5° Sesión extraordinaria: Daniel Álvarez presentó el Segundo Informe de Gestión 2025

En el marco de la 5° Sesión Extraordinaria del 52° Período Legislativo, el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, expuso ante la Cámara de Diputados el Segundo Informe de Gestión 2025, en cumplimiento de la Ley N° 3718.

Durante su presentación detalló los avances del Poder Ejecutivo en planificación territorial, modernización del Estado, digitalización administrativa, fortalecimiento tecnológico, asistencia a municipios y desarrollo productivo y energético.

La sesión comenzó  pasadas las 11:30 horas y  el funcionario inició su presentación respondiendo las preguntas enviadas previamente por los legisladores.

En primer lugar, Álvarez abordó la consulta referida a Distrigas S.A., y confirmó que el subsidio nacional por Zona Fría, administrado por la Secretaría de Energía de la Nación, registra meses de demora, generando una deuda significativa con la provincia.

Según detalló: “Actualmente, la administración del Fondo Fiduciario para Subsidio de Consumos Residenciales de Gas, regulado por la Ley 27.637 de Zona Fría, mantiene una deuda con Distrigas S.A. por un total de $10.009.613.948,47”.

El jefe de Gabinete desglosó los montos en atraso:

• $3.469.699.121,87 correspondientes a agosto 2025, con 83 días de demora desde su aprobación por ENERGAS.

• $3.408.463.317,94 correspondientes a septiembre 2025, con 56 días de atraso.

• $3.131.451.508,66 correspondientes a octubre 2025, con 26 días de atraso.

Además, informó que aún se encuentra pendiente la aprobación del subsidio correspondiente a noviembre de 2025, y destacó que las gestiones para su percepción “se coordinan de forma permanente con el Ministerio de Economía y Finanzas de la provincia”.

Distribución de módulos alimentarios en la Cuenca Carbonífera

Álvarez también respondió la consulta vinculada a la distribución de los 50 mil módulos alimentarios compuestos por 17 productos de la canasta básica familiar, previstos para el período diciembre 2025 – abril 2026. Explicó que la Subsecretaría de Políticas Alimentarias proyectó la entrega para todo el territorio provincial y que actualmente los módulos “se encuentran distribuyéndose de acuerdo al cronograma establecido”.

El jefe de Gabinete precisó que esta compra abarca la totalidad del período mencionado y que las entregas se realizan conforme a las demandas de cada localidad, siempre y cuando presenten las rendiciones correspondientes, requisito necesario para asegurar que cada módulo llegue a los titulares que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Asistencia económica a trabajadores estatales bajo la línea de pobreza

En su informe de gestión, el Gobierno reconoció un incremento considerable en las ayudas económicas otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Social y señaló que los beneficiarios no son únicamente personas desempleadas o adultos mayores, sino también trabajadores estatales que se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Ante la consulta sobre cuántos empleados públicos fueron asistidos durante 2025, informó que: “De las 312 familias asistidas, aproximadamente el 18% de los titulares son empleados estatales, entre ellos agentes municipales, provinciales y nacionales. Esta intervención, orientada a titulares con empleo dependiente del Estado, se implementó en el marco del Convenio Colectivo General para el personal de la Administración Pública, específicamente en su Título 10°, referido a la asistencia social, y en un contexto marcado por la inflación imperante a nivel nacional.”

Álvarez detalló que todos los casos fueron abordados mediante los procedimientos formales correspondientes —recepción de la solicitud, asistencia, relevamiento y evaluación—, con el objetivo de documentar la necesidad real de cada familia. La información se encuentra disponible en la Secretaría de Integración.

Finalmente, aclaró que, desde esta cartera, “se interviene dando asistencia efectiva a cada requirente que acredita una situación social que amerita acompañamiento”.

Políticas de igualdad: asignación millonaria, ejecución inferior al 1%

Álvarez también respondió sobre el presupuesto anual asignado específicamente a las políticas de igualdad, diversidad y abordaje de las violencias por razones de género, aclarando que las acciones se distribuyen en dos componentes presupuestarios diferenciados.

El primero corresponde al Programa de Abordaje Integral contra la Violencia por Razones de Género, que contempla acciones de apoyo para el desarrollo de políticas territoriales. Junto al Programa “Santa Cruz por Más Igualdad”, ambos recibieron un crédito inicial de $66.631.781. Sin embargo, informó que a la fecha no se han registrado ejecuciones presupuestarias dentro del programa, lo que representa solo el 0,15% del presupuesto asignado.

El segundo componente es el Programa de Políticas de Promoción de Igualdad e Integración, que incluye acciones de formación, políticas transversales de género, fortalecimiento institucional, promoción de inclusión e inserción laboral, y políticas de cuidados con perspectiva de género y diversidad. Este programa contó con un crédito inicial de $125.802.597, de los cuales solo se ejecutó el 0,34%, equivalente a $425.000.

En conjunto, ambos programas representan el 0,42% del presupuesto total asignado al Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración. Álvarez remarcó que el bajo nivel de ejecución no implica ausencia de intervenciones, ya que las asistencias han sido canalizadas a través del Área de Coordinación de Asistencias, debido a que la Secretaría de Estado de Igualdad aún no cuenta con habilitación para registrar sus intervenciones en el Sistema Único de Información.

Programa Acompañar

Álvarez también se refirió al estado del programa provincial “Acompañar”, aclarando que actualmente no se encuentra implementado. Señaló que, no obstante, la Secretaría correspondiente ya trabajó en su reglamentación, la cual continúa transitando el circuito administrativo para su puesta en marcha.

