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El juez Martín Cormick concedió la apelación presentada por el Gobierno nacional contra el fallo que respaldó la Ley de Financiamiento Universitario. No obstante, dispuso que continúe la ejecución de la medida cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir con la normativa.
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar al planteo de las autoridades nacionales, por lo que ahora la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal deberá resolver si confirma o revoca la sentencia de primera instancia.
En paralelo, Cormick estableció que “se dará continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento de la cautelar vigente”. La medida ordena al Gobierno garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades, recomponer los salarios de docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles.
El Ministerio de Capital Humano había cuestionado la resolución judicial al considerar que genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” y compromete el equilibrio fiscal.
Entre los argumentos presentados, el Ejecutivo sostuvo que la aplicación de la ley “proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas”, debido a la falta de una “fuente de financiamiento específica y suficiente”.
Según el escrito, las autoridades estimaron que la implementación de la normativa requeriría reasignaciones presupuestarias que representarían el 90,30% “de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional”.
En ese sentido, el Gobierno planteó que la Ley 24.629 debe interpretarse “armónicamente” con las leyes 24.156 y 27.798, que regulan distintos aspectos de la autorización y ejecución del gasto público.
Estudiantes ingresaron al Palacio Pizzurno para reclamar por la Ley de Financiamiento Universitario
Un centenar de estudiantes de distintas universidades nacionales ingresó este miércoles por la tarde al Palacio Pizzurno, ubicado en Pizzurno 935, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación, para realizar una sentada y exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
La protesta se produjo después del fallo judicial que obligó al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo que había frenado su aplicación.
En videos que circularon en redes sociales se observó el ingreso de decenas de jóvenes al edificio, pese a la resistencia inicial de los agentes de la Policía Federal Argentina que se encontraban en el acceso. “Vamos a hacer una sentada pacífica”, fue una de las frases que se escuchó durante los primeros minutos de la protesta.
De la medida participaron principalmente estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aunque también estuvieron presentes representantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
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