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Por Romina Behrens
F y J. se encontraron con su agresor en el pasillo de la universidad, salieron al patio con el miedo que les había crecido tras meses de hostigamiento y se fueron caminando a buscar un Uber. Como en una película de terror, J. le dijo a su novia: “Ya vuelvo”. Había olvidado sus apuntes en el SUM del sector F y en el trayecto se cruzó con P. Menos de cinco minutos bastaron para que lo atacara con el cuchillo que llevaba en el auto, listo para apuñalar.
Estudiantes y docentes no olvidan la sangre en el pasillo de la universidad, la que perdió J. mientras intentaba regresar al edificio hasta desplomarse debajo de la ventanilla de informática. Varios estudiantes lo vieron tirado en el pasillo, y otros vieron los rastros de sangre, después de que se lo llevara la ambulancia, mientras el campus era evacuado de manera caótica.
La mayoría nos enteramos del hecho cuando se publicó el primer posteo pero F. y J., ambos estudiantes de la Universidad, anticiparon lo inimaginable cuando pidieron ser escuchados en la unidad académica al recibir las primeras amenazas y agresiones de P., quién en menos de 48 horas salió en libertad. En cambio J. estuvo más de una semana hasta recuperarse. Los médicos dicen que tuvo suerte de vivir, tal vez por un centímetro aún sigue entre los vivos.
Los reclamos de justicia y pedidos de esclarecimiento no demoraron en llegar. Los testimonios en asambleas y manifestaciones demuestran que no son casos aislados, Valeria recordó que en 2022 fue víctima de abuso sexual por parte de otro estudiante en ese mismo campus. “No se puede hacer nada” fue la respuesta que recibió, “no tenemos herramientas”, le contestaron.
Hace menos de un año conocí a Gabriela, cansada de esperar una respuesta que la pusiera al resguardo de su acosador, otro estudiante de la unidad académica. Las miradas de sus compañeros y el sarcasmo de quien goza de impunidad la empujaron a abandonar sus estudios. Pero esto viene de más atrás. Melina, una estudiante de primer año se encontró con su profesor 20 años más grande que ella una noche en noviembre de 2019. En medio del tumulto, el docente la manoseo sin su consentimiento. Ella lo denunció y se activó el protocolo. La dilación fue tal que sus opciones se redujeron a seguir cursando la carrera con su profesor o abandonar. Nunca hubo sanciones y Melina no volvió al campus.
Los y las lectores recordarán el caso de R.S., un corruptor de menores que, bajo salidas transitorias, cursaba materias de primer año en un profesorado en 2018. Le quedaban tres años para ser liberado. Todavía siento en el cuerpo las decenas de conversaciones con mujeres jóvenes, angustiadas, tomando medicación, con ataques de pánico. Poco se hizo hasta que en un Consejo Superior se perfeccionó la ordenanza que regulaba la educación en contextos de encierro. El caso tuvo tanta repercusión mediática que se sumaron más denuncias contra R.S. y por eso aún sigue detenido.
En esa época, mientras en la Comisión de Género recibíamos una decena de denuncias, me vi envuelta en una situación de violencia institucional y laboral. Al ser referente del área me sentí obligada a denunciar, aunque sabía que la situación no era directamente motivada por género, acudir a esta Comisión fue el recurso que me contuvo y desde dónde se derivó el caso. Lamentablemente, las autoridades aún no me notifican de ninguna acción.
Siempre digo que la pandemia me salvó de ese ambiente tan hostil, del que tuve que salir al menos tres veces con carpeta médica y con el deseo de tener alternativas laborales, porque no quería volver al campus. ¿Quién quiere estar en un lugar de maltrato, de acoso, de miradas pidiendo ayuda y de poderosos buscando excusas? Hoy la UNPA sale en los diarios por un estudiante apuñalado, víctima de la violencia pero también del abandono que nos hace sentir con convencimiento que volver al campus tiene que ser con el Protocolo en la mano y con la conciencia plena de quiénes son los que deben cuidar nuestra seguridad integral. No hay dudas que los primeros responsables de la aplicación de las normas son las autoridades pero también es una tarea de toda la comunidad universitaria conocer estas herramientas y hacer valer sus derechos.
*Licenciada en Comunicación Social, docente de la UNPA UARG y especialista en género y diversidades.
* Por razones de privacidad, los nombres fueron cambiados. Las experiencias aquí relatadas pertenecen a testimonios reales.
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