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El conflicto entre el Gobierno nacional y los gremios universitarios suma un nuevo capítulo. Luego de la primera medida cumplida el pasado viernes 18, las universidades nacionales de todo el país vuelven a paralizar sus actividades este martes 22 de septiembre.
La medida de fuerza, impulsada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y respaldada por federaciones como CONADU Histórica, CONADU, FEDUN, CTERA, FAGDUT, FATUN y UDA, se fundamenta en el fracaso de las negociaciones paritarias.
En la provincia de Santa Cruz, la medida tendrá la adhesión directa de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (ADIUNPA). De este modo, la protesta impactará de lleno en las sedes de la UNPA, donde los docentes universitarios santacruceños se suman al reclamo por la urgente recomposición salarial, la ejecución plena de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores recursos para el sostenimiento del sistema educativo provincial.
Paritaria insuficiente
El detonante de esta segunda jornada de abstención laboral fue la última propuesta del Poder Ejecutivo en la mesa salarial. La Subsecretaría de Políticas Universitarias insistió en fijar un aumento salarial del 3%, oferta que fue calificada como una provocación y rechazada de plano por la representación sindical.
Desde el Frente Sindical señalan que ese 3% desconoce por completo la pérdida del poder adquisitivo del sector. Las estimaciones gremiales ubican el retraso salarial acumulado en un 33,4%. A esto se suma el reclamo por una deuda acumulada equivalente a cerca de cuatro sueldos.
El Gobierno nacional resolvió aplicar el incremento en forma unilateral. Sostienen que la cifra respeta las pautas legales, mientras que los trabajadores docentes y no docentes denuncian un desconocimiento sistemático del marco normativo vigente.
Incumplimiento presupuestario
El trasfondo del reclamo trasciende el porcentaje salarial inmediato. La comunidad universitaria denuncia que el Ejecutivo incurre en un incumplimiento deliberado de la Ley de Financiamiento Universitario.
A pesar de existir fallos judiciales y medidas cautelares que instan a hacer efectivo el articulado sobre actualización presupuestaria y salarial, los representantes gremiales afirman que el Poder Ejecutivo se mantiene en rebeldía. El artículo 5 de la mencionada norma exige recomponer las partidas conforme al Índice de Precios al Consumidor y saldar la deuda salarial existente.
El reclamo abarca también la necesidad urgente de presupuestos para investigación, docencia y extensión. A su vez, incluye fondos para infraestructura, el sostenimiento de los hospitales universitarios y la ampliación de becas estudiantiles que garanticen el ingreso, la permanencia y la graduación.
La brecha también se proyecta hacia la discusión del Presupuesto. Mientras el Ejecutivo proyecta destinar $7,349 billones al sistema universitario nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calcula que se requieren $11 billones para asegurar el funcionamiento mínimo del sistema de educación superior.
Plan de lucha
El paro de este martes 22 forma parte de un esquema de medidas escalonadas. Las federaciones sindicales abrieron una jornada extendida de 23 días de visibilización y protesta a nivel nacional para concientizar sobre la gravedad institucional que atraviesa la universidad pública.
Las organizaciones sindicales ratificaron la convocatoria a la 5ta Marcha Nacional Universitaria, fijada para el próximo 15 de octubre. Esta movilización federal buscará confluir en las plazas de todo el país junto a docentes, no docentes, estudiantes y rectores.
Bajo la premisa de defender salarios dignos y presupuestos adecuados, el Frente Sindical reafirma su postura: la universidad pública argentina se defiende en las aulas, pero también con la movilización en las calles.
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