Carlos Ramos renunció como presidente del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz. Así lo pudo confirmar este jueves La Opinión Austral, luego de que el funcionario presentara su renuncia “indeclinable” ante el gobernador de la provincia, Claudio Vidal. Dijo que desempeñó su cargo “con absoluta honradez” y confirmó que su dimisión será efectiva a partir de este 18 de abril.
Por su parte, Vidal reconoció en el ahora ex vocal “un gesto de grandeza que no es común en estos tiempos y que agradezco. “Uno ve a algunos agarrados con garras y dientes a sus cargos, con tal de preservar sus privilegios”, aseguró el mandatario.
El alejamiento de Ramos, luego de 13 años en el cargo, se da en medio del pedido de juicio político para la cúpula del Tribunal por la presunta comisión de violación de los deberes de funcionario público y omisión o retardo de sus funciones.
En febrero pasado, el vicegobernador Fabián Leguizamón había realizado una denuncia penal en el Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos en contra del presidente del Tribunal de Cuentas Ramos, y de las vocales Matilde Morales y Romina Gaitán.
Según marca la ley, el Tribunal de Cuentas tiene como obligación la revisión de los gastos y el control externo de las cuentas de la administración pública provincial para resguardar los recursos de la provincia. “Entendemos que tanto la falta de control como la omisión fue adrede y que incluso pudo existir cierta complicidad para permitir que ocurran hechos que beneficiaron a algunos personajes de la política”, había indicado Leguizamón, quien en esa misma presentación había anticipado que realizaría “el pedido formal en la Cámara de Diputados de Santa Cruz para someter a juicio político a Ramos”.
El pedido avanzó y, en marzo, el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina emitió un duro comunicado advirtiendo sobre la inconstitucionalidad del procedimiento. En el escrito, al que tuvo acceso La Opinión Austral, se indicó que la Constitución de la provincia de Santa Cruz dispone que los únicos funcionarios enjuiciables a través del juicio político son el gobernador, el vicegobernador, los ministros y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Según remarcaron, esto es taxativo y “no admite extensión alguna a otros funcionarios“.
Lo cierto es que la semana pasada, la Cámara de Diputados de la provincia constituyó la sala acusadora interviniente en los procesos de juicio político. El pedido de enjuiciamiento contra Ramos, Morales y Gaitán había sido elevado por Leguizamón en la primera sesión ordinaria del año de la Legislatura y aguardaba la conformación de esa sala para poder ser remitido.
Por otra parte, en medio de la denuncia penal y el pedido de juicio político, el gobernador Claudio Vidal presentó un proyecto de ley ante la Legislatura para introducir un cambio clave en la conformación del Tribunal de Cuentas.
Se trata de la modificación del artículo 5 de la ley 500, que habla de cómo son designados y cómo pueden ser removidos los integrantes de ese organismo. La ley orgánica del Tribunal de Cuentas establece que sus miembros “gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades que los jueces de la provincia y son enjuiciables ante el mismo jurado, por igual procedimiento y en los mismos casos que ellos”. En cambio, en la iniciativa enviada por el Ejecutivo indica que los integrantes de ese tribunal podrán ser designados y removidos con un acuerdo de la Cámara de Diputados.
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