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El Gobierno de Santa Cruz mantuvo este viernes una reunión de trabajo con intendentes y comisionados de fomento para brindar precisiones sobre el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) vinculado al artículo 22 de la Ley Previsional y avanzar en una agenda de diálogo que permita construir soluciones consensuadas para el financiamiento del sistema previsional provincial.
El encuentro, realizado en el Salón Gregores de Casa de Gobierno, estuvo encabezado por los ministros de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes y de Gobierno, Belén Elmiger y tuvo como objetivo llevar claridad sobre el alcance de la resolución judicial, despejar interpretaciones que generaron preocupación en distintas localidades y abrir una instancia de trabajo conjunto para atender las necesidades financieras tanto de los municipios como de las Cajas de Previsión Social y de Servicios Sociales.

Participaron del encuentro los intendentes Juan Manuel Borquez, de Puerto Santa Cruz, Juan Martínez de Puerto Deseado, Pablo Carrizo de Caleta Olivia, Daniel Gardonio de Puerto San Julián, Analía Farías de Comandante Luis Piedra Buena, Matías Treppo de Perito Moreno, Pablo Anabalón de Pico Truncado y Carina Bossio de Gobernador Gregores (estos dos últimos vía zoom). También estuvieron los comisionados de Fomento: Nayla Fernández de Tres Lagos, Ana María Urricelqui de Jaramillo y Fitz Roy, Tomás Cabral de Koluel Kayke y Gabriel Galarza de Cañadón Seco.
Diálogo para construir soluciones sostenibles
Tras la reunión, el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, destacó el clima de trabajo y remarcó que el Gobierno provincial prioriza el diálogo como herramienta para alcanzar acuerdos.
“Ha sido un encuentro sumamente clarificador porque esto es parte de lo que venimos pregonando y practicando permanentemente: sentarnos, dialogar y buscar alternativas de solución. La provincia atraviesa una situación compleja y muchos municipios también, por eso creemos que el camino es construir respuestas entre todos”, expresó.
El funcionario señaló que el fallo judicial constituye un punto de partida para continuar analizando mecanismos que permitan fortalecer el sistema previsional sin desconocer las distintas realidades económicas que atraviesan los gobiernos locales.
Equilibrar las cuentas
Verbes sostuvo que la Provincia busca avanzar hacia soluciones estructurales para problemas que se arrastran desde hace años y que requieren consensos duraderos.
“Sabemos que la situación de algunos municipios es muy compleja. Por eso debemos administrar con máxima responsabilidad y prudencia, buscando un equilibrio entre las necesidades de cada localidad y la obligación de sostener un sistema previsional que pertenece a todos los santacruceños”, afirmó.
En ese sentido, confirmó que el diálogo continuará en nuevas instancias de trabajo con el objetivo de alcanzar un acuerdo general que otorgue previsibilidad y fortalezca la sustentabilidad financiera del sistema.
Claridad sobre el alcance del fallo
Finalmente, el ministro llevó tranquilidad respecto de las interpretaciones surgidas tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia y aclaró que el fallo no tiene relación con el cobro de los salarios de los trabajadores municipales.
“Esta cuestión no tiene absolutamente nada que ver con los haberes que cobra la gente en sus cuentas bancarias. Es importante llevar tranquilidad y dejar de lado interpretaciones que solo generan incertidumbre”, concluyó.
Como informó La Opinión Austral, la resolución del Tribunal Superior de Justicia revocó la medida cautelar que impedía al Ejecutivo provincial retener fondos de la coparticipación a las comunas deudoras. La decisión ratifica la legalidad del régimen de aportes y faculta a la provincia a descontar de manera directa los recursos no transferidos que corresponden a la Caja de Previsión Social, dejando sin efecto el planteo de la Municipalidad de Río Gallegos para avanzar en el saneamiento financiero del sistema previsional.
Puerto Deseado
El intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl Martínez, sostuvo que el desafío es regularizar de manera gradual los aportes previsionales pendientes y construir acuerdos que contemplen la realidad de cada municipio.
“Se habló de qué manera vamos a trabajar a futuro para regularizar muchas de las situaciones que atravesamos los municipios y empezar a resolver los aportes pendientes de hace muchísimos años”.
En ese sentido, remarcó que el problema no es reciente y que requiere una respuesta conjunta entre la Provincia y los gobiernos locales.
“Los problemas que hoy atraviesan los municipios y la provincia vienen de muchos años. La idea es trabajar de acá para adelante, armar mesas de trabajo y hacer frente a obligaciones que durante mucho tiempo no se resolvieron”.
La presidenta de la Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui, dijo: “La conclusión que nos llevamos es que tenemos que seguir trabajando sobre este tema. Hay decisiones que no se pueden tomar de la noche a la mañana y, además, la situación económica es compleja tanto para la provincia como para los municipios y las comisiones de fomento.”
“Hay que seguir trabajando hasta llegar a consensos que sean convenientes para ambas partes, que no haya un perjuicio ni para los municipios ni para la provincia”.
El ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, rechazó las versiones que sostienen que la resolución judicial pone en riesgo el pago de los salarios de los trabajadores municipales.
“Lo que quieren hacer es generar un mal ambiente diciendo que peligran los salarios. Eso es mentira. Lo único que se está exigiendo es que cada municipio cumpla con el aporte que le corresponde”. precisó.
“Hay una especie de amnesia en algunos dirigentes políticos. Durante mucho tiempo se naturalizaron situaciones que nunca debieron haberse permitido y hoy, cuando la Justicia ratifica el cumplimiento de una ley vigente, algunos actúan como si esa obligación recién apareciera”, expresó.
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