a la cantidad de años en el ejercicio de la abogacía.

En el caso de la otra terna que no fue tratada este jueves por la Legislatura, es la integrada por Lucio de la Vega, Natalia Linardi y Julián Michavila. Ésta fue enviada nuevamente a comisiones para su revisión, para terminar de verificar que se cumplan todas las cuestiones técnicas previstas en la ley, según informó el oficialismo integrado por el bloque de “Por Santa Cruz” al término de la sesión.

El paso a paso

El 28 de agosto de este año, con el voto de los diputados de “Por Santa Cruz” se sancionó la ley que sumó 4 nuevos vocales al máximo órgano judicial de la provincia. Hubo trece votos a favor, dos abstenciones y nueve en contra. El proyecto de ley había sido presentado por el bloque oficialista pero fue respaldado por el Poder Ejecutivo.

El 10 de septiembre, el Poder Ejecutivo –tal como establece la Constitución Provincial- envió las ternas para cubrir las cuatro vacantes que se abrieron a partir de la reforma de la ley que propició cambiar de 5 a 9 la cantidad de vocales. Una de las ternas era la de Gabriela Castro; Gabriel Contreras y Fernando Kustich (la que ahora regresó al Poder Ejecutivo). Otra estaba compuesta por Sergio Acevedo; Norberto Castello y Marcelo Quintero. La siguiente por Lucio De la Vega, Natalia Linardi y Julián Michavila (regresó a comisiones). Finalmente, la terna de Ramiro Castillo; José Antonio González Nora y David Ghizzardi. Ante la intervención de la justicia, se decidió seguir adelante ya que se entendía que los procesos realizados hasta ese momento no constituían ninguna transgresión a la ley.

El conflicto también abarca al Legislativo que trató y prestó acuerdo para nombrar a dos jueces. El primer punto de controversia en este caso fue, sin embargo, el tratamiento de los pliegos –el 23 de septiembre– en la comisión de Asuntos Constitucionales desde donde se despacharon las ternas para que sean aprobadas este jueves. Y, además, la sesión propiamente dicha en medio de otra presentación judicial para impedir el tratamiento de las ternas, por parte de la jueza Penal, Marcela Quintana (desde la Cámara de Diputados sostienen que llegó después de la sesión).

Finamente, el otro poder del estado en conflicto es el Judicial. El 19 de septiembre, el juez Civil Marcelo Bersanelli frenó el tratamiento de las ternas hasta que se resuelva el tema de fondo: si la ley aprobada en la Legislatura, modificando la cantidad de vocales del TSJ, es o no constitucional. En este último caso, como ya anticipó La Opinión Austral, el plazo máximo para tomar ésta decisión sería -como fecha límite- el viernes 3 de octubre.

Constitucional sí o no

¿Y ahora? Lo que usualmente pasa cuando se elije un nuevo vocal en el TSJ, al menos de acuerdo a lo que se viene dando con otros funcionarios, es por medio de una acordada en una mesa de acuerdo con todos los integrantes que componen el cuerpo. Resulta casi seguro que, hasta que los propios integrantes del TSJ no definan sobre la constitucionalidad de la ley, no les presten juramento a los dos nuevos vocales.

¿Qué viene después? Una pregunta que aún no tiene respuesta es qué pasaría en caso que el TSJ definiera la inconstitucionalidad de la elección de los nuevos vocales. Lo usual es que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero en el mientras tanto ¿Qué ocurrirá con los magistrados ya designados por la Cámara de Diputados? La lógica sería que no puedan asumir, pero en caso que lo hagan, cada caso en el que intervengan podría ser declarado nulo.

Para tomarles jura a los nuevos vocales debe hacerse mediante una Acordada de los integrantes del TSJ

Todo eso demandará meses por no decir años. Ese es el gran conflicto institucional en el que se encuentra hoy la provincia de Santa Cruz. Nada asegura, además, que la Corte quiera inmiscuirse en un tema de neto corte local, por lo que –siempre previendo el escenario anterior que se declare la ley inconstitucional- la controversia regresaría a la provincia sin una solución definitiva.

El escenario de intervención federal

¿Hay amenaza de intervención federal? Tanto el gobernador Claudio Vidal como el vicegobernador Fabián Leguizamón han deslizado la posibilidad que, ante este conflicto de poderes, se pueda pedir la intervención del Poder Judicial de Santa Cruz. Según la Constitución, la intervención federal a la justicia de una provincia la puede solicitar una autoridad provincial constituida (Art. 6 de la Constitución Nacional), pero la declaración corresponde al Congreso de la Nación a través de una ley, o el Presidente de la Nación si el Congreso está en receso. En este último caso, el Presidente debe convocar inmediatamente al Congreso para que ratifique su decisión.

De esta forma, la intervención de la justicia de una provincia la puede pedir el Poder Ejecutivo de Santa Cruz, pero las causales para que eso ocurra deben ser de carácter muy graves. Por ejemplo, si las autoridades fueran depuestas por una sedición o alzamiento interno. Ahora bien, su la pide el Gobierno Federal, la Constitución dice que es para garantizar la forma republicana de gobierno. Se aplica cuando una provincia no respeta los principios republicanos establecidos en la Constitución, como el sistema electoral, la división de poderes, o la administración de justicia, todo esto debidamente comprobado.

Las causales para que eso ocurra una intervención federal deben ser de carácter muy graves.

De todos los escenarios posibles este es sin dudas el peor. Por ejemplo, cualquier acto del interventor que genere responsabilidades civiles o penales será juzgado por la justicia federal competente en la provincia intervenida. En ese marco, hoy la provincia se encuentra inmersa en un conflicto sin precedentes, de muy difícil resolución y que amenaza con extender en el tiempo durante meses o quizás hasta años.