Seis condenados por tráfico, lavado y contrabando en la causa “Alianza Austral” del lado chileno

La investigación que expuso durante años el funcionamiento de una estructura criminal asentada entre Chile y Argentina dio un nuevo paso judicial del otro lado de la Cordillera de los Andes, mientras en Argentina recién se ha reactivado tras idas y vueltas.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de medios trasandinos, se pudo saber que el Juzgado de Garantía de Puerto Natales dictó las primeras condenas en la megacausa transnacional conocida como “Alianza Austral”, una trama que, según la fiscalía, combinaba tráfico de drogas, contrabando de cigarrillos, ingreso ilegal de armas de fuego, traslado de neumáticos y lavado de activos, con una logística que aprovechaba pasos fronterizos no habilitados entre la Región de Magallanes y la provincia de Santa Cruz.

La resolución alcanza, por ahora, a seis de los 17 acusados formalmente imputados en esta etapa del expediente del lado chileno. Los restantes podrían enfrentar un juicio oral, aunque la definición final todavía depende de las próximas audiencias. En paralelo, del lado argentino, la causa también mostró movimientos relevantes y volvió a poner bajo la lupa a varios nombres vinculados al contrabando transfronterizo.

La investigación no nació de un hecho aislado. De acuerdo con los antecedentes reunidos por el Ministerio Público chileno y la Policía de Investigaciones, la banda operaba desde al menos 2019 con una estructura estable, funciones distribuidas y una conexión directa con colaboradores argentinos. El objetivo era claro: internar mercancías ilegales, moverlas por territorio patagónico, acopiarlas, distribuirlas y, en el medio, blanquear las ganancias obtenidas.

Según la acusación fiscal, “a lo menos, desde el año 2019, varios imputados operaban como miembros de una agrupación dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero, como al contrabando de especies, manteniendo relación directa con una agrupación de ciudadanos argentinos”. Esa frase, incorporada al expediente, resume el núcleo de una causa que llevó años de seguimiento, escuchas telefónicas, cruces de información y trabajo coordinado entre ambos países.

El caso comenzó a tomar volumen en agosto de 2023, cuando, tal como lo informó La Opinión Austral, en su momento, del lado chileno 25 personas fueron detenidas en operativos desarrollados en Chile y también en Argentina. Desde ese momento, la investigación fue reconstruyendo cómo se movía la organización. No se trataba solo de pasar cigarrillos, sino de una operatoria mucho más amplia, con rutas clandestinas, puntos de acopio, vehículos de apoyo y domicilios que funcionaban como centros de distribución.

El contrabando

Uno de los elementos más sensibles del expediente fue la detección de ingresos de droga ilícita, especialmente marihuana, que luego era transportada y distribuida dentro de la red. A eso se sumó el contrabando de armas de fuego y municiones, además del ingreso irregular de cigarrillos desde Argentina hacia Chile y, en otro sentido, el traslado de neumáticos desde Chile hacia territorio argentino, aprovechando la diferencia de precios y la facilidad para evadir controles formales.

La fiscalía chilena detalló que las operaciones se realizaban por “pasos fronterizos no habilitados”, principalmente por el sector de Villa Dorotea, entre los hitos XI y XII, en la Provincia de Última Esperanza. Pero no fue el único punto. La misma indagatoria policial confirmó la utilización de otro cruce clandestino ubicado entre los hitos XVIII y XIX, sector Dos Lagunas, también en Última Esperanza, lindero con Río Turbio, de este lado de la precordillera.

El mecanismo era rudimentario en apariencia, pero eficiente en la práctica. La acusación describe que los cargamentos pasaban de un lado a otro de la frontera por terrenos privados y caminos informales, con apoyo de personas que facilitaban sus predios, sus domicilios o sus vehículos para sostener el circuito. Uno de los nombres más relevantes en ese esquema fue el de Guillermo Pérez Caro, a quien se le atribuye haber puesto a disposición sus terrenos fronterizos en Villa Dorotea para el paso de cargamentos de cigarrillos y otras mercaderías.

Las escuchas telefónicas también jugaron un papel decisivo. Una de ellas, fechada el 10 de febrero de 2022, reveló contactos para la recepción de un cargamento de 11 mil cartones de cigarrillos. Otras conversaciones permitieron reconstruir cómo funcionaban el acopio, la distribución y el reparto de tareas entre los integrantes del grupo. En esa lógica, algunos se ocupaban de mover la mercadería, otros prestaban inmuebles y otros recibían o entregaban los productos en puntos previamente acordados.

El expediente también menciona un episodio de enero de 2023, cuando la policía detectó a dos ciudadanos chilenos y un argentino coordinando el envío de un cargamento importante de cajas de cigarrillos que ingresaron por un paso no habilitado y luego fueron trasladadas a Punta Arenas. Para la fiscalía, esa operatoria explica en parte la oferta de cigarrillos de origen argentino que por entonces se veía en ferias y comercios de barrio en ciudades del sur chileno.

