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Tras resultar electa como vocal en representación de los trabajadores activos en la Caja de Servicios Sociales (CSS), Natalia Huaiquil visitó los estudios de LU12 AM680 para explicar las prioridades de la gestión que asumirá próximamente en el Directorio y analizar la situación del organismo provincial.
“La salud es un sector muy sensible. Cuando el afiliado recurre a la Caja es justamente por una necesidad médica”, explicó en el inicio de la entrevista. Sobre la coyuntura que atraviesa el sistema de salud provincial, señaló que la obra social sufre el impacto directo de las políticas de ajuste: “La salud pública en general ha recibido golpes muy duros por recortes a nivel nacional y provincial, y en todo esto la Caja no queda al margen de la situación”.
Al evaluar la situación de los trabajadores estatales que dependen de las prestaciones de la obra social, sostuvo: “Atravesamos un panorama sumamente complejo por la falta de medicamentos de alto costo, insumos para enfermedades crónicas, dosis de insulina, tratamientos para pacientes trasplantados y las derivaciones. Es un conjunto de factores que agrava la situación. Mi mirada es que el afiliado estaba necesitando una postura firme y de alguien que levante la voz“.
En ese marco, dio detalles sobre un encuentro que mantuvo con las autoridades del organismo, encabezadas por el presidente Sergio Zapatero —quien asumió recientemente en el cargo— y el gerente general Javier Aybar, donde consultó por el corte de prestaciones por parte de la clínica privada Medisur.
“Nos presentaron y tuvimos la oportunidad de reunirnos con Zapatero y Aybar. Nos contaban el tema de las negociaciones por las deudas acumuladas y las gestiones para empezar a regularizarlas. Por lo que nos expresaron, todavía no llegaron a un acuerdo con Medisur. Han dado propuestas a la clínica sobre fechas y cronogramas de pago, pero creería que por el momento no llegaron a un acuerdo, así que en el medio quedan los afiliados“, advirtió.
Vademécum y salud mental
Uno de los objetivos centrales que se plantea llevar adelante durante su mandato es la revisión de la cobertura del vademécum institucional.
“Contamos con un equipo médico para abordar este tema. El análisis del vademécum es uno de nuestros objetivos para el momento de asumir. Hoy no tenemos números certeros de cuál fue el beneficio o el impacto financiero de estos recortes que se vienen haciendo desde 2024. Lo que nos expresaron las autoridades es que ajustaron el vademécum al esquema nacional“, detalló.
En esa línea, cuestionó la falta de datos sobre el impacto real de las medidas de austeridad: “No sabemos cuál fue el ahorro real generado con estos recortes, porque cuando hacés recortes justamente es para ahorrar y no tenemos los números. El gerente general nos explicaba que en realidad se retiraron medicamentos que pasaron a ser de venta libre. Necesitamos analizarlo con personal técnico y de salud pública que nos diga cuál es el plan previsto para los tratamientos que más preocupan, como los oncológicos y de salud mental, que son extremadamente costosos”.
Al profundizar sobre la atención en salud mental, citó conversaciones mantenidas con profesionales del sector: “Hablábamos con el doctor Morelli y nos planteaba la preocupación por la medicación en salud mental, de la que tanto se habla hoy en día pero sobre la que no se actúa en consecuencia. No es lo mismo el tratamiento para dos personas con el mismo diagnóstico, cada paciente necesita su tratamiento específico. ¿Por qué tenés que ajustar la medicación al paciente en vez de garantizarle un buen tratamiento? No tenemos que naturalizar el ir adaptándonos a lo que pretenden los que gobiernan; el gobernante se tiene que adaptar a nuestra realidad“.
Asimismo, señaló falencias edilicias en los espacios de votación e instituciones de la obra social, además del colapso generado por la modificación de los sistemas digitales: “En Río Gallegos las instalaciones no están adaptadas para personas con movilidad reducida o adultos mayores. A eso se suma la atención en la Caja, donde hay un espacio reducido y se dio un cambio de sistema informático. Se dejó de usar la plataforma Traditum y se contrató a una nueva empresa que recién se está adaptando. Entonces el sistema se cae, el afiliado tiene que ir presencialmente a autorizar estudios o remedios y se genera una acumulación de gente en un espacio chico que no tiene prevista la atención prioritaria para los adultos mayores”.
Niños derivados y presencia territorial
Huaiquil planteó además la urgencia de resolver las demoras administrativas que sufren los pacientes derivados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ejemplificando con la situación de un niño de 8 años en tratamiento.
“Estamos al tanto del caso y esperando contactarnos con la familia para plantearlo ante las autoridades. La semana pasada tuvimos comunicación con varias familias y pudimos destrabar casos por falta de medicamentos. Son situaciones con niños que nos conmueven profundamente. Un padre desesperado nos llamaba porque su hija llevaba ocho días sin recibir el medicamento. Hablamos de la vida de las personas y hay que ponerse en el lugar de esa familia”, aseveró.
En relación a la provisión de medicamentos en el interior de Santa Cruz, alertó que el escenario empeoró tras el cierre de cadenas de farmacias. A su vez, remarcó la necesidad de fiscalizar a las empresas contratadas para brindar atención a distancia e internación domiciliaria en CABA: “Hay que ver qué empresas prestan servicios de internación domiciliaria y telemedicina. Muchas veces estás detrás de una firma pero no sabes si hay un médico, una enfermera o un administrativo. La tecnología nos exige adaptarnos, pero requiere mecanismos claros de control“.
Por otra parte, ratificó su compromiso de recorrer la provincia para relevar las necesidades de manera presencial: “Le planteamos al presidente la necesidad de visitar las localidades del interior y nos dijo que sí. Vengo del Tribunal de Cuentas y conozco el tema de los fondos; siempre que se quiere hacer una comisión surge la excusa de que no hay recursos para viáticos. Nosotros vamos a hacer lo imposible para llegar a las localidades. Fondos hay, el Estado no se quiebra ni se funde. Todas estas problemáticas se profundizan en el interior, donde muchos afiliados sienten que pareciera que Dios atiende en Río Gallegos“.
Para organizar el trabajo institucional, buscará integrar formalmente a quienes la acompañaron en la lista: “Queremos armar un equipo de trabajo entre los cuatro candidatos que nos presentamos para mantener la presencia y que el suplente no quede colgado. Mi suplente fue Luis Huanca, de Caleta Olivia, y me encantaría que pueda trabajar en conjunto conmigo desde allá. Las localidades necesitan mucha presencia, por lo que una propuesta central es entrar a reglamentar la vocalía, que hoy no tiene definida su misión, sus funciones ni la estructura de su equipo”.
Finalmente, apuntó contra las exigencias burocráticas sobre los pacientes con patologías crónicas: “Hoy es prioritario resolver la falta de medicamentos. Son tratamientos que no se pueden cortar y la gente los está cortando. Muchos nos dicen que están fraccionando el consumo de insulina. El sistema prohíbe pedir dos veces en un mismo mes aunque la medicación cubra 28 días, dejando días colgados sin dosis. Se está ejerciendo un control desmedido sobre el afiliado”.
“Vengo del control y me parece que el control debe ir para arriba, hacia las droguerías y las empresas proveedores. Es un contrasentido pedirle análisis cada tres meses a personas con enfermedades crónicas irreversibles para autorizarles la medicación. Esos requisitos solo sirven para dilatar los tratamientos. Incluso hay afiliados derivados que nos dicen ‘me pago el pasaje, pero por favor denme la derivación para atenderme’, demostrando la desesperación por acceder a su salud”, concluyó.
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