Desde la empresa sostuvieron que los aumentos que se dieron en los últimos meses corresponden a “una política energética que fija el Gobierno Nacional” y afirmaron que la provincia “absorbió gran parte de ese incremento vía subsidio”. Los amparistas, en tanto, ampliaron su presentación en la Justicia y consideraron que SPSE “desprecia” a la ciudadanía.
El revuelo por las boletas de Servicios Públicos Sociedad del Estado continúa en boga. El lunes, el juez Antonio Andrade intimó “al presidente de Servicios Públicos (Lucio Tamburo) a que en el término de 20 días celebre una audiencia pública administrativa con debida publicidad, en la que se garantice la participación de todos los usuarios de la provincia de Santa Cruz y en la que se proceda a dar debida explicación de los alcances del nuevo cuadro tarifario”. El fallo es el resultado de un recurso de amparo interpuesto el año pasado por la diputada de Encuentro Ciudadano Gabriela Mestelán.
En ese marco, desde el Gobierno Provincial publicaron una solicitada en los diarios locales en la que explicaban que Santa Cruz es el distrito que menos paga por la energía eléctrica. “La tarifa de energía en la Argentina no la fijan las provincias, sino que esas políticas las fija el Gobierno Nacional a través de las generadoras de energía. Por lo que la política energética en nuestro país está fijada por la Secretaría de Energía y desde diciembre de 2015, con la nueva gestión, esa política ha cambiado orientada a que cada persona pague lo que consume”, sostuvo el director de Servicios Públicos Ariel Ivovich en declaraciones a LU12 Radio Río Gallegos.
Explicó, entonces, que “desde 2015 a la fecha, el costo de la energía se ha incrementado en más de 1.200 por ciento y la provincia ha absorbido gran parte de esa suba vía subsidio que aplica el Ministerio de Economía”, dijo y reiteró que esa decisión “hace que Santa Cruz sea la provincia que más barato tiene su energía comparado con las generadoras y el resto de las provincias del país”.
“Que Santa Cruz sea la provincia que más barato cobra la energía no es casualidad, se trata de una política fijada por la gobernadora”, insistió Ivovich, y señaló que “a la hora de trasladar esos aumentos, nos han pedido que lo hagamos lo menos posible para que la provincia sea la que menos cobra en el país porque esa es la política de este gobierno”.
En cuanto a posibles aumentos, el funcionario sostuvo que “desde SPSE no lo tenemos pensado”, contó que “tuvimos una reunión con la gobernadora (Alicia Kirchner) en la que nos pidió que no hagamos incrementos de tarifas”, y recordó que “la última suba fue en febrero para cumplir con la resolución (1091/2017) de diciembre de la Secretaría de Energía, que ha sido el último tramo de aumento que ellos han realizado y que nos ha llegado a través de la energía que nos brinda Cammesa”.
“En el caso de que el Gobierno Nacional vuelva a incrementar los costos veremos a través de reuniones que mantenemos con el Gobierno Provincial y el Ministerio de Economía, qué haremos en ese momento. Hoy nosotros no tenemos previstos más aumentos y, por lo que entiendo, tampoco el Gobierno Nacional”, ratificó.
Trampas y desprecio
Por su parte, la diputada por Encuentro Ciudadano Gabriela Mestelán celebró el fallo del juez Andrade y dijo que SPSE “hay algo que hace años debería haber hecho, que es explicarnos de qué manera y cómo nos cobra”.
Remarcó, además, que “el fallo nos da razón a los amparistas en esto de reconocer que nos han aumentado las tarifas sin ningún tipo de información o espacio en el que puedan explicitar los criterios por los que fue modificando la facturación”.
En tal sentido, consideró por LU12, que “desde el año pasado, Servicios Públicos viene haciendo trampas. La primera trampa fue querer desestimar la cautelar interpuesta”. “Se desestimó la audiencia, violó la cautelar y al cargo fijo (que es lo que pagamos por ser usuarios) le sumó el cargo variable (lo que cada domicilio consume) y de eso deduce el 50 por ciento para cobrarnos el agua y cloacas”, agregó, y enfatizó que “el tupé de SPSE es cobrarnos la boleta a 82,50 pesos”.
Asimismo, Mestelán aseguró que “el primer desprecio ante la ciudadanía fue no haber enviado a nadie a la audiencia pública”, y “el otro gesto de desprecio fue no haber asistido a la audiencia con los amparistas”.
Dijo, entonces, que “esperamos que cumplan con la audiencia” porque “tenemos derecho a saber qué hacen con nuestras facturaciones. Más teniendo en cuenta que es una empresa que sabe en qué contexto vivimos los ciudadanos de Santa Cruz. No tener consideración con los usuarios de los servicios esenciales para vivir es tener a todas luces desprecio por todos nosotros”, sostuvo.
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