Vía un DNU el presidente Javier Milei anuló la obligación presupuestaria de los giros que la Anses le realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. Entre ellas la Caja de Previsión Social de Santa Cruz (CPS).
Desde la asunción del presidente Javier Milei esas transferencias no se realizan y venían siendo reclamadas. En el caso del Gobierno de Santa Cruz, estimó hace un mes, una merma superior a los $8 mil millones semestrales y “unos 16.000 millones anuales” reconoció el presidente de la CPS, Marcial Cané a LU12 AM680.
Decisión
El artículo 93 marca que “una vez determinado el resultado definitivo del déficit previsional anual, se deducirán del monto total a transferir por el Estado nacional los anticipos a valores históricos. La diferencia resultante se actualizará considerando la variación del índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) entre el mes de julio del año que se está cancelando y el mes anterior al del pago”.Y el artículo 94, tampoco prorrogado, facultaba al Poder Ejecutivo nacional a dictar las normas aclaratorias al régimen dispuesto en los artículos 92 y 93 de la ley 27.701.
A la Justicia
Ya en el mes de diciembre, las provincias recibieron partidas “sin actualizar” y desde enero directamente dejaron de recibirlas. Ahora con esta decisión formalizada a través del DNU, ya hay gobernadores que anticipan que volverán a ir a la Justicia por este tema.
Uno de ellos fue Maximiliano Pullaro de Santa Fe, quién cuestionó duramente su decisión. Por su parte, el secretario de Seguridad Social santafesino, Jorge Boasso, en una entrevista al diario La Capital de Rosario ratificó la intención de ir a la Justicia si no hay marcha atrás con el DNU.
Para el funcionario se trata de “una apropiación indebida de fondos“. Y remarcó que “Nación le debe a Santa Fe alrededor de $700 mil millones”, planteando que “hay que terminar con el unitarismo y construir un país federal en serio”.
Ante esto, el referente de la Seguridad Social santafesino planteó la necesidad de “aprobar urgente una ley de coparticipación inversa, es decir que recauden municipios y provincias y después coparticipen a la Nación”. Y recalcó: “Las Cajas de jubilaciones no son casta” sino “los aportes de los trabajadores durante su vida laboral” volviendo a señalar que la provincia analiza recurrir a la vía judicial para frenar el recorte.
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