La Cámara de Diputados tratará hoy jueves desde las 11 horas en sesión especial el proyecto de Reforma Penal Juvenil impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el oficialismo busca consolidar su segunda victoria legislativa en el Congreso con una iniciativa que modifica de manera integral el régimen vigente desde la dictadura.

El plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda firmó el dictamen de mayoría con 78 adhesiones de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, MID y Provincias Unidas. El despacho quedó habilitado para su tratamiento en el recinto, donde el oficialismo confía en alcanzar la media sanción.

Qué establece la Reforma Penal Juvenil que debate Diputados

El proyecto fija en 14 años la edad mínima de imputabilidad para delitos graves como homicidio, abuso sexual, secuestro o robos violentos. La iniciativa establece un tope de 15 años de prisión y elimina la posibilidad de reclusión perpetua para menores.

La norma prioriza sanciones alternativas para delitos con penas menores a tres años y también para aquellos con penas de hasta diez años cuando no existe resultado de muerte o lesiones graves. Entre las medidas previstas figuran servicios comunitarios, prohibición de acercamiento a la víctima, monitoreo electrónico y reparación integral del daño.

El texto prohíbe alojar a menores junto a adultos y dispone la creación de centros especializados con equipos multidisciplinarios. Además, incorpora una asignación presupuestaria superior a los 23 mil millones de pesos para garantizar su implementación: más de 20 mil millones para la Defensoría General de la Nación y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia.

El oficialismo defendió la baja de edad de imputabilidad

Durante el debate en comisión, el diputado libertario Manuel Quintar afirmó que el Congreso realizó un “arduo trabajo” con la participación de expositores de distintos sectores y sostuvo que el proyecto responde a un reclamo social.

En la misma línea, Silvana Giudici defendió el dictamen y aseguró que la iniciativa adecua el sistema penal juvenil a estándares internacionales. Citó casos de países como Chile y Colombia, donde la edad de imputabilidad se ubica en 14 años, y señaló que en Chile la reincidencia juvenil bajó un 28%.

El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, sostuvo que el Congreso enfrenta una deuda pendiente desde 1983 y afirmó que a los 14 años un adolescente comprende la ilegalidad de sus actos. Desde la UCR, Diógenes González respaldó el proyecto y lo consideró “la herramienta adecuada para este momento”.

Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el proyecto

Unión por la Patria presentó un dictamen propio y cuestionó el enfoque del Ejecutivo. Victoria Tolosa Paz advirtió que la mayoría de los especialistas que expusieron en comisión rechazaron la propuesta oficial y criticó la consigna “igual delito, igual pena”, al sostener que desconoce el principio del interés superior del niño.

La legisladora bonaerense afirmó que el proyecto resulta inconstitucional y advirtió que el Estado no puede abordar el problema con una lógica punitiva sin fortalecer dispositivos de justicia restaurativa y reinserción.

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El diputado Juan Carlos Molina (UP), por Santa Cruz, calificó el proyecto de “caranchero, oportunista”, y acusó al oficialismo de usar el caso de Jeremías Monzón para “hacernos subir a una discusión que merece una seria profundización. Los pibes también tienen que tener, por más delito que hayan cometido, algún derecho”, sostuvo y pidió pensar qué pasa en la sociedad para estar debatiendo este proyecto.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman también rechazó la baja de la edad de imputabilidad y cuestionó los datos citados por el oficialismo. Sostuvo que la incidencia de adolescentes en el delito resulta minoritaria y denunció que la reforma ampliará el poder punitivo del Estado.

En tanto, el Frente Renovador presentó una iniciativa propia que también fija la edad en 14 años, en línea con antecedentes legislativos de 2015, aunque marcó diferencias con el texto del Ejecutivo.

Por su parte, el diputado libertario Jairo Guzmán dijo a Radio LU12 AM680 que “mientras un menor tenga conciencia del delito que comete, tiene que ser penado con la misma fuerza que un adulto” y consideró que la falta de definiciones en el pasado agravó la situación actual. “Por no animarnos a dar estos debates, hoy tenemos una ola de violencia protagonizada por menores que necesita una respuesta urgente”, dijo.

Frente a las posturas que priorizan la contención social por sobre la judicialización, Guzmán fue tajante. “Avancemos con la ley, condenemos a los menores y, una vez condenados, que quien quiera hacerse cargo lo haga. Pero el Estado no puede hacerse cargo de todo mientras hay familias destrozadas por la violencia”, expresó.

Un debate con impacto político tras la reforma laboral

La discusión sobre el Régimen Penal Juvenil se da apenas horas después de que el Senado aprobara la reforma laboral impulsada por el Gobierno. En ese contexto, el oficialismo busca consolidar respaldo parlamentario y mostrar capacidad de articulación con bloques dialoguistas.

Si Diputados otorga la media sanción, el proyecto avanzará al Senado para completar el trámite legislativo. El resultado de la votación marcará un nuevo capítulo en la agenda de reformas estructurales que impulsa la Casa Rosada y definirá el alcance de uno de los debates más sensibles en materia de política criminal y derechos de la niñez en la Argentina.

EN ESTA NOTA Reforma Penal Juvenil

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