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La Casa Rosada volvió a encender las alarmas en las provincias. En una reunión encabezada por el presidente Javier Milei con veinte gobernadores, el Gobierno nacional anunció que no enviará más los fondos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos (ICL), que hasta ahora eran utilizados por las jurisdicciones para financiar obras viales, mantenimiento de rutas y proyectos de infraestructura.
En el caso de Santa Cruz, según el Gobierno de la Provincia, la medida representaría un recorte superior a los $5.000 millones anuales, afectando directamente los programas provinciales de conectividad y las obras en ejecución en distintos puntos del territorio.
Golpe a la infraestructura vial en el sur
El impuesto a los combustibles constituye una de las fuentes más importantes de financiamiento para el mantenimiento de rutas provinciales y caminos secundarios, en una provincia de grandes extensiones y baja densidad poblacional, donde la red vial es esencial para la actividad económica y social.
Fuentes cercanas al Ministerio de Economía santacruceño advirtieron que la decisión nacional “pone en riesgo la continuidad de obras estratégicas y el mantenimiento de la red vial”, que ya venía sufriendo por la caída de transferencias discrecionales.
Además, los municipios que dependen de estos fondos para mantener caminos rurales y accesos a localidades pequeñas también quedarían comprometidos.
Ajuste fiscal y tensión política
Durante el encuentro en la Casa Rosada, Milei presentó los principales lineamientos del Presupuesto 2026, en el marco de una nueva etapa de ajuste fiscal que busca consolidar el equilibrio de las cuentas públicas.
El Presidente también confirmó que impulsará una reforma laboral y tributaria integral, con la promesa de “simplificar impuestos, promover la inversión privada y reducir la carga sobre las empresas”.
Aunque el encuentro fue presentado como un gesto de diálogo federal, varios mandatarios plantearon su preocupación por el impacto real de los recortes sobre las economías locales.
Un recorte que se siente más en provincias como Santa Cruz
En distritos de alta dependencia de la obra pública, como Santa Cruz, la suspensión del envío de fondos del ICL puede traducirse en menos inversión, pérdida de empleos y deterioro en la conectividad vial.
El Gobierno provincial, que en los últimos meses avanzó con proyectos de energía, infraestructura portuaria y desarrollo productivo, podría verse obligado a reprogramar partidas o buscar financiamiento alternativo para sostener los compromisos vigentes.
“Estamos ante una nueva transferencia del ajuste hacia las provincias. En el caso de Santa Cruz, el impacto será directo sobre la obra pública y la infraestructura”, se indicó desde una fuente provincial a La Opinión Austral.
Un país más ajustado, un federalismo en tensión
El anuncio se da en un contexto político en el que Milei se siente fortalecido tras las elecciones parlamentarias, donde su espacio logró consolidar poder en el Congreso. Con ese respaldo, el Presidente busca acelerar la aprobación de las reformas estructurales antes de fin de año, durante el período de sesiones extraordinarias.
Mientras tanto, los gobernadores deberán definir una posición común frente al nuevo escenario fiscal. Algunos analistas advierten que el retiro del ICL podría acentuar las brechas regionales, dejando a provincias patagónicas como Santa Cruz en una situación más vulnerable frente al centralismo económico.
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