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La secretaria general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Nacional, Sara García, expresó en declaraciones su profunda preocupación ante la media sanción en Cámara de Diputados del Presupuesto 2026 impulsado por el gobierno de Javier Milei.

En una entrevista con La Opinión Austral, la referente gremial denunció que el proyecto aprobado en la Cámara Baja contiene un artículo que golpea directamente la base legal del financiamiento para las escuelas industriales y centros de formación profesional en todo el país.

El centro del conflicto radica en el “artículo 30 del Presupuesto 2026, el cual elimina de forma taxativa el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (N° 26.058)”.

Explicó que dicha normativa es la que garantiza que el Estado nacional destine anualmente una partida específica no inferior al 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) para la modalidad. Al derogarse esta obligación legal, el Ministerio de Educación y las provincias pierden la única herramienta jurídica que obligaba a Economía a transferir fondos para equipamiento, insumos e infraestructura.

Sara García, secretaria general nacional de AMET.

Señaló que, si bien el “financiamiento no se venía cumpliendo estrictamente durante las últimas gestiones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, la existencia de la ley permitía a las autoridades educativas pelear y gestionar recursos, aunque fuera a cuentagotas”.

Sin ese respaldo legal, García adviertió que la “educación técnica en Argentina queda condenada a una supervivencia precaria“, transformándose en una “modalidad pordiosera” que dependerá exclusivamente de la voluntad política del turno o de los escasos recursos provinciales.

Diálogo

Durante las negociaciones previas, AMET realizó gestiones con legisladores y gobernadores de diversas provincias, incluyendo Santa Cruz y Santiago del Estero, para advertir sobre las consecuencias de este recorte. A pesar de los compromisos iniciales, la gremialista lamentó que muchos representantes optaran por la abstención o el silencio durante la votación en Diputados.

García interpretó este desenlace como parte de una negociación política general entre el Ejecutivo Nacional y las provincias, donde la educación técnica fue sacrificada para facilitar la aprobación del presupuesto.

El impacto proyectado para el año 2026 es alarmante según la visión de la secretaria general. Con un presupuesto para el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) que se considera insuficiente para las más de 4.000 instituciones del país, el sistema enfrentará una falta total de actualización tecnológica.

“Esto ocurre, paradójicamente, en un contexto donde el discurso oficial resalta la importancia de la inteligencia artificial y la formación para sectores estratégicos como la minería y los hidrocarburos, donde los egresados de las escuelas técnicas son pilares fundamentales por su sólida formación”, señaló.

Finalmente, García anticipó que la lucha se trasladará ahora a la Cámara de Senadores, donde AMET buscará que se derogue el polémico artículo 30. La dirigente subrayó que, de no revertirse esta situación, los docentes, que ya perciben salarios que calificó de “miseria”, deberán trabajar sin las herramientas mínimas necesarias, condenando a los estudiantes a formarse con tecnología obsoleta y edificios que se caen a pedazos a lo largo y ancho de la Argentina.

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