Diputados aprobó la Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad con amplia mayoría

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, después de cuatro horas de debate y negociaciones entre los principales bloques. El resultado fue de 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones, una mayoría que permitió dar media sanción a una iniciativa que continuará su recorrido legislativo en el Senado.

El acuerdo reunió a La Libertad Avanza, Unión por la Patria y distintos bloques dialoguistas. Entre los sectores que no acompañaron el texto estuvieron representantes del Frente de Izquierda y las diputadas cordobesas Natalia de la Sota y Gabriela Estévez, de Provincias Unidas.

Los mayoría de los diputados de la provincia de Santa Cruz, José Luis Garrido, de Por Santa Cruz; Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza; Moira Lanesan Sancho y Juan Carlos Molina, ambos de Unión por la Patria, votó afirmativamente. La diputada Ana María Ianni, también de Unión por la Patria, estuvo ausente al momento de la votación.

La discusión estuvo atravesada por una definición política central: avanzar con un régimen permanente de protección para las personas con discapacidad o insistir con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia vence a fin de año.

Ante la falta de votos para extender la emergencia, Unión por la Patria resolvió participar de las negociaciones para introducir cambios en el dictamen oficialista. El resultado fue un texto que mantiene buena parte de las prestaciones y garantías de la Ley 27.793, pero elimina el carácter transitorio de las medidas y busca establecer reglas de aplicación permanente.

Qué cambia con el proyecto aprobado

Uno de los puntos centrales es la compatibilidad entre la Pensión No Contributiva por Discapacidad y el empleo formal, siempre que los ingresos de la persona beneficiaria no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. La iniciativa también contempla la posibilidad de compatibilizar la pensión con otras prestaciones sociales, entre ellas la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

El texto establece, además, una pensión inembargable para las personas mayores de 70 años que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y no estén comprendidas en un régimen previsional. El beneficio tendrá un valor equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo.

Otro aspecto relevante es la continuidad de la cobertura médica del programa federal Incluir Salud, o de la denominación que adopte en el futuro. El proyecto incorpora previsiones presupuestarias para sostener las prestaciones y establece que el financiamiento del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, al correspondiente al ejercicio fiscal anterior.

La iniciativa también mantiene el principio de un nomenclador único de prestaciones básicas y contempla la actualización periódica de los aranceles mediante el índice de movilidad jubilatoria, vinculado con la evolución de los precios. Este punto resulta central para los centros de día, talleres protegidos y otros prestadores que reclaman una actualización de los valores que reciben.

Auditorías, derecho de defensa y revisión de las pensiones

El proyecto incorpora un sistema de auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder y conservar las pensiones por discapacidad e invalidez laboral. Para realizar los controles, se prevé el cruce de información de organismos como ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER.

Sin embargo, a partir de los cambios negociados durante el debate, las eventuales suspensiones de beneficios deberán respetar garantías para las personas alcanzadas. La autoridad deberá realizar una notificación fehaciente y otorgar un plazo de 60 días para presentar un descargo, antes de la revisión correspondiente.

La modificación busca evitar que se repitan suspensiones masivas sin una instancia suficiente para que los beneficiarios puedan defender su situación. Durante el debate, el diputado Juan Marino recordó que en anteriores procedimientos se habían suspendido más de 100.000 prestaciones y sostuvo que las nuevas garantías responden a uno de los principales reclamos de las organizaciones del sector.

El Ministerio de Salud deberá, además, publicar información estadística sobre las partidas asignadas y su ejecución presupuestaria, los aranceles vigentes de las prestaciones básicas y la cantidad de beneficiarios y montos correspondientes a las pensiones por invalidez laboral y discapacidad.

La iniciativa también prevé capacitaciones para el personal que interviene en la atención de personas con discapacidad. El objetivo es promover prácticas no discriminatorias, accesibles y respetuosas de la autonomía de quienes utilizan los servicios públicos.

Cómo se pagarán las deudas a los prestadores

A pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria para establecer un cronograma de regularización de las deudas con los prestadores del sistema.

El Poder Ejecutivo deberá informar ese esquema dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley. A su vez, la cancelación de las obligaciones pendientes no podrá exceder los 90 días desde la entrada en vigencia de la norma.

