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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió por unanimidad cerrar la causa que investigaba presuntas irregularidades en el acuerdo que la Argentina firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la presidencia de Mauricio Macri. Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky aceptaron el retiro de la apelación presentado por el fiscal general Raúl Omar Pleé y dejaron firme el archivo del expediente.
La investigación buscaba determinar si el expresidente y otros funcionarios de su administración habían cometido delitos en la negociación, aprobación y ejecución del préstamo acordado con el organismo internacional en 2018.
Entre los funcionarios investigados se encontraban el actual ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y Guido Sandleris, quien presidió el Banco Central durante esa gestión. También fueron señalados otros integrantes de la autoridad monetaria.
El cierre de la causa había sido dispuesto en febrero de 2026 por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien consideró que la negociación de la deuda correspondía a una decisión de política económica que no configuraba un delito penal. Esa resolución fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, pero el planteo no llegó a sostenerse ante Casación.
En su resolución, los camaristas respaldaron el criterio de que las decisiones de política económica que no presentan una hipótesis delictiva concreta quedan fuera del control penal de los tribunales.
El argumento del fiscal para retirar la apelación
El fiscal general Raúl Pleé decidió no mantener el recurso presentado por sus colegas de instancias anteriores, Franco Picardi y José Agüero Iturbe, quienes habían impulsado la continuidad de la investigación.
Pleé sostuvo que, tras revisar las actuaciones, no encontraba elementos suficientes para justificar la prosecución del expediente. En su dictamen afirmó que “no se ha infringido norma penal alguna, de modo que no corresponde continuar con el trámite de las actuaciones”.
En otro tramo de su argumentación, señaló que “no se ha podido fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta, de modo que lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado”.
La decisión del fiscal fue determinante para el resultado de la apelación. Al desistir de sostenerla, dejó sin respaldo el planteo que buscaba revertir el archivo dispuesto por Capuchetti.
La causa había atravesado distintas instancias judiciales desde su inicio. Tras el fallo de primera instancia, la Cámara Federal había confirmado el cierre del expediente. La intervención de Casación era la instancia posterior en la que debía analizarse el recurso fiscal.
Qué investigaba la causa por el acuerdo con el FMI
El expediente se centró en las condiciones en las que el gobierno de Macri contrajo la deuda con el organismo internacional y en el destino de las divisas que ingresaron al país.
El acuerdo Stand-By fue anunciado en 2018 por un monto inicial de 50.000 millones de dólares y posteriormente ampliado a 57.100 millones. La operación se convirtió en uno de los principales compromisos financieros de la Argentina con el FMI.
La investigación procuraba establecer si durante la negociación y ejecución del préstamo se habían cometido delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad o malversación de caudales públicos.
Uno de los ejes de la denuncia era que el endeudamiento se había concretado sin la intervención del Congreso Nacional, en presunto incumplimiento de las normas que regulan la administración financiera del Estado.
También se cuestionaron los procedimientos administrativos utilizados para formalizar la operación, los controles previos y las decisiones sobre el uso de los fondos recibidos.
Los planteos del fiscal que impulsó la investigación
Durante la etapa inicial, el fiscal Franco Picardi reunió documentación y distintos informes para sostener que el acuerdo presentaba irregularidades que debían ser examinadas en sede judicial.
Entre sus argumentos, planteó que el endeudamiento había sido contraído bajo condiciones que comprometían la capacidad de pago del país y que los funcionarios conocían los riesgos asociados a la operación.
Picardi también señaló presuntos incumplimientos de las normas que regulan la contratación de deuda pública. Según su planteo, no se habrían cumplido todos los procedimientos vinculados con la intervención de organismos técnicos, la aprobación formal de la operación y la participación de las autoridades correspondientes.
Otro aspecto de la investigación estuvo relacionado con el destino de las divisas. La fiscalía buscaba determinar si los fondos habían contribuido a profundizar la salida de capitales y si existieron beneficios económicos indebidos para particulares o grupos privados.
