Santa Cruz prepara la implementación del nuevo régimen penal juvenil con eje en la prevención

La implementación del nuevo régimen penal juvenil en Santa Cruz, que empezó a regir la semana pasada en todo el país, implicará un proceso de articulación entre distintas áreas del Estado, con especial énfasis en la prevención y el trabajo territorial. Así lo explicaron Daniel Robles, director provincial de Dispositivos para Adolescentes Infractores a la Ley Penal; la psicopedagoga Jenifer Muñoz y el psicólogo Juan Pablo Pescio, durante una entrevista en Radio LU12 AM680.

Robles explicó que ya comenzaron a trabajar para trasladar los aspectos técnicos de la nueva normativa al territorio y facilitar su comprensión por parte de las instituciones, las familias y los propios adolescentes.

“Nuestro trabajo es articular con colegios, clubes y con las áreas de niñez de cada una de las localidades, a través de capacitaciones y talleres, para que todos tengamos un mismo diálogo y una misma implementación de la ley”, señaló.

En ese sentido, indicó que el primer paso fue capacitar a las oficinas de niñez. La semana pasada se realizó una jornada presencial en la zona norte, mientras que la próxima etapa será en la zona sur. Posteriormente, está previsto avanzar con encuentros en escuelas, destinados a docentes, alumnos y familias.

El rol de las familias

Muñoz remarcó que uno de los ejes será generar conciencia dentro de las familias sobre las implicancias del nuevo régimen y trabajar sobre la responsabilización de los adolescentes respecto de sus actos.

“La ley tiene como objetivo la responsabilización de ese adolescente respecto a sus actos”, explicó, y sostuvo que resulta necesario abordar desde temprana edad la relación entre las decisiones y sus consecuencias.

La profesional consideró que la prevención no puede quedar limitada al ámbito judicial o al dispositivo penal. “La familia es la pata que falta”, afirmó, al señalar la importancia de fortalecer valores y detectar indicadores de riesgo desde la primera infancia.

Pescio, por su parte, planteó que uno de los desafíos será trabajar con una franja etaria más joven. “No es lo mismo un adolescente de 16 a 14 años”, sostuvo, y destacó la necesidad de transmitir la información de manera clara para evitar que el desconocimiento genere temor.

El psicólogo señaló además que el nuevo régimen no se limita a la cuestión de la edad de punibilidad, sino que contempla otras situaciones que deberán ser abordadas desde diferentes ámbitos.

Violencia y redes sociales

Durante la entrevista también se hizo referencia al crecimiento de situaciones de bullying, ciberbullying, amenazas y violencia entre adolescentes, particularmente a través de las redes sociales.

Muñoz sostuvo que las escuelas reciben cada vez más situaciones vinculadas al uso de las plataformas digitales y señaló que el trabajo preventivo debe comenzar desde edades tempranas.

Robles coincidió en que el anonimato de las redes puede potenciar determinadas conductas. En ese marco, remarcó la importancia de trabajar con los adolescentes sobre las consecuencias que pueden tener determinadas acciones en el ámbito virtual. “Hay que trabajar en la calle con los chicos, la parte de las redes sociales y todo eso que es muy importante”, sostuvo.

La psicopedagoga también planteó que las respuestas no pueden reducirse a talleres escolares, sino que requieren la participación de las familias, Salud y el resto del sistema de protección.

Santa Cruz lleva 180 días sin adolescentes detenidos

Uno de los datos destacados durante la entrevista fue que, según Robles, Santa Cruz lleva 180 días sin adolescentes detenidos en el dispositivo provincial de alojamiento.

El funcionario atribuyó este escenario al trabajo preventivo desarrollado por las oficinas de niñez de las distintas localidades y por la Secretaría de Estado de Niñez. “Queremos trabajar en prevención, que el adolescente no llegue a estar en el estado de detención”, sostuvo.

En ese sentido, aclaró que el objetivo del trabajo territorial es intervenir antes de que una situación llegue a una instancia de alojamiento.

Otra de las etapas previstas contempla el trabajo con las fuerzas de seguridad. Rodríguez explicó que se elaboraron protocolos específicos para el abordaje de adolescentes y que serán trasladados a las distintas comisarías de la provincia. “El adolescente no se aborda de la misma forma que un adulto”, explicó, al señalar que el primer contacto debe realizarse con la oficina local de niñez y luego intervenir la Justicia, de acuerdo con las características de cada caso.

La propuesta contempla además la participación de representantes del Poder Judicial, Salud y Seguridad, con el objetivo de establecer criterios comunes de actuación.

El funcionario adelantó que en Río Gallegos el trabajo se realiza con representantes de la Justicia, defensores y las distintas áreas involucradas.

La necesidad de nuevos dispositivos

Robles también planteó uno de los desafíos vinculados a la extensión territorial de Santa Cruz: actualmente el dispositivo provincial de alojamiento para adolescentes se encuentra en Río Gallegos.

“Tenemos una provincia tan extensa que, si hay un adolescente que requiere ser alojado en un dispositivo y está en Caleta Olivia, tiene que venir a Río Gallegos”, explicó.

La distancia, señaló, dificulta especialmente el sostenimiento del vínculo familiar y escolar durante una eventual permanencia en el dispositivo.

Por este motivo, adelantó que se trabaja con el Gobierno provincial para implementar nuevos dispositivos en la zona norte y en la zona centro, con financiamiento de la provincia. “Es un trabajo largo, duro, pero tenemos esa libertad y ese apoyo de la parte del Gobierno”, afirmó.

Un régimen orientado a la resocialización

Muñoz insistió en que la implementación del nuevo régimen no debe interpretarse como una herramienta destinada exclusivamente al encierro de adolescentes.

“La idea no es expulsar a los adolescentes. La idea es la resocialización, la responsabilización de las conductas”, sostuvo.

En la misma línea, Pescio señaló que el nuevo régimen requerirá un trabajo articulado para garantizar derechos como la salud, educación, contacto familiar y trabajo.

“Los chicos llegan en última instancia a nuestro lugar”, explicó, al remarcar que antes de una eventual intervención del dispositivo existe un recorrido en el que participan las áreas de protección, educación, salud, Justicia y las familias.

Los profesionales coincidieron en que la implementación demandará tiempo y coordinación entre las distintas instituciones, pero remarcaron que el objetivo central será sostener una mirada de restitución de derechos y favorecer la reinserción de los adolescentes en la sociedad.