Asimismo, explicó que la Secretaría administra fondos destinados a gestiones vinculadas a requerimientos socioeconómicos, los cuales se canalizan a través de la Subsecretaría de Abordaje Territorial y de la Subsecretaría de Asistencia, áreas responsables de intervenir ante situaciones que requieren acompañamiento inmediato.

Santa Cruz Puede S.A.U.: creación, marco legal y bienes adquiridos

Durante su exposición, Álvarez también profundizó en el funcionamiento y las operaciones de Santa Cruz Puede S.A.U., la empresa estatal creada por la Ley Provincial N° 3877, aprobada el 24 de septiembre de 2024.

En relación con los bienes inmuebles adquiridos, informó que la compañía concretó una única operación: la compra, mediante subasta pública, del predio ubicado en Ruta Nacional N° 3 y Avenida Circunvalación, con una superficie total de 16 hectáreas, adquirido en el marco del incidente caratulado “Austral Construcciones s/ quiebra – incidente de venta”.
El monto abonado por esta operación asciende a $3.242.592.050.

Sobre los bienes muebles, maquinaria y equipamiento, detalló las siguientes adquisiciones:

• Dron pulverizador DJI Agras T50, adquirido a NSM Agrosoluciones SAS por $44.006.625.
• Tolva semillera, por $36.465.000.
• Tanque de combustible Gentilli de 3.000 litros, por $7.182.500.
• Rastra de disco, por $60.200.400.
• Rastra de dientes, por $15.912.000.
• Tractor YTO 4130, por $95.599.443,40.
• Rastrón nivelador, por $28.000.000.
• Línea de producción de pellet (3 unidades), por $319.999.999,80.

Álvarez señaló que estas adquisiciones forman parte del proceso de fortalecimiento operativo de Santa Cruz Puede S.A.U., cuyo rol apunta a consolidar la participación provincial en proyectos productivos, logísticos y estratégicos.

Actualización del Carnet Hospitalario

Durante la presentación del segundo informe de gestión, también se realizaron consultas al Ministerio de Salud y Ambiente sobre el estado de la actualización del carnet hospitalario provincial y la cantidad de personas que alcanzaría.

Desde la cartera sanitaria informaron que el proceso “se encuentra en una fase avanzada de revisión técnica, en el marco del procedimiento administrativo que exige su adecuación normativa”. Esto incluye la articulación con las áreas sustantivas del Ministerio de Salud y Ambiente y la coordinación con otras jurisdicciones del Poder Ejecutivo, especialmente en los criterios socioeconómicos vinculados a parámetros establecidos a nivel nacional.

Según explicaron, la actualización forma parte de una reingeniería normativa y operativa cuyo objetivo es garantizar que el beneficio se asigne bajo estándares objetivos de vulnerabilidad social, promoviendo una cobertura sanitaria más justa, equitativa y focalizada.

En esta etapa se están definiendo los nuevos criterios de admisibilidad basados en umbrales oficiales de pobreza e indigencia del INDEC, composición familiar y escalas de adulto equivalente, modelos administrativos de solicitud, renovación y control, estándares de auditoría, trazabilidad y supervisión e interoperabilidad con registros provinciales para evitar duplicidades y uso indebido del recurso público.

Desde el Ministerio indicaron que la etapa técnica concluirá con la elevación del proyecto final para su aprobación formal. De acuerdo con el cronograma vigente, la versión definitiva del nuevo carnet estaría finalizada y disponible para las autoridades en febrero de 2026, momento a partir del cual se prevé su implementación progresiva en toda la provincia.

Incorporación y permanencia de profesionales de la salud

Por otra parte, Álvarez detalló el estado de las propuestas destinadas a mejorar la oferta de profesionales en la provincia. Según explicaron, las iniciativas se encuentran en una etapa de desarrollo técnico, dentro de un proceso que involucra de manera articulada al propio Ministerio, al Ministerio de Economía, a la Caja de Previsión Social y a organismos de control normativo.

El objetivo central es adecuar los regímenes de incorporación, permanencia e incentivos del personal sanitario a la realidad demográfica, geográfica y epidemiológica de Santa Cruz, bajo los principios de equidad territorial, continuidad asistencial y calidad prestacional.

Entre los ejes actualmente en revisión se destacan:

• Mejoras previsionales:
  Se evalúan mecanismos para adecuar los requisitos jubilatorios de profesiones críticas, conforme a regímenes diferenciales vigentes; reconocer tareas de riesgo, insalubridad o alta demanda; y actualizar los criterios de reconocimiento de servicios y reencasillamiento en función de la especificidad sanitaria. El objetivo es fortalecer la proyección de carrera y evitar la migración de profesionales jóvenes hacia otras jurisdicciones.
• Condiciones de habitabilidad:
  En coordinación con otros organismos del Poder Ejecutivo, se analizan alternativas para mejorar la radicación de profesionales en localidades con déficit de recurso humano. Entre las medidas en estudio figuran programas de alojamiento institucional o viviendas transitorias para personal recién incorporado, adecuación de viviendas de guardia y espacios de descanso en hospitales de distinta complejidad, y esquemas de cobertura de alquiler o incentivos equivalentes que faciliten la permanencia en zonas alejadas.

Estas propuestas forman parte de un rediseño integral del sistema de recursos humanos en salud, cuyo propósito es garantizar la cobertura sanitaria en toda la provincia y afrontar la demanda creciente de profesionales en áreas críticas.