Otro dato clave surgió el 8 de enero de 2023, cuando un camión argentino trasladó 9 mil cajetillas de cigarrillos y las dejó en un punto de trasbordo para ser traspasadas a vehículos más pequeños, que finalmente las internaron en Punta Arenas. Más tarde, el 23 de agosto de ese mismo año, la Policía de Investigaciones realizó allanamientos autorizados judicialmente e incautó mercadería de contrabando; en uno de los procedimientos sorprendieron a una persona con 1.200 cajetillas de cigarrillos argentinos.

Pero la causa no se agotó en el contrabando de tabaco. También quedó expuesto el traslado de neumáticos, muy buscados en este lado de la frontera por su valor comercial. La fiscalía determinó que ciudadanos chilenos, coordinados con argentinos, enviaban cantidades importantes de neumáticos de manera clandestina hacia territorio argentino, utilizando el mismo corredor de Villa Dorotea y otros pasos sin habilitación oficial.

Lavado de activos

La pata económica de la organización aparece, además, en la investigación por lavado de activos. Según la fiscalía, el origen del dinero se vincula al contrabando de drogas y armas desde 2019, y a la reinversión de esas ganancias en bienes e inversiones. En otras palabras: no solo se movía mercadería ilegal, también se intentaba transformar el rédito del delito en patrimonio aparentemente legítimo.

En este tramo del proceso, la jueza de Puerto Natales, Marianela Chacur Benítez, condenó mediante procedimiento abreviado a seis de los 17 acusados. Entre ellos figura Nelson Marín Gómez, quien recibió dos penas que en conjunto suman seis años de cárcel efectiva: una de 3 años y un día como autor de contrabando de mercancías sujetas a tributación especial o adicional, en concurso con receptación de mercaderías de la Ordenanza Aduanera, y otra de 3 años y un día por lavado de activos. La sentencia tuvo en cuenta, además, los 928 días que ya llevaba privado de libertad.

También fueron condenadas Emiliana Cárdenas Olavarría, con dos años por contrabando y otros dos por lavado de activos, bajo el beneficio de la libertad vigilada intensiva; Katiuscia Pérez Aguilar, con 541 días de presidio por contrabando y 541 días por lavado de activos, con remisión condicional; Víctor Triviño Córdoba, con 541 días de presidio por contrabando y remisión condicional; e Ingrid Bayer Oyarzo y Juan Ruiz Díaz, en su caso con 541 días por contrabando y 541 días por lavado de activos, también con remisión condicional y abonos por el tiempo de detención.

Dos de las condenadas, Emiliana Cárdenas y Katiuscia Pérez, aún tienen recursos pendientes. El resto de la causa sigue su curso y podría derivar en juicio oral para los acusados que no aceptaron el procedimiento abreviado. Entre ellos aparecen Guillermo Pérez Caro, María Gómez Letelier, Agustín Cárdenas Olavarría, César Barría Alvarado, Ingrid Talmar Oyarzo, Yonathan Ojeda Barría, Priscila Vidal Cárdenas, Angélica Soto Vera, Manuel Rival Barrientos, Jorge Puratich Gómez y Priscilla Vidal Cárdenas.

¿Y en Argentina?

Del lado argentino, la causa también tuvo derivaciones relevantes. Tras idas y vueltas que habían dado la impresión de un posible freno, el expediente se reactivó y volvió a tomar impulso. Según la información judicial difundida, Marcelo Horacio Gasparini fue procesado como coautor de contrabando agravado y autor de encubrimiento de contrabando agravado, cohecho activo y estafa procesal en grado de tentativa. Fernando Gabriel Gasparini enfrenta cargos como coautor de contrabando agravado y autor de encubrimiento de contrabando.

Pablo José Toledo fue procesado por contrabando de divisas en grado de tentativa, encubrimiento de contrabando y como coautor de encubrimiento de robo y uso de documento público falso. Camila Fernanda Toledo también quedó procesada por la coautoría de encubrimiento de robo y uso de documento público falso. A su vez, Pascual Cristino Fuentes y Pedro Adolfo Toledo Oyarzun fueron procesados como autores de encubrimiento de contrabando. Daniel Alberto Condori enfrentó cargos por encubrimiento de contrabando y estafa procesal en grado de tentativa.

La causa también alcanzó a funcionarios públicos. Emilio Oscar Muñoz fue procesado por cohecho pasivo y Francisco Gabriel Blanco Fuentes por tráfico de influencias. En tanto, Mauricio Exequiel Bugliotti fue procesado como coautor de contrabando agravado. Ese tramo del expediente aporta una dimensión adicional: la presunta existencia de vínculos que excedían el simple traslado de mercadería y apuntaban a facilitar, proteger o encubrir el circuito delictivo.