Tolerancia cero: multas por alcoholemia, las de “mayor caudal de infracciones” en Río Gallegos

Tolerancia Cero: en el marco de la Ley Provincial N° 3484, municipios de Santa Cruz aplican severas sanciones económicas por conducir bajo los efectos del alcohol.

La mirada y el foco siempre es la de concientizar para evitar que los conductores beban alcohol, pero inevitablemente los casos persisten a lo largo y ancho de la provincia, poniendo en riesgo la integridad física no solo de estas personas -y sus acompañantes- sino también la de terceros.

Mientras se continúa con la prevención y generando conciencia en materia de seguridad vial, las multas disuaden a los conductores. Afrontar una sanción económica millonaria los hace recalcular si es “buena idea” conducir su vehículo mientras se consumen bebidas alcohólicas.

En Río Gallegos, se da la multa más elevada de la provincia: una falta gravísima impone sanciones de hasta $ 2,721,300.

Las Heras no se queda atrás. Una infracción comprobada aplica una multa de $ 1.925.000.

Y en Puerto Deseado, hay un sistema gradual, donde la mayor sanción llega hasta los $ 1.776.000.

“El último eslabón”

Para hablar del tema, luego del informe publicado por La Opinión Austral, el juez de faltas de Río Gallegos, Norberto Fernández, brindó su análisis y dio detalles de la situación en la capital provincial en diálogo con Radio LU12 AM680.

En la entrevista, el juez marcó la importancia de hacer foco en la concientización, prevención y controles, considerando que “la multa es el último eslabón de una cadena”.
Consultado sobre el alto valor económico de las sanciones por conducir alcoholizado -que pueden superar los dos millones de pesos- Fernández aclaró que el eje de la discusión no debe estar solo en el monto de las multas, sino en cómo evitar que se cometan las infracciones.

“Hay que apuntar más al tema de prevención y control. Hablar de multas es hablar del último eslabón de la cadena. Lo importante está al principio: los controles y la prevención”, explicó.

El juez reconoció que los fines de semana concentran la mayor cantidad de infracciones graves, especialmente por alcoholemia o por conducir sin habilitación.

Indicó que, además de las sanciones, existe un proceso formal en el juzgado de faltas que incluye el derecho al descargo y la posible retención del vehículo o la licencia, según lo establece la Ley Nacional de Tránsito.

“En cuanto a la gravedad de las infracciones, la alcoholemia está en primer lugar. También en cantidad”, precisó.

“Hay muchas leves, relacionadas a estacionamiento”, agregó.

Sobre las herramientas para reducir los siniestros viales, Fernández consideró fundamental el rol del Estado en la promoción de campañas de concientización, la presencia en la vía pública y la educación vial desde edades tempranas.

“La prevención pasa por publicidades, educación en las escuelas, más presencia en la calle. Me parece fundamental trabajar con los chicos, que son los futuros conductores”, sostuvo.
Respecto a la reciente propuesta legislativa para bajar la edad mínima para conducir a 16 años, impulsada por el senador santacruceño José María Carambia, Fernández se mostró cauto: “Hoy el límite está en 18 años y me parece que está bien. Bajar la edad sería aumentar la exposición a riesgos, y el proceso de maduración no es el mismo en todos los casos”, afirmó.

Finalmente, se refirió a la posible disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el marco del ajuste que viene realizando el Gobierno Nacional. Si bien evitó una postura tajante, sugirió que sería oportuno evaluar su efectividad: “Habría que reflexionar sobre cuál fue la función y qué resultados concretos ha tenido desde su creación en 2007”.

Fernández concluyó deseando que en algún momento su carga laboral disminuya, “porque eso querría decir que hay menos infracciones y una mejor conducta vial”.

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