90 años de la Escuela de Cadetes de Policía de Santa Cruz: Crónica de antesala a un mandato fundacional

* Mg. Pablo D. Canobra[2]

Un día como hoy, 4 de junio, pero del año 1936, inició formalmente sus actividades académicas y de instrucción la Escuela de Policía de la actual Provincia de Santa Cruz, institución que durante la etapa territorial fue denominada Escuela de Policía “Coronel Ramón L. Falcón”.

Posteriormente, y tras diversas modificaciones institucionales, durante la gobernación de Jorge Cépernic se dispuso una nueva denominación para el establecimiento, pasando a llamarse Escuela de Policía “Comisario (R) Eduardo V. Taret”, nombre que conserva hasta la actualidad y que constituye un verdadero símbolo identitario de la formación policial santacruceña.

En sus primeros años, este instituto formativo recibía a jóvenes aspirantes que ingresaban como cadetes y egresaban, luego del ciclo de instrucción correspondiente, con la jerarquía de Oficial Subayudante. Actualmente, la formación profesional culmina con la obtención del grado de Oficial Ayudante y la de una tecnicatura superior orientada según las distintas especialidades de la función policial (actualmente se cuenta con un total de cinco orientaciones), dentro de una carrera que puede proyectarse hasta la máxima jerarquía institucional de Comisario General.

No obstante, antes de profundizar sobre la historia y evolución de la Escuela de Policía, resulta imprescindible remontarse al acontecimiento que, desde una perspectiva histórica e institucional, constituyó un punto de inflexión para la seguridad pública santacruceña de la época. Un hecho criminal de extraordinaria gravedad que, por su magnitud, repercusión social y complejidad investigativa, aceleró la necesidad de profesionalizar los procesos de formación policial, otorgando urgencia a la creación de un instituto especializado para la capacitación de futuros oficiales.

Se trata, sin lugar a dudas, del caso criminal más relevante registrado en la historia de Santa Cruz, tanto durante su etapa territorial como en el posterior período provincial. Un episodio que ocupó las portadas de diarios regionales, nacionales e incluso internacionales, generando conmoción social, temor colectivo y una profunda sensación de vulnerabilidad en la población.

Para comprender la dimensión criminológica de este acontecimiento debemos remontarnos a la tempestuosa noche del 21 de abril de 1935. Allí tuvo lugar el resonante asalto al antiguo Banco Anglo Sudamericano de Puerto Santa Cruz, hecho que derivó en un robo agravado seguido de homicidios calificados y que, con el paso del tiempo, terminaría reivindicando el nombre del actual instituto de formación policial de la provincia.

La historia institucional exige ser contada con rigor y objetividad. Ningún acontecimiento, por doloroso o traumático que resulte, debe ser ocultado, pues la memoria histórica constituye un elemento esencial para comprender los procesos de construcción de identidad.

El saldo inicial del hecho fue devastador: dos empleados de la entidad bancaria asesinados y lesiones gravísimas provocadas al gerente, Albert Lewis Mac Quibban, y a su esposa, Teresa Quijano. Desde una óptica victimológica, el caso expuso distintas categorías de víctimas directas e indirectas, generando además un profundo impacto emocional en la comunidad local.

A ello deben sumarse las consecuencias posteriores derivadas de la evasión del principal responsable. Durante ese proceso resultaron gravemente heridos varios efectivos policiales y perdió la vida el guardiacárcel Carlos Boiselier, abatido por un certero disparo efectuado a larga distancia.

Los primeros asesinados fueron Thomas Henderson y Donald Sutherland, tesorero y auxiliar de la entidad bancaria respectivamente, quienes aún descansan en sepulturas contiguas del cementerio de Puerto Santa Cruz, silenciosos testigos de una tragedia que marcó para siempre la historia policial de la región.

La irrupción criminal se produjo después de las 23:00 horas. Los autores ingresaron inicialmente al domicilio donde residían las dos víctimas, quienes custodiaban las llaves de acceso al banco y al tesoro institucional. Allí fueron asesinados brutalmente. Posteriormente, los delincuentes se dirigieron a la entidad bancaria, ubicada a escasas cuadras, donde atacaron violentamente al gerente y a su esposa para obtener acceso a los valores resguardados.

Las investigaciones posteriores determinaron que el botín sustraído ascendía aproximadamente a 225.000 pesos, una suma extraordinaria para la época y que constituía un importante factor criminógeno asociado al móvil económico del hecho.

Por entonces, la Jefatura de Policía del Territorio Nacional de Santa Cruz se encontraba a cargo del Comisario Eduardo Victoriano Taret.

El diario La Unión de Río Gallegos reflejaba la conmoción pública con grandes titulares en su edición del 22 de abril de 1935: “El vandálico asalto de anoche en Santa Cruz”, agregando que “el contador y el auxiliar del Banco murieron instantáneamente por los disparos realizados por los malvivientes”.

El temor y la incertidumbre se expandieron rápidamente por toda la región. La ausencia inicial de sospechosos, sumada a la violencia desplegada por los autores, generó un escenario de anomia social y preocupación colectiva que puso a prueba la capacidad investigativa de las autoridades territoriales.