La inclusión de ese plazo respondió a los reclamos de instituciones y organizaciones que advierten sobre las dificultades económicas provocadas por los atrasos en los pagos y la actualización insuficiente de los aranceles.

El proyecto también garantiza la continuidad de Incluir Salud y establece mecanismos para sostener el financiamiento de las prestaciones. Estos puntos fueron parte de las condiciones que permitieron ampliar el respaldo legislativo y sumar a sectores que mantenían diferencias con la propuesta inicial.

Oscar Herrera Ahuad, clave en el acuerdo entre los bloques

El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, del bloque Argentina Federal, tuvo un papel central en las negociaciones que permitieron modificar el dictamen y reunir los votos necesarios para su aprobación.

Durante el debate, explicó que su bancada mantenía diferencias de fondo con la propuesta, pero consideraba necesario incorporar precisiones y garantías para darle mayor previsibilidad al sistema.

“Desde nuestro bloque tuvimos profundas diferencias con este texto, pero entendimos el espíritu superador de la propuesta. Consideramos que faltaban muchas precisiones, certezas y definiciones. La palabra que necesitaba este debate era previsibilidad, además de atender algunos aspectos grises que contiene la ley de emergencia”, sostuvo.

Herrera Ahuad detalló una serie de modificaciones elaboradas a partir del trabajo con organizaciones y comunidades vinculadas a la discapacidad. Advirtió que su bloque no acompañaría el proyecto si esas propuestas no eran aceptadas.

Ante ese planteo, el diputado oficialista Gerardo Huesen anticipó que La Libertad Avanza aceptaría los cambios. La decisión abrió el camino para consolidar el acuerdo que luego recibió el respaldo de Unión por la Patria y de otros espacios parlamentarios.

Huesen defendió una ley permanente

Como miembro informante del dictamen de mayoría, el diputado tucumano de La Libertad Avanza Gerardo Huesen destacó el consenso alcanzado y agradeció a los bloques dialoguistas que participaron en la elaboración del proyecto.

“Hay algo que debemos decir con absoluta claridad: no podemos permitir que la discapacidad se convierta en una herramienta de utilización política. Las personas con discapacidad no son una bandera partidaria, una foto para las redes sociales ni un eslogan. Son ciudadanos argentinos con derechos, familias y necesidades concretas, y estamos trabajando para dar respuestas a esas demandas”, afirmó.

El legislador sostuvo que el sistema arrastraba problemas estructurales y defendió la necesidad de establecer reglas permanentes en lugar de recurrir a prórrogas de emergencia.

“Este dictamen incorpora algo que durante mucho tiempo estuvo ausente: previsibilidad. Y eso también es libertad”, expresó.

En la misma línea, la diputada oficialista Giselle Catelnuovo consideró que el debate ofrecía una oportunidad para construir una política de Estado que no debiera revisarse cada diciembre. Señaló que la discusión debía permitir reconocer las deudas acumuladas y sostener los derechos de las personas con discapacidad mediante una normativa de largo plazo.

Marino destacó la lucha de las organizaciones

El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, sostuvo que el avance legislativo fue resultado de la movilización de las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que reclaman el cumplimiento efectivo de sus derechos.

“Si hoy estamos teniendo este debate es gracias a la enorme y extraordinaria lucha del colectivo de personas con discapacidad de todo el país”, afirmó.

Marino explicó que su bloque había evaluado inicialmente impulsar una prórroga de la emergencia, pero que las conversaciones con las organizaciones modificaron esa estrategia cuando comprobaron que no contaban con los votos suficientes.

“Conversamos con las organizaciones y vimos que el dictamen tenía muchas limitaciones, pero ellas nos pidieron que participáramos de la discusión para incorporar sus principales preocupaciones y evitar cualquier retroceso en materia de derechos”, relató.

El legislador valoró especialmente las modificaciones sobre las suspensiones de pensiones, la compatibilidad con el empleo y la continuidad de las prestaciones. También cuestionó las previsiones del proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo, al advertir sobre disposiciones que, según planteó, podían afectar el nomenclador y la cobertura de salud.

