Fracasó la caravana con bocinazo contra multas COVID en Río Gallegos

A través de redes sociales, habían organizado una caravana para protestar por la implementación de infracciones en la ciudad. El reclamo iba a iniciarse en el centro ríogalleguense a las 10 de la mañana desde donde estaba prevista una movilización hacia el Concejo Delibertante. Sin embargo, nadie se presentó y el fracaso de la convocatoria fue rotundo.

Tal como anticipó en exclusiva La Opinión Austral, el decreto ad referendum que el Municipio giró este martes al Concejo Deliberante establece infracciones que alcanzan los $200.000.

Esta semana, el gobierno provincial adhirió al pedido de Alberto Fernández de extender la cuarentena y restringir la circulación en las zonas más complicadas de Santa Cruz. En base a esa normativa que, entre otras restricciones estipula salidas por DNI, prohíbe las reuniones familiares y la circulación entre las 22 y 8, el intendente Pablo Grasso envió la propuesta que el órgano legislativo aprobaría este 22 de octubre.

La medida, que será de carácter excepcional mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria, tiene el “fin de mitigar la propagación de la situación epidemiológica y su impacto sanitario”. 

Este fin de semana, tras el endurecimiento de las medidas, en Río Gallegos la división de Tránsito Municipal secuestró más de 20 autos y labró 50 multas a conductores por circular fuera de horario.

Multas

Según indica el decreto, son cinco las infracciones por las que serán multados los ciudadanos en caso de incumplirlas. Aquí el detalle de los valores según el valor módulo a 0,364 pesos:

De $2.000 a $10.000 por el incumplimiento de las medidas de protección personal (uso de tapabocas o barbijo) para ingreso a locales comerciales, dependencias de atención al público, actividades de esparcimiento y deportivas.

De $20.000 a $200.000 por incumplimiento de cuarentena, aislamiento sanitario y cualquier otra indicación epidemiológica.

De $10.000 a $50.000 por el incumplimiento en la circulación establecida en la modalidad par e impar.

De $20.000 a $200.000 a los comercios que no respeten la modalidad par e impar para la atención al público.

De $10.000 a 50.000 por realizar reuniones sociales en ámbitos públicos o privados.