En medio del fuerte enfrentamiento con los vocales del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, el gobernador Claudio Vidal presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para hacer una importante modificación en ese organismo de control, que se encarga de auditar las cuentas de los tres poderes del Estado, los municipios y comisiones de fomento.
La principal reforma se hace en el artículo 5 de la ley 500, que habla de cómo son designados y cómo pueden ser removidos los integrantes del Tribunal de Cuentas. Hasta el momento, gozan de los mismos derechos que un juez o magistrado del Poder Judicial. Es decir, la ley orgánica del Tribunal de Cuentas establece que sus miembros “gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades que los jueces de la provincia y son enjuiciables ante el mismo jurado, por igual procedimiento y en los mismos casos que ellos”.
Pero en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se estable que los integrantes del Tribunal de Cuentas podrán ser designados y removidos con un Acuerdo de la Cámara de Diputados. En síntesis, en la actualidad los vocales del Tribunal de Cuentas sólo pueden enjuiciados por medio del Tribunal de Enjuiciamiento, al igual que los jueces de la provincia. Con esta modificación, estarán sujetos a una propuesta del Ejecutivo y con una mayoría de manos en la Legislatura.
Para ser más exactos, en el Artículo 5 del proyecto de ley se estable que los miembros del Tribunal de Cuentas “serán designados por el Poder Ejecutivo con Acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados, salvo uno que lo será a propuesta del partido político que constituya la primera minoría de la provincia“. Y se agregó que este último, “durará dos años en sus funciones y podrá ser designado por períodos sucesivos en forma indefinida” y “permanecerá en el cargo hasta que sea nombrado su reemplazante“.
Asimismo, se indicó que los miembros del Tribunal de Cuentas “podrán ser removidos en las formas y condiciones establecidas en el Artículo 119, inciso 16 de la Constitución Provincial”. Qué dice ese Artículo, que “ningún funcionario que necesite acuerdo para su nombramiento, puede ser removido sin el mismo requisito, exceptuándose aquellos que por esta Constitución estén sujetos a un procedimiento especial”.
Los fundamentos
Para argumentar este fuerte cambio en la ley orgánica del Tribunal, el Poder Ejecutivo indicó dentro de los argumentos del proyecto que la designación de los vocales, tal como lo expresa la Constitución Provincial, en su Artículo 123, “se efectúa a propuesta del Poder Ejecutivo con Acuerdo de la Cámara de Diputados“. Sin embargo, se indicó que, en cuanto a su remoción, el Artículo 119, inciso 16, “estipula que ningún funcionario que necesite acuerdo para su nombramiento, puede ser removido sin el mismo requisito…”.
Al respecto, en el proyecto -al que tuvo acceso La Opinión Austral– el Ejecutivo funda este cambio en la interpretación que los funcionarios del Tribunal de Cuentas “deben ser removidos mediante el mismo procedimiento utilizado para su designación“. Tras esto, se aclaró que la única excepción es el Poder Judicial que tiene un mecanismo distinto y propio.
Incluso, en el proyecto se cuestionó los artículos 5 y 6 de la orgánica del Tribunal ya que, según el proyecto, “en total apartamiento a la letra y espíritu de la Constitución Provincial, en lugar de prever que los miembros del Tribunal de Cuentas tengan mandatos periódicos y eventualmente reelegibles, por el contrario, refieren que conservan sus cargos mientras dure su buena conducta y capacidad, y gozan de las mismas prerrogativas e inmunidades que los jueces de la provincia“.
El proyecto tomará estado parlamentario en la sesión ordinaria de este jueves y, por lo que pudo saber este medio, tendrá un fuerte reclamo de los organismos vinculados a los Tribunales de Cuentas del País, entre ellos el Secretariado Permanente que ya cuestionó semanas atrás al gobierno de Santa Cruz por el intento de juicio político al presidente del organismo, Carlos Ramos. “El ataque lesivo a la independencia, autonomía y facultades de estos organismos, encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión económica de los órganos de gobierno, constituye un peligroso avance contra el mismo órgano democrático consagrado en las respectivas constituciones”, habían advertido en esa oportunidad desde esa institución.
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