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La reciente decisión del Gobierno Nacional de quitar retenciones al petróleo convencional generó reacciones encontradas. Mientras el Ejecutivo y los gobernadores de provincias productoras destacan la medida como un incentivo para la inversión y la recuperación de la producción hidrocarburífera, desde Unión por la Patria (UxP) advierten que no hay garantías de que los beneficios lleguen a la población ni al empleo local.

“Nada asegura que la reducción de retenciones beneficie a la gente”, aseguró el diputado Eloy Echazú, del bloque UxP, luego de conocer los detalles del acuerdo firmado entre Nación y las provincias productoras de hidrocarburos. “Ese acuerdo es pura y exclusivamente para beneficio de los privados”, añadió.

Qué establece el acuerdo con las provincias

El acuerdo firmado por el gobierno de Chubut, y que Santa Cruz replicará próximamente, modifica el régimen legal vigente de derechos de exportación para el petróleo crudo proveniente de yacimientos convencionales o maduros. Según el documento, las operadoras se comprometen a destinar los recursos obtenidos por la reducción de retenciones a incrementar la producción de hidrocarburos convencionales, incluyendo proyectos de desarrollo que involucren técnicas de recuperación secundaria y terciaria, la reactivación de equipos de torre para nuevos pozos y la puesta en valor de pozos inactivos o de baja productividad.

El escrito rubricado entre el gobernador Ignacio Torres y el ministro de Economía de Nación, Luis Caputo, y el presidente de la CEPH, Carlos Ormachea apunta a un esquema móvil de retenciones, que fija en 0 el porcentaje cuando el precio internacional del barril de petróleo no supere los USD 65.

Entre ese precio, y los USD 80, se pagará el 8% de retenciones pero sólo sobre el diferencial entre el valor del barril y los USD 65 de piso. Cuando sea mayor a USD 80, volverá el 8% de las retenciones sobre el precio total.

Este esquema no se implementará de inmediato. El acta establece un plazo de 60 días para que la medida se transforme en resolución directa, tiempo durante el cual las provincias deberán instrumentar medidas fiscales complementarias.

Críticas desde Unión por la Patria

Echazú advirtió que, aunque “en la letra todo resulta beneficioso, la realidad de Santa Cruz indica que de los más de 5.000 trabajadores petroleros despedidos, un escaso porcentaje volverá a prestar funciones”. Además, el legislador cuestionó la certeza sobre la inversión: “La seguridad de esas inversiones la daría un acuerdo con las operadoras, ya que por ahora es sólo una imposición del Gobierno Nacional a las provincias. Nos gustaría saber cuánto representa ese 8% de quita de retenciones para Santa Cruz”.

El diputado remarcó la importancia de que los recursos liberados por las retenciones se destinen a necesidades sociales y ambientales. “Ojalá estas necesidades sean evaluadas por quien pondrá su firma en el acta y esto no se convierta en la entrega de la soberanía energética”, concluyó.

Una medida selectiva y con prioridad

Cabe destacar que la quita de retenciones y regalías será selectiva. El acta firmada por Chubut con Nación y la cámara empresarial  fija un “órden de prioridad” para los  proyectos que aumenten la producción, reactiven equipos de perforación y pongan en valor pozos inactivos. Esto cobra especial relevancia en Santa Cruz, donde recientemente seis operadoras fueron adjudicadas para reactivar más de 4.000 pozos inactivos en el flanco norte provincial.

Este martes, el gobernador santacruceño, Claudio Vidal, confirmó que el próximo 26 de noviembre viajará a Buenos Aires para firmar el acuerdo con autoridades nacionales.

“La medida representa un paso muy importante para promover nuevas inversiones y acompañar el proceso de recuperación productiva en la Cuenca del Golfo San Jorge“, destacaron desde el Ejecutivo provincial y agregaron que esta decisión “permitirá fortalecer el empleo local, dinamizar a los proveedores santacruceños y generar mejores condiciones para el desarrollo de los nuevos proyectos”.

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