El juez Marcelo Bersanelli ordenó a la empresa concesionaria del servicio de transporte público de pasajeros que retome las actividades de inmediato y, en paralelo, siga negociando con la administración de Pablo Grasso.
Las partes no se ponen de acuerdo en la estructura de costos que dice tener la empresa y, por lo tanto, no hay intenciones del Municipio de avanzar hacia un aumento de los subsidios.
Durante el aislamiento, Río Gallegos no demandó la circulación de unidades, sin embargo, la fexibilización y la apertura de actividades hicieron que esto se modificara.
De este modo, en la jornada del viernes, luego de la decisión del Juzgado Civil Nº Uno, el Municipio hizo los depósitos de los subsidios para que la empresa hiciera frente a los salarios que tenía pendientes, y una vez acreditados los montos en las cuentas de los choferes, estos retomarían sus labores desde las seis de la mañana.
Al menos así lo confirmó Mario García, gerente de la empresa, quien en declaraciones a LU12 AM680 y FM Láser 92.9 Río Gallegos, contó que “ni bien estén acreditados, se sale a trabajar”.
El servicio se retomará con cinco colectivos, uno para las líneas A, B y C y dos para la línea D, la que comprende a los barrios más populosos.
Asimismo, indicó que “el lunes nos juntaremos con el Municipio y tendremos una conversación sobre el tema de las estructuras, y después veremos como seguimos”.
Esto es así porque, según explicó, “no podemos seguir trabajando a pérdida, entonces nos tenemos que sentar y rever los números”. “Básicamente es la estructura de costos, que se disparó de tal manera que no la podemos sujetar”, insistió el gerente.
Sin embargo, García confirmó que la empresa está “una transición”, entendiendo que existen pocas probabilidades de llegar a un acuerdo redondo con la administración de Grasso, que ya la invitó a retirarse de la ciudad hace un tiempo.
En Maxia hay malestar porque entienden que no fue valorada su apuesta por la capital santacruceña.
“Invertimos $ 96 millones para poner una empresa de transporte publico. Tenía una amortizacion a cinco años y tuve que llevarla a siete porque no se llegaba. Ya hicimos un millón de kilómetros y llevamos a un millón trescientas mil personas, pero estoy a la mitad de las personas que tenía que llevar”, lamentó.
Por su parte, quien ayer también hizo declaraciones fuer el secretario legal del Municipio, Jorge Cabezas, quien indicó que Bersanelli “nos mandó a ponernos de acuerdo y dispuso la conciliación, que ordena seguir conversando y que la empresa vuelva a funcionar”.
Asimismo, el funcionario puso de manifiesto que todavía no se sabe qué sucederá con el servicio de transporte urbano, aunque aclaró que “aún quedan algunas cuestiones por solucionar”, asegurando que “el lunes vamos a tener transporte público con un servicio acotado”.
Cabezas no cree que puedan resolver las diferencias con la empresa el lunes, por eso dijo en declaraciones a la emisora que “nosotros tenemos otras alternativas, pero primero tenemos que resolver esta situación de contrato, que así como está planteado le cuesta al Municipio entre 10 y 15 millones de pesos mensuales”.
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