Rasgido expresó preocupación por el pedido de ADOSAC sobre reducir jornada a estudiantes con discapacidad: “La educación inclusiva no se negocia”

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, manifestó públicamente su preocupación por algunos puntos solicitados por el gremio docente ADOSAC durante la reunión paritaria realizada el pasado 12 de noviembre en la provincia de Santa Cruz.

Bajo la consigna “La educación inclusiva no se negocia: se garantiza, se protege y se promueve”, la titular del organismo educativo provincial utilizó sus redes sociales para cuestionar un pedido sindical relacionado con la inclusión escolar de estudiantes con discapacidad.

De acuerdo a lo expuesto por la presidenta, uno de los puntos planteados por el gremio solicitaba que el Consejo Provincial de Educación tenga intervención sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con el objetivo de determinar cuántas horas de carga horaria debería cumplir un estudiante con discapacidad dentro de la escuela.

“La educación inclusiva no se negocia: se garantiza, se protege y se promueve”, enfatizó Iris Rasgido.

En ese marco, la presidenta resaltó los avances logrados en la provincia en la materia y destacó el valor institucional del Proyecto Pedagógico Individual para la Inclusión, reconocido a nivel nacional y construido de manera participativa junto a docentes, equipos técnicos y familias.

“Santa Cruz ha alcanzado importantes progresos en inclusión educativa, consolidando proyectos que ponen en el centro los derechos de los y las estudiantes y la eliminación de barreras”, remarcó desde su rol institucional.

Rasgido advirtió que la solicitud sindical responde a una visión desactualizada de la discapacidad y contradice el marco normativo vigente. Según explicó, no se alinea con las leyes provinciales ni nacionales, y tampoco con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Además, afirmó que la discapacidad no es una condición inherente a la persona, sino el resultado de entornos que presentan barreras, y alertó que establecer o reducir la jornada escolar de un estudiante a partir de una certificación externa podría constituir un acto discriminatorio y violatorio de derechos.

“Definir la jornada desde un certificado externo y no desde un proyecto pedagógico individualizado centrado en apoyos, ajustes y participación, implicaría desigualdad. Reducir la jornada escolar podría ser discriminatorio”, sostuvo.

Finalmente, la titular del Consejo reafirmó el compromiso de su gestión con una educación garantista y enfocada en la diversidad: “La educación inclusiva no se negocia. No daremos un paso atrás en los derechos conquistados. Seguiremos trabajando para reconocer y atender la diversidad en las aulas y en la sociedad”, concluyó en su comunicado digital.