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El tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la modificación del régimen de tierras que llevará adelante el Senado de la Nación este jueves encendió el debateen el ámbito productivo campestre.

En el sector se contrapone la atracción de inversiones y la certeza jurídica y el avance de capitales que adquieren campos para convertirlos en reservas ecológicas, un fenómeno que reconfigura la ocupación del territorio y genera fuertes controversias en las provincias del sur.

Desde la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) coincidieron en lo expresado expresada por legisladores provinciales: “Los riesgos del abandono productivo y la adquisición de campos por parte de entidades que, bajo el argumento de la ‘restauración ecológica’, retiran alambrados, erradican la actividad y generan zonas donde la fauna predadora proliferante termina impactando directamente sobre los establecimientos vecinos en producción”.

Enrique Jamieson, presidente de la FIAS. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Advirtieron que “la proliferación de estos esquemas sin regulación ha dejado en evidencia que la inacción normativa afecta la continuidad de la ganadería extensiva y desarticula el entramado socioeconómico del interior santacruceño”.

Sin embargo, desde la entidad indicaron que “el camino no debe ser la prohibición absoluta del capital ni el freno a las inversiones, sino la reglamentación inteligente del uso de la tierra a nivel provincial“. Sobre este punto, explicaron que “Santa Cruz necesita acompañar los debates de apertura y certeza jurídica nacional con un marco normativo propio que garantice que toda propiedad en suelo santacruceño —independientemente del origen de sus titulares— esté sujeta a planes concretos de producción, desarrollo local y generación de empleo“.

Para avanzar en esa línea, la entidad detalló una serie de “Ejes para la Reglamentación Provincial del Uso del Suelo“:

Uso productivo obligatorio y diversificado: La adquisición de tierras en la provincia debe estar supeditada a proyectos productivos auditables. Celebramos la radicación de inversiones destinadas a la minería, los hidrocarburos, el desarrollo de hidrógeno, las energías renovables o el aprovechamiento forrajero en valles, así como iniciativas de conservación científica. No obstante, en la matriz de uso del suelo, la ganadería ovina y vacuna debe ser preservada como eje estructurante de la ocupación territorial.”

Defensa de la génesis ganadera y sostenibilidad a largo plazo: La ganadería no solo representa la primera actividad económica e identidad histórica de Santa Cruz, sino que es la única actividad renovable que permanecerá activa y fijando población rural cuando los ciclos extractivos de los recursos no renovables hayan concluido.”

Integración de conservación y ganadería sustentable: La adquisición o destinación de campos para la conservación de flora y fauna no debe significar el vaciamiento ni el abandono del espacio rural. Toda iniciativa de conservación debe contemplar e integrar de manera obligatoria el desarrollo de una ganadería sustentable y regenerativa, demostrando en el territorio que la preservación de los ecosistemas nativos y la producción ganadera responsable no solo son compatibles, sino perfectamente posibles de forma simultánea.”

Revisión del ordenamiento territorial: La provincia cuenta con una amplia red de Parques Nacionales y Áreas Protegidas. El foco legislativo debe centrarse en delimitar claramente las zonas con vocación productiva respecto de aquellas destinadas a la preservación, asegurando que la soberanía territorial se traduzca en trabajo, infraestructura y presencia efectiva en el territorio.”

Finalmente, desde FIAS ratificaron “nuestro compromiso para colaborar activamente con la Legislatura Provincial en la redacción de un proyecto de ley que promueva la llegada de inversiones, proteja el recurso suelo y garantice la continuidad del sector ganadero como pilar del desarrollo de Santa Cruz”.

El debate en el Congreso y las repercusiones políticas

El posicionamiento de la entidad del campo se inserta en una discusión de alto voltaje en el Senado. Defendiendo la iniciativa oficialista, la senadora Patricia Bullrich sostuvo que “propiedad no es soberanía” y remarcó que la reforma introduce certezas de seguridad jurídica sin ceder la potestad del Estado. Además, confirmó que tras las negociaciones se fijó un límite del 25% para la venta de tierras a extranjeros por provincia y se estableció la prohibición explícita de compra para Estados o empresas estatales extranjeras.

Desde la oposición, el rechazo a la iniciativa fue categórico. En declaraciones a La Opinión Austral, la diputada nacional Ana María Ianni advirtió sobre los continuos giros en la redacción al señalar que “el proyecto de ley de Tierras acumula 16 borradores” y alertó sobre los peligros que conlleva levantar las restricciones a la extranjerización, remarcando el impacto directo que tendrá sobre los recursos naturales de Santa Cruz y la Patagonia.

En la misma línea, el senador Carlos Linares afirmó a La Opinión Austral que desde su bloque rechazarán de plano el proyecto “porque pone en riesgo la soberanía“. Linares cuestionó duro el nuevo tope propuesto por el oficialismo al expresar que “si realmente plantean un 25% sigue siendo un horror; estamos hablando del 25% de las tierras productivas de una provincia”, advirtiendo además que la norma deja expuestos cuerpos de agua, orillas de lagos y ríos en todo el territorio nacional.

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