Universidades públicas presentaron un proyecto de ley para garantizar el financiamiento educativo

La educación universitaria pública en Argentina ha sido, históricamente, un pilar fundamental
para el desarrollo social, económico y cultural del país, en este contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios ADIUNPA, CONADU Histórica, entre otros sectores.

En este sentido, el presente proyecto de ley está motivado en el reconocimiento de la educación y, en este caso, a la educación universitaria, como un derecho humano universal y bien público y social, en el que su acceso equitativo y su calidad son esenciales para garantizar la movilidad social ascendente y la construcción de una sociedad más justa y democrática.

En declaraciones a LU12 AM680, la secretaria general de ADIUNPA, Carina Dodman, que “llegamos a la presentación de esta segunda ley con una discusión profunda ante la no aprobación del presupuesto educativo en el Congreso. Estamos funcionando con prórroga desde el 2022“, advirtió.

Proyecto

La iniciativa legislativa “tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio de la República Argentina”.

El incremento de la inversión en educación universitaria se destinará, prioritariamente, al logro de los siguientes objetivos:

– Afianzar el ingreso, la permanencia, la terminalidad del estudiantado y la formación continua.
– Garantizar las condiciones laborales y salariales de los y las docentes y no-docentes para
sustentar el desarrollo universitario, incluyendo la plena implementación de los convenios
colectivos de trabajo.

– Desarrollar y consolidar la enseñanza y el aprendizaje en sus diversas modalidades para
garantizar el derecho a la educación a través del incremento de los recursos destinados a
tecnología digital y a la formación y el fortalecimiento de la planta del personal docente y
no-docente.
– Ampliar la oferta de carreras universitarias y pre-universitarias en función del desarrollo
estratégico del país y de las áreas de vacancia territoriales.
– Promover y profundizar la función de la extensión universitaria para fortalecer la relación
entre la universidad y la comunidad, acorde a las necesidades del desarrollo regional.

– Desarrollar y consolidar la función de la investigación en las universidades públicas nacionales.

– Asegurar la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de las
universidades.

– Impulsar las acciones pertinentes para la internacionalización inclusiva de la enseñanza, la
investigación y la extensión universitaria.

– Asegurar y profundizar los programas de bienestar estudiantil que apunten a proveer condiciones materiales y socioeducativas adecuadas para garantizar el derecho a la educación superior gratuita.

– Incrementar anualmente la inversión destinada a programas de becas estratégicas y de estudio para el nivel universitario y preuniversitario, que prioricen los sectores sociales más desfavorecidos, con el fin de fortalecer el acceso, la permanencia, la promoción y el egreso de los y las estudiantes que concurren a dicho nivel.

“A fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos, el presupuesto destinado a la educación universitaria se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el 2031, como mínimo, una participación del 1,5 %“, se indicó.

Salarios

Encomiéndese al “Poder Ejecutivo Nacional convocar a paritarias para recomponer los salarios docentes y no -docentes de las universidades nacionales, garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la presente ley”.

Más adelante, los universitarios recordaron que “en el ámbito internacional, Argentina ha ratificado tratados que reconocen el derecho a la educación superior. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 13o que la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, en particular por la implantación progresiva de la gratuidad”.

“Desde diciembre del 2023, las universidades nacionales vienen atravesando una situación crítica e incierta desde que el Gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto del año anterior. Por lo que las partidas son las mismas que se votaron en este Congreso de la Nación en el 2022, para configurar el
presupuesto del 2023. La decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar los presupuestos implica
que, desde enero del 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las
partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134%“.