Punta Loyola y el Municipio se enfrentarán este miércoles en una audiencia judicial por la basura

La disputa por la dispersión de residuos plásticos provenientes del relleno sanitario llegará nuevamente a la Justicia este miércoles 4 de noviembre, cuando se realice una audiencia entre los representantes de la Estancia Punta Loyola y la Municipalidad de Río Gallegos.

El encuentro se desarrollará en el marco de una acción de amparo ambiental presentada en junio de 2025 por los responsables del establecimiento rural, luego de intentar obtener respuestas por distintas vías administrativas. El expediente N.º 22197/2025 tramita en el Juzgado de Primera Instancia N.º 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, actualmente a cargo de la jueza María Belén Aguiar.

El reclamo apunta a detener la dispersión de residuos sólidos urbanos hacia los campos de la estancia y exigir que el predio municipal funcione de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto original y el Estudio de Impacto Ambiental.

Un reclamo por 5.000 hectáreas afectadas

El administrador de la Estancia Punta Loyola, Javier Álvarez Bento, volvió a exponer la situación durante una entrevista con Radio LU12 AM680, en la que describió las consecuencias que genera la llegada de bolsas, botellas y otros residuos a los sectores destinados a la producción ganadera.

Según explicó, el problema comenzó en octubre de 2023, cuando se puso en funcionamiento el nuevo predio de disposición final de residuos, ubicado a aproximadamente un kilómetro de los campos de la estancia.

Los relevamientos realizados identificaron una superficie cercana a las 5.000 hectáreas comprometidas por la dispersión de basura. La situación obligó a reducir la utilización de esos sectores para la actividad ovina y retirar animales para evitar que consuman los plásticos.

Además, un informe técnico elaborado en abril de 2025 detectó microplásticos en el 75,67% de las muestras de materia fecal analizadas en el establecimiento. También se identificó la presencia de fragmentos plásticos en la vegetación.

Álvarez Bento señaló que la estancia debió modificar su esquema productivo y que las consecuencias también alcanzaron a su estructura laboral.

Cuestionamientos

Uno de los puntos centrales del planteo está relacionado con las condiciones en las que se depositan los residuos. Según denunció el administrador, el proyecto contemplaba que la basura llegara compactada en bloques para reducir las posibilidades de dispersión por efecto del viento.

Sin embargo, sostuvo que los camiones descargan los residuos directamente en el terreno y que posteriormente se realizan tareas de cobertura con tierra, sin cumplir con el procedimiento de compactación previsto.

La problemática también fue abordada por la Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz. Su titular, Diego Procopio, confirmó a La Opinión Austral que el organismo realizó cuatro inspecciones en el predio, entre diciembre de 2025 y octubre de 2026.

De acuerdo con lo informado por el funcionario, el establecimiento presenta deficiencias operativas vinculadas con la disponibilidad de maquinaria, la cantidad de personal y las condiciones de tratamiento y disposición final de los residuos.

Además, indicó que la Declaración de Impacto Ambiental se encuentra vencida desde 2025 y que el Municipio todavía debe presentar una auditoría ambiental de cumplimiento para avanzar en su actualización.

La Provincia intimó tanto a la Municipalidad como a la empresa operadora, Nueva Santa Cruz, y advirtió que, ante el vencimiento de los plazos otorgados, avanzará con un sumario administrativo.

Qué deberá analizar la Justicia

En el amparo ambiental, los responsables de la estancia solicitaron que se ordene el cese de las actividades que generan la dispersión de residuos, la ejecución de las obras necesarias para adecuar el funcionamiento del predio y la realización de tareas de saneamiento y recomposición de los sectores afectados.

También pidieron la intervención de la Secretaría de Estado de Ambiente como tercero interesado, por su responsabilidad como autoridad de aplicación y por haber intervenido en la aprobación del estudio ambiental.

La última audiencia judicial se había realizado en agosto de 2025. En aquella oportunidad se dispuso una inspección ocular, concretada en diciembre de ese año.

Ahora, con la intervención de la jueza María Belén Aguiar, las partes volverán a encontrarse para abordar el reclamo que lleva más de un año y medio en la Justicia y que mantiene en discusión las responsabilidades por la disposición final de los residuos y sus consecuencias sobre los establecimientos rurales cercanos a Río Gallegos.