Estas hipótesis formaron parte de la acusación que buscaba mantener abierta la investigación. Sin embargo, no fueron consideradas suficientes para impedir el archivo definitivo del expediente, luego de que Pleé desistiera de sostener la apelación.
Los informes de los organismos de control
La investigación también incorporó documentos de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismos encargados de examinar distintos aspectos de la administración pública.
Los informes fueron utilizados por la fiscalía para respaldar sus cuestionamientos sobre la contratación y administración del préstamo. Entre los puntos analizados se encontraban los procedimientos administrativos, el cumplimiento de las normas aplicables y el impacto de las decisiones adoptadas.
De acuerdo con los antecedentes difundidos durante la investigación, un informe de la SIGEN estimó en al menos 29.618 millones de dólares el perjuicio para el Estado asociado a las irregularidades examinadas.
La evaluación de esos documentos formó parte de la controversia entre quienes reclamaban profundizar la investigación y quienes sostenían que las decisiones adoptadas correspondían al ámbito de la política económica.
Con el fallo de Casación, las hipótesis penales investigadas no tendrán continuidad dentro de este expediente.
Quiénes estaban alcanzados por la investigación
Además de Mauricio Macri y Luis Caputo, la causa comprendía a funcionarios que participaron en distintas etapas de la negociación y administración del acuerdo con el FMI.
Entre ellos figuraban Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda durante parte de la gestión de Cambiemos; Federico Sturzenegger, quien presidió el Banco Central antes de asumir otras funciones en el Gobierno; y Guido Sandleris, titular de la autoridad monetaria durante la implementación del acuerdo.
También se investigó a Gustavo Cañonero, Verónica Rappoport, Enrique Szewach y Mauro Alessandro, integrantes del Comité de Política Monetaria del Banco Central en aquellos años.
La pesquisa buscaba establecer las responsabilidades individuales de los funcionarios en relación con las decisiones administrativas y financieras que permitieron concretar el préstamo.
El archivo de la causa implica que la investigación penal no continuará respecto de los hechos analizados en ese expediente. No supone, por sí mismo, una evaluación sobre las consecuencias económicas generales del acuerdo ni elimina la posibilidad de examinar hechos nuevos o distintos por las vías que correspondan.
El rechazo al planteo de un particular
En la misma resolución, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la presentación de Antonio Conrado De Martino, un particular que había solicitado que la investigación continuara.
El hombre había cuestionado la actuación de los integrantes del tribunal y del fiscal Pleé, además de adherir al recurso presentado anteriormente por la fiscalía. Su intervención se produjo después de que el Estado retirara su participación como querellante y mientras se discutía el cierre de la causa.
Los camaristas consideraron que De Martino no tenía legitimación para intervenir como parte en el expediente, dado que no había sido reconocido como un perjudicado directo por los hechos investigados.
Por ese motivo, rechazaron su planteo y mantuvieron la decisión de cerrar la investigación.
Cómo comenzó la investigación judicial
La causa se inició a partir de denuncias vinculadas con el acuerdo Stand-By firmado por la Argentina con el FMI en 2018. Entre los denunciantes se encontraban los dirigentes Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes cuestionaron que el endeudamiento se hubiera instrumentado sin la intervención del Congreso Nacional.
En 2021, la Oficina Anticorrupción, durante la presidencia de Alberto Fernández, presentó otra denuncia sobre el mismo asunto. Las actuaciones fueron unificadas en el expediente que finalmente quedó archivado.
A lo largo de la investigación, la fiscalía reunió documentación relacionada con la negociación del préstamo, las decisiones administrativas y el destino de los fondos. Sin embargo, en febrero de 2026, la jueza Capuchetti dispuso el cierre del caso al considerar que no se había acreditado la existencia de delitos penales.
La decisión fue confirmada por la Cámara Federal y luego quedó firme con la resolución de Casación, que aceptó el retiro de la apelación del fiscal general.
De esta manera, quedó cerrado el expediente que examinaba las presuntas irregularidades en el préstamo del FMI contratado durante la gestión de Mauricio Macri, en el que también estaban involucrados Luis Caputo y otros exfuncionarios.
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