Fue en ese contexto donde emergió la figura del Comisario Taret. Arribó a Puerto Santa Cruz a bordo de un avión de Aeroposta Argentina y asumió personalmente la dirección de la pesquisa criminal.

Durante los primeros meses, pese a la recopilación de testimonios, análisis de evidencias físicas y conductuales estas últimas presumiblemente delictuosas, reconstrucción de escenarios y numerosos interrogatorios, la investigación no arrojó resultados concluyentes. Sin embargo, lejos de abandonar las líneas de trabajo, Taret desarrolló una metodología basada en la observación sistemática del comportamiento comunitario y en la elaboración de un perfil inductivo de los posibles autores.

Convencido de que los responsables permanecían ocultos dentro del entramado social de la localidad, decidió permanecer allí durante casi tres meses. Su hipótesis investigativa se sustentaba en indicadores conductuales compatibles con la criminodinámica del hecho y con las características del modus operandi empleado.

La perseverancia terminó dando resultados.

El 6 de octubre de 1935, mientras se encontraba en Puerto San Julián, un vecino recién llegado de Buenos Aires le informó que había visto a Emilio Lajús realizando gastos ostentosos y adquiriendo bienes de elevado valor económico, entre ellos un automóvil Plymouth. Aquella información constituyó la primera pista sólida de la investigación.

A partir de entonces, Taret profundizó el análisis patrimonial y financiero del sospechoso. Los informes remitidos desde la Capital Federal confirmaron un crecimiento exponencial e injustificado de sus gastos y adquisiciones posteriores al robo.

La evidencia circunstancial comenzó a consolidar un perfil geográfico y conductual compatible con las hipótesis iniciales de la investigación.

Ordenada su detención y traslado a Río Gallegos, Lajús negó reiteradamente cualquier participación en los hechos. Sin embargo, durante los extensos interrogatorios, Taret logró identificar señales de estrés, ansiedad y contradicciones discursivas que fortalecían las sospechas.

Fue entonces cuando protagonizó una serie de maniobras investigativas de fuerte rigor, muy recordadas en la historia policial territorial y que en síntesis: dieron luz al esclarecimiento.

La conducta del detenido reveló allí una ruptura emocional compatible con un proceso de culpabilidad acumulada. Instantes después confesó ser el autor principal del hecho y aportó información relevante sobre la participación de un cómplice.

La confesión permitió esclarecer definitivamente el caso, establecer la criminogénesis del evento, reconstruir la secuencia delictiva y determinar los distintos niveles de participación criminal.

Emilio Lajús, nacido en 1907, fue identificado como el principal ejecutor de los homicidios y del millonario robo.

Tras la resolución judicial inicial, fue alojado en la cárcel de Río Gallegos. Sin embargo, la historia aún no había concluido.

El 13 de agosto de 1936, durante un recreo carcelario, Lajús logró apoderarse de la carabina de un guardiacárcel e inició una espectacular evasión junto a otro interno. Durante la fuga desplegó nuevamente una extrema violencia, profesionalismo en el tiro, reproduciendo patrones conductuales ya observados en el hecho original.

En el intercambio de disparos resultaron heridos varios efectivos y falleció el guardia penitenciario Carlos Boiselier, alcanzado por un disparo mortal efectuado a considerable distancia.

Finalmente, cuando la persecución se aproximaba a su desenlace y tras recibir un impacto de bala en una de sus piernas ya bastante cerca del antiguo Tiro Federal Patria  de Río Gallegos (donde aparentemente se dirigía y donde casualmente conocía de la existencia de armas y municiones disponibles), el evasor comprendió que la captura era inminente.

Frente a la imposibilidad de continuar la huida y acorralado por el cerco policial constituido también por los primeros cadetes del territorio, tomó la decisión de quitarse la vida utilizando el último proyectil que quedaba en el peine del máuser, la misma arma con la que intentaba sostener su fuga.

Con aquel disparo concluyó uno de los episodios criminales más resonantes de la historia santacruceña.

A más de nueve décadas de aquellos acontecimientos, el caso continúa siendo objeto de estudio para historiadores, criminólogos e investigadores policiales, no sólo por la magnitud de los hechos y la violencia desplegada, sino también por la extraordinaria labor investigativa desarrollada por el Comisario Eduardo V. Taret, cuya capacidad de observación, análisis conductual, intuición criminalística y perseverancia profesional permitieron resolver un caso que marcaría para siempre la historia institucional de la Policía de Santa Cruz y que, indirectamente, contribuiría a consolidar la necesidad de una formación policial moderna, profesional y especializada.

Su legado permanece vigente en cada promoción que egresa de la Escuela de Policía que hoy lleva su nombre.

[1] Agradezco al historiador nacido en Puerto Santa Cruz Antonio Perich, la gentileza de compartirme de buena fe y de forma desinteresada diversos documentos y valioso material histórico sobre este caso.

[2] Subsecretario de Formación, Capacitación y Programas de Seguridad, Ministerio de Seguridad, Magister en Geopolítica, Master Intl. en Psicología Criminal, Especialista en Criminología, Posgrado en Psicología Jurídica e Investigación Forense, Lic. En Ciencias Sociales y Humanidades, Lic. en Educación.