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La Cámara de Diputados de Santa Cruz continuará este miércoles con el análisis del Proyecto de Ley N° 257/2026 de Crédito Público, que contempla la autorización de un endeudamiento provincial de hasta USD 600 millones destinado a inversión en obra pública y desarrollo productivo.
En la comisión de Diputados, el equipo del Ministerio de Economía planteó que el endeudamiento no es contrario a los debates salariales, sino que son herramientas complementarias. La aprobación de este financiamiento permitirá al Poder Ejecutivo liberar partidas presupuestarias que hoy están retenidas para la obra pública y destinarlas directamente a la discusión paritaria con los trabajadores estatales.
Sobre este eje central, el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, pasó otra vez por la Cámara de Diputados. Estuvo inicialmente acompañado por el jefe de Gabinete, Pedro Luxen; Belen Élmiger , ministra de Gobierno; Ernesto Coloe, secretario de Estado de Hacienda y Finanzas, además del presidente del IDUV, Marcelo de la Torres.
La Cámara de Diputados continuará con el tratamiento del pedido de endeudamiento el próximo martes, no obstante desde Economía señalaron que si hay solicitud de los legisladores regresarán al recinto.
Salarios
Verbes inició el diálogo con La Opinión Austral señalando que el endeudamiento y las paritarias “no son excluyentes, son complementarios”. El concepto surgió ante la consulta de la diputada Rocío García que observó que las obras propuestas son de utilidad para la provincia pero que además debe trabajarse en la estabilidad económica de las familias santacruceñas ya que a muchas les cuesta llegar a fin de mes.
“Esto lo que quiere decir es que este plan de inversión estratégica, que implique ir por un crédito internacional o la emisión de bonos internacionales, es exclusivamente para las obras y para lo que está detallado en el proyecto que se está justamente discutiendo“, aclaró Ezequiel Verbes.
Así, analizó los plazos de la gestión y la necesidad de dar respuestas sustentables en el tiempo, más allá de la coyuntura inmediata. “Esta situación tiene efectos inmediatos y de largo plazo. Los inmediatos por ahí la provincia los afronta con herramientas de muy corto plazo, a 30, 60 o 90 días. Lo que nosotros no podemos hacer, y por eso digo que no son excluyentes, es tener una mirada con los gremios y con la gente de muy corto plazo. El problema no lo tenemos en un mes o dos; el problema lo tenemos en octubre, noviembre, diciembre, enero y de ahí en adelante. Se da aumento de sueldo, ¿pero cómo pagarlo?”, interpeló el ministro.
La estrategia oficial apunta a consolidar una autonomía financiera que ponga fin a la incertidumbre económica y a la dependencia de factores externos. “Básicamente el desafío es cómo generar los recursos y no depender de cuestiones fortuitas o ajenas. Intentamos resolver nosotros mismos nuestros problemas y para eso necesitamos una batería de medidas. Esta autorización es una de ellas y la más importante, por supuesto”, remarcó Ezequiel Verbes.
“Nosotros estamos confiados en que va a salir, que se puede avanzar estratégicamente y poder acordar como siempre pide la gente y los gremios: tener previsibilidad. Esto lo que nos va a dar es previsibilidad, básicamente”, aseguró.
Capacidad de endeudamiento y el factor petrolero
Al ser consultado sobre el margen técnico y legal que posee Santa Cruz para asumir un compromiso financiero de USD 600 millones, el ministro detalló que “la Provincia, por la Ley de Responsabilidad Fiscal, puede endeudarse hasta un 15% de los ingresos netos de coparticipación de municipios. Es decir, los municipios no se ven afectados en lo más mínimo. Es decir, de todos los ingresos netos de coparticipación municipal, representaría aproximadamente el 2,55% de la toma de deuda”, pormenorizó.
Bajo este análisis conceptual, Ezequiel Verbes descartó cualquier riesgo de default o compromisos asfixiantes para las próximas administraciones. “Claramente no se pone en riesgo el futuro de la provincia. Al contrario, justamente son políticas de Estado que vienen a resolver cuestiones que no se han resuelto antes”, enfatizó.
Ante la consulta sobre un hipotético escenario crítico donde la actividad petrolera cayera a niveles nulos y complicara los pagos, el ministro consideró que se trata de una proyección alejada de la realidad productiva de la cuenca santacruceña. “No es un escenario factible”, aseveró, abriendo paso a la posibilidad técnica de emitir otros bonos si fuera necesario en el futuro.
“El recurso está y es de la provincia. Hay empresas de energía y hay demanda energética cada vez más. Si bien en zona norte lo que es convencional son pozos maduros, ya con varios años o décadas de extracción, el recurso está y el sector privado lo aprovecha, y está bien que así sea. Nosotros tenemos que generar las condiciones para que la mayor cantidad de recursos se pueda redistribuir en toda la provincia, en todos los habitantes de la provincia”, puntualizó.
Consenso con los intendentes
El avance del proyecto legislativo requiere del aval político de los jefes comunales: “El diálogo es permanente. Todos los días hablamos con diputados y con intendentes. Estamos permanentemente hablando y algunos plantean cambios”, describió.
Asimismo, ratificó que el beneficio del crédito derramará de forma directa en el interior provincial, sin distinción de banderas políticas ni centralismos. “Todas las obras geográficamente están instaladas en cada municipio. Si bien el endeudamiento es provincial, la verdad es que todo lo que sean inversiones está todo destinado a los municipios. Si uno piensa en reemplazar todo el equipamiento hospitalario, es en toda la provincia, no es en una sola localidad. Si uno piensa en las ambulancias, además de las obras de energía estratégicas que nos van a generar un ahorro a futuro”, argumentó Ezequiel Verbes.
Finalmente, confirmó que el Poder Ejecutivo aceptó las modificaciones propuestas por los diputados para garantizar la transparencia en el uso del dinero a través de una Comisión de Contralor.
“Hoy se habló ese tema y se van a incorporar dos cláusulas adicionales en cuya redacción ya nos vamos a poner a trabajar”, anticipó.
“Una es una cláusula que un poco dice lo que ya establece la Ley de Administración Financiera de la Constitución, pero la vamos a dejar aclarada para que no se pueda usar para otro destino que no sea este. La otra es la de establecer una comisión de seguimiento sobre los fondos, con la cual coincidimos plenamente”, concluyó.
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