Huelgas Patagónicas: qué se sabe del juicio por el fusilamiento de 1.500 obreros

El 7 de junio de 2021, el Gobierno de la provincia de Santa Cruz se presentó como querellante ante la fiscalía del Juzgado Federal de Caleta Olivia solicitando se investiguen los sucesos ocurridos durante 1920 y 1921 conocidos como las Huelgas Patagónicas y que se declare delitos de lesa humanidad a los fusilamientos.

En julio de 2023, inició la ronda de testimonios que abrió Amalia Mercedes Carrizo, nieta del peón Alejo López, fusilado por el Ejército el 22 de diciembre de 1921.

La segunda ronda, que inició en septiembre de 2024, comenzó con Isabel Soto, hija de Antonio “Gallego” Soto, quien lideraba los reclamos en la zona sur de Santa Cruz y continuó con Marcelo Serafini, historiador regional, y el periodista Esteban Bayer, hijo del historiador Osvaldo Bayer.

Cada uno de los testimonios fue brindado ante el fiscal federal Dr. Lucas Colla del Juzgado Federal de Caleta Olivia, y la Dra. María José Román, única abogada que representa a la querella de familiares de las víctimas.

Cabe recordar que la querella de familiares está integrada por Amalia Mercedes Carrizo, nieta de Alejo López; Néstor y Pascual Daffinoti, nietos, y Lucila y Daniela Daffinoti, bisnietas de Albino Argüelles, y Séptimo Tomás Ruggiero, bisnieto de José Rogelio Ramírez.

Napalpí

Hace un año atrás, Román manifestaba a La Opinión Austral: “Estoy convencida de que estamos en condiciones con estos hechos que tenemos identificados de llegar a un juicio del estilo de Napalpí”.

Cabe recordar que en mayo de 2022, la Justicia Federal de Chaco consideró a la masacre ocurrida el 19 de julio de 1924 en Napalpí como un crimen de lesa humanidad, cometido en el marco de un genocidio de los pueblos originarios y ordenó una serie de medidas de reparación para las comunidades de los pueblos qom y moqoit.

El juicio por la verdad, ya que no había imputados con vida a quienes juzgar, ocurrió a casi 98 años del fusilamiento de alrededor de 400 personas que protestaban por las condiciones laborales y de vida a manos de policías, gendarmes y colonos.

A poco más de dos años del inicio de la investigación penal de los hechos de las Huelgas Patagónicas, aún falta que la Justicia Federal fije fecha para las testimoniales de, entre otros, Luis Ibarra Philemon de El Calafate, Marisa Mansilla de Puerto Deseado, Marita Molina de Puerto San Julián y Alicia García de Río Gallegos.

Además, a diferencia de 2023, en 2024, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y de Santa Cruz (NdR: a nivel provincial DDHH bajó al rango de subsecretaría) no se presentó y tampoco hubo rondas de testimonios.

Qué pasó con la querella de DDHH

El pasado 12 de diciembre en la 5° Sesión Extraordinaria, Daniel Álvarez, el jefe de gabinete de ministros, expuso ante la Cámara de Diputados de Santa Cruz el Segundo Informe de Gestión 2025, en cumplimiento de la ley 3718.

Entre las preguntas enviadas previamente por los legisladores habían tres especificas dirigidas a la Subsecretaria de Políticas de Promoción y Protección de DDHH.

• ¿Cuáles son las razones por las que se han abandonado las tres causas de lesa humanidad en las que la Provincia es parte querellante desistiendo de su impulso procesal e investigación?
• ¿Por qué se ha abandonado la investigación correspondiente a los crímenes de las Huelgas Patagónicas y la falta de impulso del caso de Héctor Irastorza, atendiendo a que uno de los genocidas ya ha fallecido esperando el juicio?
• ¿Cómo se encuentra la causa en la que Santa Cruz es querellante por el asesinato de los trabajadores rurales en 1921?

Al respecto, Álvarez respondió: “Corresponde informar que este organismo ha sostenido el seguimiento técnico y administrativo de los procesos judiciales en el marco del expediente administrativo donde constan las actuaciones realizadas. Los informes periódicos elevados y la fundamentación institucional que respalda la necesidad de garantizar la continuidad de estas causas”.

Durante su alocución, Álvarez aseguró que “las intervenciones se desarrollaron regularmente hasta el mes de octubre del corriente año, conforme los compromisos asumidos con anterioridad durante los últimos meses se presentaron dificultades vinculadas al contexto económico y financiero que atraviesa tanto la nación en su conjunto, incluida nuestra provincia, situación que incidió de manera transversal en la ejecución presupuestaria de diversas áreas, en dicho marco algunos recursos debieron ser reorientados a la atención de situaciones de emergencia. Lo que produjo una ralentización en la tramitación de actos administrativos necesarios para efectivizar los pagos derivados del convenio de patrocinio letrado por lo que finalizado el plazo del convenio en el mes de octubre, el profesional interviniente notificó la necesidad de reevaluar la continuidad del proceso, priorizando la regularización de los actos mencionados”.

“Frente a ello, esta subsecretaría elevó informe detallado sobre el estado de avance de las tres causas en trámite ante la Justicia Federal destacando la relevancia institucional de asegurar su continuidad y proponiendo alternativas para garantizar la representación jurídica. Entre ellas, se solicitó la designación de un nuevo profesional con matricula provincial y federal, requisito indispensable para la continuación de los procesos. La solicitud encuentra fundamento además en la manifestación del fiscal de Estado quien indicó contar con un único abogado penalista para toda la provincia, resultando inviable asumir esta representación desde ese organismo“, agregó.

Concluyendo su respuesta, Álvarez indicó “esta subsecretaría reafirma su compromiso indeclinable con el acompañamiento institucional de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia, continua realizando las gestiones administrativas necesarias para garantizar la prosecución de las causas sin interrupciones conforme lo establece la normativa vigente y la responsabilidad estatal asumida en materia de Derechos Humanos”.

A 104 años de las Huelgas Patagónicas y a cuatro de la presentación del Gobierno de Santa Cruz como querellante, en aquél entonces con Alicia Kirchner -hoy senadora- como gobernadora, el tiempo sigue pasando, especialmente para las familias, nietos y nietas de los obreros fusilados que ya se encuentran transitando sus últimas años de vida y que quizás no alcancen a celebrar la realización de un Juicio por la Verdad.