Alertan que la derogación de la Ley del Libro podría afectar a las librerías independientes y concentrar el mercado

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la derogación de la Ley 25.542, que establece el precio único para la venta de libros en todo el país, volvió a instalar el debate sobre el futuro del mercado editorial argentino. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone que cada comercio pueda fijar libremente el valor de los ejemplares y aplicar descuentos sin las limitaciones que establece la normativa vigente.

Desde el oficialismo sostienen que la medida fomentará la competencia, permitirá liquidar stock con mayor facilidad y podría traducirse en precios más bajos para los lectores. Sin embargo, desde el sector editorial advierten que el escenario sería el opuesto y que las principales perjudicadas serían las librerías independientes.

En ese marco, el escritor y propietario de la librería itinerante Calafateño Libros, Alberto Chaile, dialogó con Radio LU12 AM680 y cuestionó la propuesta del Ejecutivo nacional, al considerar que la ley vigente constituye una herramienta de protección para toda la cadena del libro.

“La ley protege a las librerías, no es el problema”

Durante la entrevista, Chaile recordó que la Ley 25.542 fue sancionada en 2001 con amplio consenso y que su objetivo principal es promover el libro y defender la actividad librera, garantizando que un mismo ejemplar tenga el mismo precio de venta al público en cualquier punto del país.

En ese sentido, rechazó que la norma sea responsable de la crisis que atraviesa el sector. “Las librerías no están complicadas por esta ley, sino por la caída de la actividad económica. Se venden menos libros porque la economía está resentida y cierran comercios todos los días”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó el cierre de librerías históricas en Santa Cruz, entre ellas Carmina, de Caleta Olivia, y Martín Fierro, en Río Gallegos, situaciones que atribuyó al contexto económico y no a la regulación vigente.

Uno de los principales argumentos de Chaile fue que el libro no puede ser considerado una mercancía más, ya que cumple una función social y cultural. “El libro no es un bien de cambio, es un bien cultural. Es una herramienta mediante la cual las sociedades transmiten conocimiento, valores e identidad”, expresó.

Asimismo, destacó el rol que cumplen las librerías como espacios de encuentro y recomendación literaria. “La experiencia de ir a una librería, conversar con un librero y recibir recomendaciones también forma parte del acceso a la cultura”, señaló.

El riesgo de la concentración

Para el librero, permitir que cada comercio establezca libremente el precio de los libros beneficiará principalmente a las grandes cadenas comerciales y plataformas de venta online, que cuentan con capacidad financiera para ofrecer descuentos agresivos.

Explicó que esas empresas podrían vender determinados títulos incluso por debajo de su costo como estrategia para atraer clientes y recuperar esa pérdida mediante la venta de otros productos, una práctica imposible para una librería independiente. “Pueden poner un libro como gancho comercial. Una librería pequeña no tiene esa capacidad. Ahí es donde empieza la competencia desigual”, advirtió.

Chaile explicó además que actualmente quienes comercializan libros deben respetar el Precio de Venta al Público (PVP) fijado por las editoriales, independientemente de los costos de transporte o logística. “Yo traigo libros a Santa Cruz y estoy obligado a venderlos al mismo precio que en cualquier parte del país. Ese es el espíritu de la ley”, indicó.

Un amplio rechazo dentro del sector

Según el propietario de Calafateño Libros, existe una coincidencia entre libreros, editores y escritores respecto de los efectos negativos que tendría la derogación.

Afirmó que unas 1.200 librerías y más de 1.500 pequeñas editoriales comparten la preocupación por la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. “No hay ninguna demanda del sector para eliminar esta ley. Todos los esfuerzos están puestos en cómo sobrevivir a la situación económica actual”, aseguró.

En ese sentido, sostuvo que la modificación no contribuirá a fomentar la lectura ni facilitará el acceso a los libros, sino que profundizará la concentración del mercado.

Un debate que trasciende al mercado editorial

A lo largo de la entrevista, Chaile también vinculó la propuesta con el proceso de desregulación que impulsa el Gobierno nacional en distintos sectores de la economía y cuestionó que este tipo de iniciativas avancen sin un debate amplio con los actores involucrados.

Para el escritor, cualquier modificación debería surgir del consenso entre libreros, editoriales, escritores y representantes del sector cultural. “Habrá cosas que modernizar y otras que cambiar, pero esas decisiones tienen que discutirse con quienes forman parte de la actividad y con la sociedad“, concluyó.

Mientras el proyecto comienza a generar discusión en el Congreso, el sector editorial observa con preocupación una eventual modificación de una norma que, desde hace más de dos décadas, busca garantizar condiciones de competencia similares para todas las librerías del país y preservar el acceso federal al libro.