Marino señaló que la aprobación de una nueva ley no resolverá por sí sola la situación del sector y reclamó que el Gobierno cumpla las obligaciones vigentes y garantice los recursos necesarios para sostener las prestaciones.

Tolosa Paz: “El dictamen inicial de mayoría estaba incompleto”

La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz destacó el trabajo de las organizaciones y de los legisladores que participaron de las negociaciones. También reconoció el papel de Herrera Ahuad en la construcción del acuerdo.

“Modificamos a partir de la escucha activa respecto a la compatibilidad de la pensión con la AUH y garantizamos la norma presupuestaria garantizándolas en esta ley para evitar que llegue enero y el presidente no se haga el distraído quitando el crédito de esta ley”, sostuvo.

Tolosa Paz remarcó que las modificaciones buscaban impedir que las suspensiones de prestaciones se realizaran sin notificación y sin una oportunidad efectiva de defensa.

“No pueden volver a cometer el error de quitar 100.000 pensiones de un plumazo y es por eso que establecemos en el proyecto la notificación fehaciente de la incompatibilidad, con el derecho a 60 días de descargo por parte del beneficiario y la revisión del Ejecutivo”, afirmó.

Y concluyó: “Bajar una pensión es un hecho administrativo, pero para la persona con discapacidad es una cuestión de vida o muerte”.

La legisladora sostuvo que el acuerdo permitió corregir aspectos del dictamen inicial y sumar garantías que las organizaciones consideraban fundamentales. No obstante, advirtió que el resultado deberá traducirse en partidas presupuestarias suficientes y en la aplicación efectiva de los derechos reconocidos.

Las críticas de la izquierda y de Natalia de la Sota

Pese al amplio respaldo, el proyecto también recibió cuestionamientos. La diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá anticipó el rechazo de su espacio y cuestionó el acuerdo entre el oficialismo y los bloques opositores.

“Nosotros no vamos a acompañar este dictamen que han negociado porque no creemos en esta concordia y en esta concertación”, afirmó.

Del Plá expresó dudas sobre el cumplimiento de la norma por parte del Gobierno y sostuvo que la aprobación de un nuevo marco legal no garantiza, por sí sola, que se respeten los derechos ni que se asignen los recursos necesarios.

Por su parte, Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, pidió que el proyecto regresara a comisiones para ampliar la participación de las organizaciones. La diputada cuestionó la falta de garantías presupuestarias y sostuvo que las entidades de su provincia habían solicitado prorrogar la emergencia.

Su postura contrastó con la de otros sectores opositores que decidieron respaldar el texto tras la incorporación de cambios. En ese grupo, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, valoró el trabajo de negociación, aunque reclamó que el Senado aprobara la iniciativa sin demoras ni especulaciones.

“Yo voy a acompañar el dictamen con las modificaciones por el excelente trabajo que hizo el diputado Herrera Ahuad, y todo lo que pudieron aportar las diversas organizaciones y familias de personas con discapacidad. Pero desde lo personal no les creo nada”, sostuvo Ferraro en referencia al Gobierno.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, también defendió el acuerdo y recordó que buena parte de las disposiciones de la Ley de Emergencia quedaron incorporadas al nuevo texto. Aun así, advirtió que el resultado legislativo deberá sostenerse durante el tratamiento presupuestario.

Qué falta para que la ley entre en vigencia

Con la media sanción de Diputados, el proyecto será girado al Senado, donde deberá obtener aprobación para convertirse en ley. Hasta entonces, la iniciativa no completa su trámite legislativo.

La discusión continuará centrada en la implementación de las garantías, el financiamiento del sistema y el cumplimiento de los compromisos asumidos con las personas con discapacidad y los prestadores.

La votación dejó un acuerdo amplio entre bloques que mantenían diferencias sobre cómo abordar la emergencia. El texto aprobado busca reemplazar un esquema transitorio por una normativa permanente, con reglas para las pensiones, la cobertura médica, las auditorías, la actualización de aranceles y el pago de deudas. Su alcance efectivo dependerá de la sanción definitiva, la reglamentación y la ejecución de los recursos previstos.